Maltrato de la figura de la revisoría fiscal

Llama la atención los casos particulares que se presentan en algunas empresas, donde la figura del revisor fiscal considerada como un simple requisito legal.

La siguiente situación se ha presentado en una empresa, que parece tener el asiento principal de sus negocios en Macondo:

“Una empresa de responsabilidad Limitada, va a participar en una licitación y dentro de los requisitos le exigen dictamen de los estados financieros por parte del Revisor Fiscal

La empresa tiene contador pero no está obligada a tener Revisor Fiscal.

Pero el gerente insiste en que el necesita que sus estados financieros estén Dictaminados, por ello contrata los servicios externos de un contador para que actuando como revisor fiscal, basado en los estados financieros, los revise y elabore el dictamen

Pregunta

¿Qué implicaciones legales tiene este hecho, que solo para un evento la sociedad por cumplir con un requisito de la licitación, acepte tener Revisor fiscal, sin haber sido nombrado en ninguna asamblea y tampoco estar inscrito ante la cámara de comercio?”

En primer lugar, es preciso recordar que el único órgano competente para elegir al revisor fiscal, es la asamblea o la junta de socios, pues así lo contempla de forma expresa el código de comercio en su artículo 204:

La elección de revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de socios.

En las comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de los votos de los comanditarios.

En las sucursales de sociedades extranjeras lo designará el órgano competente de acuerdo con los estatutos.

En consecuencia, el nombramiento del revisor fiscal que realice cualquier persona o ente diferente a la asamblea o junta de socios, carece de toda validez; es sencillamente inocuo.

Si no el revisor fiscal no fue nombrado por la asamblea o la junta de socios, no existirá prueba alguna de su nombramiento, puesto que el único documento válido para probar su nombramiento, es el acta de la respectiva asamblea, en la que ha de constar su nombramiento, y si no hubo tal asamblea, no habrá prueba alguna.

Adicionalmente, es necesario inscribir en el registro mercantil el nombramiento del revisor fiscal.

Así las cosas, el revisor fiscal nombrado sin el cumplimiento de los preceptos legales, no puede llamarse revisor fiscal, y menos podrá atribuirse facultades y competencias propias de la revisoría fiscal, hasta tanto su nombramiento se perfeccione, momento en el cual adquirirá la calidad de revisor fiscal y entonces si podrá actuar como tal.

En este orden de ideas, cualquier dictamen o certificación carece de toda validez, y un contador público deberá abstenerse de dictaminar cualquier estado financiero sin tener la competencia legal para ello.

No hace falta un análisis profundo para comprender que una situación así como la planteada, no tiene ningún efecto, que carece de todo sustento legal, y por consiguiente carece de toda validez.

Estas situaciones, lamentablemente se presentan por el concepto que los empresarios tienen de la revisoría fiscal, figura que consideran como un mera exigencia legal, sin importancia alguna; para ellos el único objetivo y fin de la revisoría fiscal es la de conseguir cumplir con determinados requisitos, lo cual es un maltrato y un irrespeto de la figura de la revisoría fiscal.

En segundo lugar, no hay ningún inconveniente en que una empresa que no esté obligada a tener revisor fiscal, opte por tenerlo, caso en el cual, deberá elegirse según lo dispuesto en el código de comercio.

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