La restitucion judicial provisional del inmueble arrendado para vivienda urbana

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Uno de los avances excepcionalmente significativos en materia de restitución forzada del inmueble arrendado  implementado por la Ley 820 de 2003, y que previamente no había poder humano, jurídico o legal capaz de asumirlo, sopena de entrar oscuramente en terrenos del derecho penal,  es el que tiene que ver con el manejo de conductas críticas del arrendatario en relación con el abandono del inmueble arrendado; abandono que comprende tanto el mero irse sin hacer formal restitución al arrendador, y ampliado a la intervención física en la edificación,  la desatención de las labores de conservación del mismo, la destinación del mismo para actividades distintas de la vivienda, e incluso, por el no pago de los servicios públicos que provoquen la suspensión de estos, unas y otras comprometientes a nivel de mero riesgo de la seguridad física o integridad del inmueble,

De esta forma, ha determinado el Artículo 36 de la Ley 820 de 2003, que:

“…Cualquiera que fuere la causal de restitución invocada, el demandante podrá solicitar, que antes de la notificación del auto admisorio o en cualquier estado del proceso, se practique una diligencia de inspección judicial al inmueble, con el fin de verificar el estado en que se encuentra…”

“… Si durante la práctica de la diligencia se llegare a establecer que el bien se encuentra en estado de grave deterioro o que pudiere llegar a sufrirlo, desocupado o abandonado, el juez a solicitud del demandante, podrá ordenar, en la misma diligencia, la restitución provisional del bien, el cual se le entregará físicamente a un secuestre…”

“… El secuestre, previa autorización del juez podrá entregar el inmueble en depósito a la parte demandante, quien se abstendrá de arrendarlo hasta tanto no se encuentre en firme la sentencia que ordene la restitución del bien. La orden de restitución provisional no es apelable…”

La fuerza de esta medida radica en la singularidad de no poder comisionar, que es la norma general de los jueces –chutarle la diligencia a los de descongestión-, sino que al ser una Inspección Judicial formal con carácter de plena prueba, tendrá sin objeción alguna que practicarla a regañadientes.

Con todo, valga la salvedad que, entretanto se mantenga la vigencia de la restitución provisional, tanto los derechos, como las obligaciones reciprocas para arrendador y arrendatario derivadas del contrato de arrendamiento, quedan suspendidas hasta el momento en que esta decaiga por cualquier causa en el curso del proceso, o, se dicte sentencia definitiva en cualquier sentido.

 

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