Las entidades privadas sin ánimo de lucro que contraten con el estado no deberán estar inscritas en el registro único de proponentes

El decreto 92 del 23 de enero de 2017 reglamenta la contratación de los entes del estado con las entidades privadas sin ánimo de lucro, señalando los parámetros que deben reunir los procesos de contratación, que se realicen con estas entidades las cuales deben tener las características de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo.

De igual forma estableció un proceso competitivo para escoger a la entidad, cuando más de una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad ofrezca la actividad de interés público para la cual se requiere contratar, garantizando así una escogencia objetiva.

Los parámetros que deben tener los procesos de contratación que se realicen con entidades privadas sin ánimo de lucro, son los siguientes, de conformidad con lo señalado en el artículo 2º del decreto mencionado anteriormente:

  1. “El objeto a contratar debe estar directamente relacionado a programas y actividades de interés publico previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo; dichos procesos deben tener cono finalidad promover los de personas en situación debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de minorías, el derecho a la educación, derecho a paz, manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y promoción de la diversidad étnica colombiana.
  2. Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor de la Entidad estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato; y
  3. Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades privadas sin ánimo de lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente la optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo”.

Un aspecto fundamental que trae esta reglamentación consiste, en que, las entidades sin ánimo de lucro  no tendrán que estar inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP) para celebrar contratos referentes al decreto con el estado; registro que si se exige como requisito para la contracción con el estado, a las demás entidades privadas que pretendan participar en un proceso de contracción.

No esta demás aclarar que este decreto empieza a regir a partir del 1 de junio de 2017, deroga el decreto 777 de 1992, el decreto 1403 de 1992 y el decreto 2459 de 1993; los contratos que se celebran con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto se regirán de acuerdo a las normas vigentes.

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Una opinión
  1. Manuel Urbina dice:

    Estimados Gerencie.com

    Con relación al decreto 92 de 2017 y en especial al artículo 5, y si lo interpreto correctamente, en los casos en los cuales una ESAL lo que tienen son convenios de asociación con una entidad estatal no se estaría obligado a inscribirse en el SECOP ya que no sería una contratación, que es el espíritu de la norma.

    Les agradezco una opinión al respecto.

    Muchas Gracias.

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