Las decisiones judiciales se respetan señor presidente

La semana que terminó sorprendió una noticia que fue mediática en la que se informaba que la Corte constitucional ordenaba la suspensión de las operaciones de la represa del Quimbo, y  cuestionaban los medios que esta decisión se tomaba en pleno fenómeno del niño lo que comprometía el suministro de energía eléctrica en el país, pero lo que pasó de “agache” fueron las razones que llevaron a esa situación.

Y la situación que ocasionó esa decisión de la Corte constitucional fue que como en cualquier republiqueta gobernada por un dictador, el presidente profirió un decreto para suspender los efectos de una orden judicial. ¿Desde cuándo un decreto puede dejar sin efecto la decisión de un tribunal? Es un adefesio propio de un dictadorzuelo.

La construcción de la represa del Quimbo desde sus inicios ha estado rodeada de cuestionamientos y de reclamos por parte de la sociedad y de los organismos de control. Se acusa a Emgesa de no cumplir con las obligaciones ambientales, como el no retirar todo material forestal y de biomasa antes de iniciar operaciones para generar energía, y en efecto  no lo hizo y el tribunal administrativo del Huila encontró probado ese incumplimiento de la multinacional, razón por la  que ordenó suspender las operaciones de la represa, y fue cuando el presidente sacó del sombrero un decreto para dejar sin efecto tal decisión judicial y la consecuencia obvia de ello fue la reciente decisión de la Corte constitucional.

Cuando a Emgesa le notificaron la acción popular fallada por el tribunal administrativo del Huila para que detuviera toda operación, la respuesta del representante legal fue que no podía acatar esa orden judicial porque había un decreto firmado por el mismísimo presidente de la república que le ordenaba generar energía. Algo nunca visto en una Colombia democrática, nunca visto en un estado de derecho.

Cuando las autoridades ambientales le exigieron a Emgesa no iniciar operaciones hasta tanto cumpliera cabalmente con las obligaciones ambientales, esta respondió que tenía una obligación contractual de generar energía desde una determinada fecha y que así lo harían, lo que supone la decisión de esa multinacional de anteponer su interés económico ante cualquier obligación administrativa o judicial, respaldada nada más y nada menos que por el presidente de la república. Vaya padrino político que tiene esa empresa. Por suerte la Corte constitucional vino a salvar la dignidad de la justicia colombiana que había sido puesta por debajo de un simple y desmotivado decreto.

¿Será que en Colombia extender un cheque de muchos dólares entrega carta blanca al girador para poner un pie en la cuello de la justicia?

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