La microcontratación estatal irregular: Mayor amenaza para el erario no identificada por las autoridades colombianas

Al igual que delitos de gran connotación nacional, como el narcotráfico, la celebración indebida de contratos, regulado en la Ley 599 de 2000, mutó su forma de delinquir para no llamar la atención de las autoridades colombianas.

Los procesos de selección pública, en especial aquellos que cuentan con un presupuesto oficial considerable, tienden a llamar la atención de los medios de comunicación, sectores sociales, órganos de control y proponentes interesados, haciendo más difícil la inclusión de requisitos con los cuales puedan favorecer una determinada empresa o persona natural; arriesgarse a ello, conlleva a la posibilidad de investigaciones y sanciones futuras.

En otrora, los grandes carteles del narcotráfico buscaban mediante “negocios” obtener grandes rentabilidades, situación que llevó a su extinción por la lucha frontal de las autoridades contra estos, generando que replantearan su accionar delictivo mediante el microtráfico o narcomenudeo, ya no mostrando grandes capos, sino pequeños jefes de bajo perfil que eviten llamar la atención.

Esta misma situación se puede estar generando en los carteles de contratación irregular, puesto que ya no es rentable arriesgarse por procesos cuyas cuantías sean considerables, sino que prefieren “arreglar” muchos y lograr “microcontratos” que sumados logren grandes rentabilidades, manteniendo a las autoridades al margen.

Al consultarse el SECOP, se colige como la “microcontratación irregular” sería factible adelantarla en modalidades de menor cuantía, subasta inversa y licitaciones con bajo presupuesto, esto es, procesos cuyas cuantías oscilen entre los 75 millones de pesos en adelante.

Esta conclusión se obtiene de identificar procesos en los cuales la multiplicidad de observaciones, no son acogidas por las entidades estatales, de hecho, en sus respuestas no argumentan aspectos jurídicos que impidan la aceptación de éstas y la eventual modificación del pliego de condiciones definitivo.

Así mismo, la inclusión de requisitos que rompen los principios de razonabilidad, proporcionalidad y más grave aún, el de legalidad. Un ejemplo muy común, es el establecimiento de indicadores financieros no acordes a la realidad del mercado; la solicitud de establecimientos de comercio abiertos al público en determinados municipios; licencias o certificaciones expedidas por empresas privadas o gremios del sector privado, entre otras.

Los proponentes interesados en adelantar legalmente el desarrollo de su objeto social, presentan observaciones, interponen quejas ante los órganos de control y finalmente, nada sucede, puesto que las autoridades al constatar que son procesos de cuantías no considerables, evitan su pronunciamiento y a su vez, generan impunidad en este tipo de situaciones irregulares.

En conclusión, estas malas prácticas seguirán tomando fuerza, debido a la incapacidad de los órganos de control para atender la gran afluencia de denuncias sobre situaciones irregulares halladas por los proponentes en los procesos de selección pública. Una salida posible para poder combatir esta forma de delinquir, es demandar ante la jurisdicción administrativa, la nulidad de los pliegos definitivos por la inclusión de requisitos contrarios a la ley. Si el proponente considera que su propuesta fue mal evaluada, es recomendable que acuda a su abogado de confianza para la revisión del proceso y de la documentación presentada, con el propósito de establecer si es demandable o no.

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