¿Le pueden negar al docente la pensión gracia por mala conducta?

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Recordemos que entre los requisitos que consagró la ley 114 de 1913 para el otorgamiento de la pensión gracia a los docentes del Magisterio está el de haber observado buena conducta, y que en el Decreto 2277 de 1979 se establecieron para los mismos obligaciones, prohibiciones y causales de mala conducta.

Pues bien, para responder la pregunta que sirve de título a esta columna vamos a apoyarnos el en siguiente caso extraído de la casuística judicial.

El señor Cesar Augusto Cáceres, presentó demanda con la finalidad de obtener la nulidad de las Resoluciones por medio de las cuales  la UGPP primero le negó y luego le confirmó la negativa al reconocimiento de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó que se le ordenara a la UGPP, reconocerle y pagarle la pensión gracia, incluyendo los factores salariales correspondientes, la indexación de las sumas de dinero que resultaran de la condena, y en subsidio de la indexación los intereses moratorios.

Como hechos de la demanda adujo los que a continuación resumimos:

  • Que nació en octubre de 1946, y prestó servicios como docente nacionalizado y municipal desde el 18 de octubre de 1977 hasta el año 2013.
  • Que por considerar que cumplía con los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la pensión gracia, el 7 de marzo de 2012 formuló solicitud en tal sentido a la UGPP, quien se la negó aduciendo que no tenía derecho a ella por haber incurrido en una de las causales de mala conducta que contempla el Decreto 2277 de 1979 en su artículo 46, y que uno de los requisitos previstos por el artículo 4º de la Ley 114 de 1913 para gozar de la pensión gracia es observar buena conducta.

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que el demandante no cumple con el requisito de buena conducta en el ejercicio de sus funciones, dado que fue destituido del cargo por abandono de más de 60 días.

El a quo denegó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas al demandante.

Para decidir en la forma en que lo hizo, el Tribunal tuvo en cuenta que el docente se encontraba vinculado a la Secretaría de Educación de Cundinamarca desde el 10 de abril de 1976 hasta el 6 de abril de 1978, periodo en el cual tuvo una interrupción de 60 días y como consecuencia de ello, fue retirado del servicio por abandono del cargo. Y que posteriormente fue nombrado como docente del municipio de Bucaramanga en el mes de marzo de 1994.

Sostuvo que de cara al artículo 4º de la Ley 114 de 1913, la conducta observada por el actor se encuadra en una de las causales de mala conducta e impide el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Precisó que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el abandono del cargo constituye un hecho de tal gravedad que afecta la prestación del servicio docente, pues expresó que en el caso en concreto, el educador abandonó intempestivamente sus deberes, y resulta reprochable pues generó efectos en la prestación del servicio educativo.

El demandante apeló la sentencia del a quo solicitando que se revocara y que en su lugar se acogieran las pretensiones. Argumentó en su favor que una conducta aislada e indeterminada no puede ser una causal de mala conducta, pues la norma exige que el interesado observe buena conducta, y tal expresión no hace referencia a una sola situación, sino al desarrollo de la carrera como docente, por ende un solo hecho no puede servir como parámetro de evaluación, pues el actuar del actor se produjo en protección de su vida e integridad personal pues su ausencia del cargo obedeció a desplazamiento forzado.

Finalmente, expresó que el Consejo de Estado ha señalado que la exigencia del artículo 4º de la Ley 114 de 1913 en relación con la pensión gracia, descarta una sola conducta aislada para que sea reprochable y se configure como causal de impedimento, y en su caso la ausencia fue para proteger su vida.

El Ministerio Público, rindió concepto en la causa y consideró que de acuerdo a las pruebas allegadas al expediente, el actor abandonó el cargo en dos ocasiones, o sea que el demandante incurrió en dos oportunidades en dicha conducta, lo cual implica que no fue aislada, sino reiterada en el ejercicio de su actividad docente y adicionalmente no probó el motivo de su conducta.

Al abordar el estudio del caso, el Consejo de Estado consideró que  el problema jurídico se circunscribía a  determinar la manera en que se estructura la mala conducta de un docente, a efecto de que pierda el derecho a la pensión gracia. Y expresó: “la Sala establecerá si el demandante cumple con el requisito de observar buena conducta para ser acreedor de la prestación que reclama, tal como lo asevera el apelante; o si por el contrario, por haber abandonado su cargo de educador, configuró la mala conducta, y por ende, no tiene derecho a ella, como lo concluyó el a quo en la sentencia de primera instancia.”

Puesta en ese propósito, la Corporación analizó y documentó prolijamente el concepto de buena conducta en la legislación, e hizo un recorrido por la jurisprudencia que ha elaborado ese Tribunal sobre la pérdida de la pensión gracia por cuenta de la mala conducta del docente, advirtiendo que ésta (la jurisprudencia) ha adoctrinado que “una sanción no puede generar la pérdida del derecho pensional, por sí misma, pues es necesario evaluar si a través de la prestación de sus servicios como educador la conducta negativa fue reiterada o si tuvo incidencia en el medio escolar. Un solo hecho, sin mayores repercusiones, no puede ser la medida para descalificar de plano el servicio que tuvo que prestar el docente, durante un tiempo no inferior a veinte años, para poder acceder a la pensión gracia”.

Y al encarar el caso puesto a su revisión como juez de segunda instancia,  concluyó que el demandante no había cumplido con el requisito de observar buena conducta, pues “incurrió en dos ocasiones en la misma causal de mala conducta, que fue el abandono del cargo, por lo que en virtud de las anteriores consideraciones, tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, y el Agente del Ministerio Público ante esta Corporación; la documentación obrante en la actuación es concluyente en que no cumplió el requisito de observar buena conducta, pues se trató de comportamientos reiterados y no aislados.”

Y en tal virtud, confirmó la sentencia apelada.

(Ver Sentencia del 31 de enero de 2018, Radicación: 68001-23-33-000-2014-00654-01, - No. Interno: 4649-2015 – C. P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez)

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