Los servidores públicos que desempeñen cargos de carrera en provisionalidad y ostenten la calidad de prepensionados también pueden gozar de estabilidad laboral relativa

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Como se recordará, a raíz de la fusión, reestructuración o liquidación  de las entidades públicas que fueron objeto del programa de renovación  de la Administración Pública llevado a cabo en virtud de la reforma institucional que vivió recientemente el Estado colombiano, fue preciso crear el retén social  con el fin de proteger a aquellos servidores públicos que por sus condiciones particulares de debilidad manifiesta requerían de una protección reforzada en materia de permanencia y estabilidad en el empleo. Ese contingente estaba integrado por madres cabeza de familia sin alternativa económica, personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y a aquellos  servidores que al momento de la liquidación de la entidad se hallaban cercanos a obtener su pensión de jubilación o de vejez.  (Ley 790 de 2002)

Como se recordará igualmente, desde la sentencia C-991 de 2004  la jurisprudencia constitucional mantuvo su criterio de que la protección del retén social se extendía hasta la liquidación definitiva de la Entidad. Es decir,  que la protección de las personas amparadas por el retén social y la estabilidad laboral reforzada solo podía ser extendida mientras se encontrara vigente el proceso liquidatorio de la entidad correspondiente.

Ahora bien, en su momento la Corte Constitucional precisó que tiene la condición de prepensionado el servidor público “al cual le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez.

De conformidad con lo anterior, el servidor público a quien le falten tres años o menos para para obtener la pensión de jubilación o de vejez  adquiere la condición de prepensionado  y se convierte en sujeto de especial protección en lo que hace relación con la permanencia y estabilidad en el empleo, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos que para tales efectos señala la ley.

Pero esa protección especial a los prepensionados no se circunscribe exclusivamente al Retén Social, o sea  a aquellos los casos en que la entidad pública en donde labora el prepensionado es objeto de reestructuración, fusión o  liquidación en virtud del programa de modernización de la Administración Pública, sino que comprende también los casos en que el servidor público se halla desempeñando en provisionalidad un cargo  de carrera, por cuanto  el artículo 12 del Acuerdo 121 de 2009 consagró la condición suspensiva en que queda sometida la posibilidad de ofrecer en un concurso de méritos un cargo ocupado en provisionalidad por un prepensionado: “Los empleos reportados ante la CNSC desempeñados por servidores provisionales en condición de prepensionados que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 3905 de 2009, estarán sometidos a una condición suspensiva, en la medida en que sólo serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su respectivo derecho pensional”.

Y es que tanto el Decreto 3905 de 2009  como  el Acuerdo 121 del mismo año , tienen entre sus propósitos que aquellos empleos que estén siendo desempeñados por funcionarios provisionales nombrados antes del 24 de septiembre de 2004 y que tengan la condición de prepensionados, “puedan ser identificados y excluidos del concurso de méritos por estar sometidos a una condición suspensiva, en la medida en que sólo serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su respectivo derecho pensional. Para ello, deberá seguirse el procedimiento previsto para reportar ante la CNSC los empleos vacantes en forma definitiva provistos de manera provisional con prepensionados, que señala el artículo 2 del Acuerdo 121

Lo anterior deja ver la relevancia constitucional de garantizar una protección especial en relación con la estabilidad en el empleo de las personas próximas a pensionarse, que se encuentren bien sea en el marco de un proceso de reestructuración del Estado, de liquidación de una entidad o de cualquier otra situación en la cual entren en tensión los derechos al mínimo vital, al trabajo, frente a la aplicación de disposiciones que impliquen el retiro del cargo, en aras de garantizar el disfrute de la pensión de vejez como manifestación del derecho a la seguridad social.  (Sentencia T- 326 del 10/8/2014 – Mas adelante volveré a ocuparme de este tema)

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