La nulidad no aplica cuando un mandatario extralimitándose en sus facultades vende un bien del mandante

Cuando un mandatario, extralimitándose en sus facultades vende un bien perteneciente al mandante, no aplica la nulidad del negocio, sino la inoponibilidad, algo muy distinto según la jurisprudencia de la corte suprema de justicia.

Sucede qué, en un contrato de mandato, el mandatario eventualmente puede vender un bien de propiedad del mandatario, sin la debida autorización de este. O un abogado al que se le ha concedido un poder, vende los bienes del poderante sin estar facultado para ello, naturalmente que en perjuicio del mandante o poderante.

Frente a un hecho de estos, hay que recurrir a una acción judicial para tratar de recuperar el bien vendido sin autorización, y no es la acción de nulidad la que se debe interponer, sino la inoponibilidad.

Al respecto, reiteradamente la sala civil de la corte suprema de justicia ha dicho:

En tal orden de ideas, resulta palmario que la falta de poder bastante para celebrar en nombre de otro una compraventa no es una eventualidad de las contempladas en el transcrito artículo 1741 del Código Civil como generador de nulidad absoluta (…)

Específicamente sobre el particular se hace necesario transcribir a espacio lo expresado por esta Corporación en fallo de 30 de noviembre de 1994, ocasión en la que reiteró que la "falta de poder en quien se dice ser mandatario de un tercero, no genera la nulidad del acto o contrato en el que intervenga aduciendo tal calidad, ni cualquier otro vicio cuyo estudio el juez deba, de oficio, abordar ab-initio, sino que da lugar a un fenómeno bien distinto como lo es el de la inoponibilidad del negocio frente al supuesto mandante, inoponibilidad que, entonces, debió ser alegada  acá por la afectada.  Dijo en efecto:

"‘...Hasta hoy se había tenido como doctrina jurídica en Colombia la solución de que la extralimitación de poderes del mandatario vicia los actos respectivos de nulidad relativa, saneables por ratificación expresa o tácita del mandante, o por la prescripción de 4 años, del artículo 1750 del Código Civil, que es el plazo para demandar la rescisión de los contratos heridos de nulidad relativa.

"‘... Pero esa doctrina debe ser rectificada porque se basa en una interpretación dislocada del artículo 2186 del mismo código, cuando habla de que los actos excesivos del mandatario se pueden cubrir por la ratificación.

(…)

"Tras desarrollar tal aserto, afirma la Corte que, ‘... El agente oficioso sólo obliga al interesado ante terceros cuando la gestión redunda en provecho de este, o ha sido ratificada. En los demás casos, tratase de actos inoponibles al dueño; es decir, de actos que en relación con él son ineficaces o inexistentes. En manera alguna nulos, como quiera que la nulidad, aún la radical, exige siquiera un principio de existencia del acto jurídico. Mal puede ser nulo lo que no ha nacido, lo que carece de vida, así sea aparente ante la ley. El acto jurídico que se ha creado sin mi consentimiento ni mi intervención, relativo a mis bienes, es para mi como si no existiera; no es un acto nulo de nulidad absoluta, sino un acto que nadie me puede oponer para que yo lo cumpla. Siendo para mi ese negocio concerniente a mi patrimonio res inter alios acta, no tengo necesidad de romper el vínculo jurídico que contra mi pretenda deducírseme, porque no habiendo vínculo por ausencia total de mi consentimiento, nada hay que romper.

"‘...Por esta razón el mandante no esta obligado a demandar la nulidad absoluta, mucho menos relativa de los negocios llevados a cabo por el mandatario fuera de las pautas del respectivo poder. Le basta no prestarles su consentimiento...' (G. J. XLVII. pag. 81 y ss.).

Esta precisión es relevante, puesto que un equivocado planteamiento de la demanda, puede impedir la recuperación de los bienes transferidos por un tercero no autorizado a ello, algo que con regularidad pasa en nuestro medio.

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