Liquidación o disolución de un sindicato por reducción de los afiliados

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Una de las causales para la disolución de un sindicado, es que el número de sus afiliados sea inferior a 25 trabajadores, como lo dispone el literal d del artículo 401 del código sustantivo del trabajo.

Sin embargo, el hecho de que el sindicato esté incurso en una causal de disolución no implica que pierda su capacidad jurídica, de suerte que el sindicado puede seguir operando legalmente, y sus actos tendrán los efectos legales que le son propios aun si son producidos en el estando incurso en una causal de disolución.

Es así porque el jurídicamente el sindicado existe hasta tanto no se haya disuelto, y una cosa es estar disuelto o liquidado, y otra es estar afectado por una causal de disolución.

Esto para decir que hasta tanto no exista una sentencia judicial que ordene la liquidación del sindicato, este seguirá existiendo con los efectos que ello conlleva.

Para ilustrar este tema transcribimos apartes de la sentencia 62867 del 6 de diciembre de 2017 proferida por  la sala laboral de la Corte suprema de justicia con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo:

«Ahora bien, para que desde un punto de vista constitucional y legal, una de sus partes, en específico el sindicato, deje de subsistir, no basta con que se encuentre incurso en una de las causales de disolución previstas en el artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que, además, se requiere de una sentencia judicial que ordene su disolución, conforme lo establece el artículo 4.º del Convenio 87 de la OIT, aprobado por la Ley 26 de 1976, y el artículo 39 de la Constitución Política, al señalar que «la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial».

Esto significa que hasta tanto no exista una providencia judicial ejecutoriada, la organización sindical conserva su personería jurídica y, por tanto, su capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y efectuar actos con trascendencia para el derecho.

Y si ello es así, la pauta que debe marcar la fecha en la que un sindicato deja de existir y, por ende, de tener vocación para ejercer sus funciones legales y estatutarias y representar los intereses y derechos de sus asociados, es la data de la sentencia judicial que define su personería, en tanto que solo con ella se concreta su realidad en el mundo del derecho y los efectos de haber estado incursa en causal de disolución. No otra interpretación, a juicio de la Sala, deriva del mandato categórico del artículo 39 de la Constitución Nacional.»

Así, es posible que un sindicato con 5 trabajadores tome decisiones y realice actos jurídicos que serán válidos hasta tanto no se decrete judicialmente su disolución, y la disolución posterior en nada afectará las decisiones tomadas en el tiempo anterior cuando estaba incurso en la causal de disolución, como bien se aprecia de lo afirmado en la misma sentencia:

«Esto implica, sin más, que la aspiración del recurrente de que se declare la nulidad total del laudo arbitral, es infundada, puesto que, con independencia de si el sindicato estuvo de facto incurso en la causal de disolución por haber reducido su número a menos de 25 afiliados, esa circunstancia por sí sola, es decir, sin que esté acompañada de una sentencia judicial que declare esa situación, no le arrebató al Tribunal competencia para emitir el laudo arbitral.»

Es claro que el camino a seguir cuando un sindicato entra en cualquiera de las causales de disolución contempladas en el artículo 401 del código sustantivo del trabajo, es recurrir a la justicia laboral para que un juez decrete la disolución del mismo.

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