Listo para tercer debate en la Cámara proyecto de ley sobre presunción de donación de órganos para trasplantes – Segunda parte

En nuestra columna anterior entregamos la primera parte del análisis del proyecto de ley sobre la presunción de donación de órganos y demás componentes anatómicos para fines de trasplantes. En esa entrega destacamos algunos de los cambios más importantes que se pretenden introducir a la legislación nacional sobre el tema, entre los cuales se destaca el prescindir de la necesidad de contar con la aprobación de los deudos del potencial donante para poder proceder  a la extracción y utilización de órganos, tejidos, fluidos, etc., del cuerpo de éste.

Como están las cosas actualmente, la regla general es que no se puede proceder a la utilización de dichos materiales si la persona en vida, o sus parientes en el caso de las fallecidas,  no manifiestan previamente su aceptación a tales procedimientos. Y si bien es cierto ya se habla de la presunción de donación, ésta aplica sólo para algunos casos excepcionales.

Con la reforma, se invierten las cosas y la presunción pasa a ser la regla. O sea, que todas las personas serán donantes, salvo aquellas que en vida hayan expresado por escrito su oposición a que luego de su muerte partes de su cuerpo puedan utilizarse  para fines de trasplantes.

Retomado el articulado del proyecto en estudio, se advierte que éste  dispone que los rescates de órganos y tejidos obedecerán a las necesidades nacionales de donación y trasplantes. O sea, que no habrá lugar a la extracción de dichos materiales para cubrir necesidades externas (exportación).

Destaca igualmente que corresponde al Instituto Nacional de Salud (INS) definir los criterios  únicos nacionales de distribución y asignación de órganos y tejidos, atendiendo la escala de severidad de la enfermedad del paciente y la compatibilidad. El tema será materia de reglamentación por parte del gobierno.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Salud asumiría funciones de máxima autoridad administrativa de la estructura y organización de la Red de Donación.

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) deberán contar con recursos humanos y técnicos idóneos a fin de detectar en tiempo real a los potenciales donantes de acuerdo con los criterios y competencias que establezca el Instituto Nacional de Salud (INS).

Señala igualmente la iniciativa que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de nivel II, III y IV deberán contar con recursos humanos y técnicos idóneos para el diagnóstico de la muerte encefálica y para el mantenimiento del donante hasta el momento del rescate. Y que la  auditoría de estos procedimientos estará a cargo del Instituto Nacional de Salud.

Así mismo se prevé que el procedimiento de retiro de componente anatómico de un cadáver, para fines de trasplante u otros usos terapéuticos, cuando deba practicarse autopsia médico-legal, será reglamentado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud dentro de los seis (6) meses siguientes a partir de la expedición de la ley a que se encamina el proyecto.

Precisa la propuesta que se prohíbe la prestación de servicios de trasplante de órganos a extranjeros no residentes en el territorio nacional, salvo que de manera expresa el donante lo manifieste y el receptor sea compatible.

Dispone también, que en materia de trasplante de tejidos se podrán realizar trasplantes a extranjeros no residentes en Colombia únicamente de acuerdo con los criterios de urgencia médica definidos por el Instituto Nacional de Salud y previa consulta de disponibilidad de tejidos al Instituto Nacional de Salud, siempre y cuando no haya nacionales en la lista de espera.

Con el fin de que el Instituto Nacional de Salud pueda atender las responsabilidades y competencias atribuidas en la ley en trámite, prevé el proyecto que el Ministerio de Salud deberá incluir partidas presupuestales suficientes.

Todo paciente que tenga una enfermedad que afecte un órgano o tejido susceptible de trasplante, incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), deberá  ser evaluado por una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) acreditada en el servicio de trasplante de órgano e implante de tejido, para saber si es apto o no para ingresar a la lista de espera. Esta evaluación deberá realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes al diagnóstico y si la persona es apta deberá ser ingresada inmediatamente a la lista de espera.

La obtención de tejidos y de médula ósea y la práctica de cualquiera de las actividades relacionadas con la obtención, extracción, procesamiento y distribución de los mismos, deberá hacerse por banco de tejidos o de médula ósea sin ánimo de lucro, autorizadas para tal fin, por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA.

Un aspecto de suma importancia del articulado propuesto es que se prohíbe la salida de tejidos o de médula ósea fuera del territorio nacional, salvo que se trate de casos de ayuda humanitaria.

Uno de los atractivos que introduce la ley para que las personas se animen a ser donantes, consiste en que en aquellos casos los que dos personas en lista de espera de trasplante de órganos o tejidos sean medicamente compatibles y tengan el mismo nivel de gravedad, el órgano o tejido será trasplantado a la persona que previamente acordó ser donante de órganos y tejidos y se encuentre identificada como tal.

Ahora bien, quien trafique, compre, venda o comercialice componentes anatómicos humanos, incurrirá en pena de tres (3) a seis (6) años de prisión. En la misma pena incurrirá quien sustraiga un componente anatómico de un cadáver o de una persona sin la correspondiente autorización, quien participe en calidad de intermediario en la compra, venta o comercialización del componente o quien realice publicidad sobre la necesidad de un órgano o tejido sobre su disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración.

Cuando la conducta se realice con el fin de comercializar los componentes anatómicos humanos en el exterior la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena.  Si la conducta descrita fuere cometida en menor de edad, la pena se incrementará en una tercera parte de la pena máxima fijada para la misma.

Las instituciones autorizadas como Bancos de Componentes Anatómicos y Centros de Trasplantes que participen de un proceso de extracción o trasplante contraviniendo la Ley 919 de 2004 y las normas previstas en la Ley 73 de 1988, serán sancionadas con la clausura total y definitiva del establecimiento. 

Todo dispositivo médico que ingrese al país y cumpla con la definición de órgano, tejido o componente anatómico, deberá aplicársele la normatividad pertinente a los órganos, tejidos o componentes anatómicos.

Previamente a la utilización de órganos, componentes anatómicos o líquidos orgánicos, deberá practicarse las pruebas para enfermedades infecciosas y otros análisis que determine la reglamentación sobre la materia.

Como puede observarse, se trata de una iniciativa de suma importancia para la preservación de la salud y la vida de los colombianos, que estaba en mora de implementarse.

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