Leasing habitacional: Breve mirada a una curiosidad normativa

Recordando, el artículo 127-1 del E.T. contempla que “los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra, que se celebren a partir del 1o. de enero de 1996, se regirán para efectos contables y tributarios por las siguientes reglas: 

  1. Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, cuyo plazo sea igual o superior a 60 meses; de maquinaria, equipo, muebles y enseres, cuyo plazo sea igual o superior a 36 meses; de vehículos de uso productivo y de equipo de computación, cuyo plazo sea igual o superior a 24 meses; serán considerados como un arrendamiento operativo. Lo anterior significa, que el arrendatario registrará como un gasto deducible la totalidad del canon de arrendamiento causado, sin que deba registrar en su activo o su pasivo, suma alguna por concepto del bien objeto de arriendo. Cuando los inmuebles objeto de arrendamiento financiero incluyan terreno, la parte del contrato correspondiente al terreno se regirá por lo previsto en el siguiente numeral.

(…)”.  (Resaltado y subrayado por fuera del texto)

 

En ese orden, es debido traer a colación que el artículo 1 del decreto 779 de 2003 dispone que “de conformidad con lo establecido en el literal n) del numeral 1 del Artículo 7° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el leasing que tenga por objeto un bien inmueble destinado a vivienda será considerado para efectos tributarios como un leasing operativo para el locatario. En consecuencia, el locatario podrá deducir la parte correspondiente a los intereses y/o corrección monetaria o costo financiero que haya pagado durante el respectivo año, hasta el monto anual máximo consagrado en el Artículo 119 del Estatuto Tributario”. (Resaltado y subrayado por fuera del texto)

De una lectura simple de ambos referentes, sería de inferir que mientras el Estatuto precisa la alternativa de deducción de la totalidad del canon (opción propia del leasing operativo), el reglamento limita la deducción al monto de intereses y/o corrección monetaria o costo financiero; y así las cosas, bien podría colegirse un exceso del reglamento, en virtud del condicionamiento a la deducción dada por la ley.

Al respecto, se presentó demanda de nulidad en contra del citado artículo 1 del decreto 779 de 2003 por considerar, el demandante, que “según los considerandos del Decreto 779 de 2003 (norma demandada), ese decreto tuvo como fin reglamentar el numeral 1 del artículo 127-1 del E.T. Que, en consecuencia, el decreto debió precisar que son deducibles los cánones de arrendamiento, pero que, por el contrario, restringió el beneficio en el sentido de disponer que sólo es deducible el componente financiero del canon de arrendamiento, o que sólo se tomará ese valor para efectos de disminuir de la base salarial para efectos de la retención en la fuente”.

En Sentencia 16108 de noviembre de 2013 el Consejo de Estado, y previa revisión del cuerpo normativo y antecedentes de  la ley 795 de 2003 y del decreto reglamentario antes aludido,  clarificó que “los apartes demandados del artículo 1º del Decreto 779 de 2003 no prohíben aplicar el artículo 127-1 del E.T. Ese artículo se limita a reconocer el derecho del locatario a deducir “la parte correspondiente a los intereses y/o corrección monetaria o costo financiero que haya pagado durante el respectivo año, hasta el monto anual máximo consagrado en el Artículo 119 del Estatuto Tributario. 

Este derecho, conforme se precisó anteriormente, se complementa con los beneficios previstos en los artículos 2, 3 y 7 y, en conjunto cumplen el cometido de la Ley 795 de 2003, en los términos precisados por la Corte Constitucional, razón por la que no es pertinente que se declare la nulidad. 

De otra parte, si bien es cierto que una de las alternativas por las que habría podido optar el Gobierno Nacional al momento de reglamentar el artículo 1º de la Ley 795 de 2003 era la de considerar como deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta los cánones de arrendamiento que pagaran los locatarios; los beneficios que implementó el gobierno satisfacen el objetivo que se propuso el legislador al expedir la ley 795 de 2003, y al que lo conminó cumplir la Corte Constitucional, tal como se precisó anteriormente”.

Finalmente, aunque en apariencia se pudiese vislumbrar un exceso de la facultad reglamentaria del gobierno nacional, al limitar el beneficio de la deducción de los cánones (al monto del costo financiero) en el leasing habitacional; para el Consejo de Estado, ello no es así en observancia armónica del conjunto normativo y de las finalidades pretendidas por el legislador, en torno a dicha modalidad de arrendamiento financiero.

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