Corte Constitucional resolverá en breve sobre constitucionalidad de multa que prevé la ley para el abogado que no presenta a tiempo la demanda de casación laboral

El Artículo 49 de la ley 1395 de 2010 prevé en su inciso tercero multa de diez salarios mínimo mensuales para el abogado laboralista que no sustente el recurso de casación a tiempo.

Como se recordará, la ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial, a través de su artículo 49 modificó el artículo 93 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual se ocupa de la admisión del recurso de casación, y en tal virtud estableció lo siguiente:

“(…) Presentada en tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá  si se ajusta a los requisitos antes señalados. Si así lo hallare ordenará el traslado de ella a quienes no sean recurrentes, por quince días hábiles a cada uno, para que formulen sus alegatos.

Si la demanda (no reúne los requisitos, o) no se presentare en tiempo, se declarará desierto el recurso, y se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales."

Posteriormente, la Corte Constitucional mediante sentencia C-203 de 211, M. P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez, declaró inexequible la expresión puesta entre paréntesis. O sea, que dejó sin sanción al abogado que  presente la demandada sin el lleno de los requisitos de ley. Y la dejó en firme para el profesional del Derecho a quien se le declare desierto el recurso de casación  por no presentar la demanda a tiempo.

Pues bien, la situación creada en ese sentido por la ley 1395 significa un duro golpe para el abogado laboralista, por las siguientes razones: a) Porque a pesar de que la ley contempla que la multa a imponer fluctúa entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales, la Sala de Casación Laboral se va al extremo más gravoso para el litigante y le aplica los 10 salarios, que a valor de hoy son $ 6.443.500, suma exagerada, por cuanto en este caso el sancionado no ha incurrido en ningún delito, ni en actos contrarios a la moral o a la ética, no ha engañado a nadie, ni ha afectado la dignidad de la profesión ni de la justicia.  Sencillamente se le agotó el tiempo y llegó tarde con la demanda a la Corte; b) Porque ahora con la oralidad del proceso laboral, al abogado se le aumentó el trabajo, pues tiene que asumir el engorroso trabajo de transcribir “el contenido de las audiencias”, o sea, las declaraciones de los testigos, los interrogatorios de parte, las sentencias, los autos dictados en audiencia, etc., para poder elaborar la demanda. Y c) porque la exagerada sanción sólo aplica para el abogado laboralista, pues no se hizo extensiva a los demás profesionales que litigan en casación, vale decir los penalistas, los civilistas, etc.

Pues bien, por considerar que la el art. 49 de la ley 1395 de 2010, viola el artículo 13 de la Constitución nacional que consagra el derecho a la igualdad, al establecer un trato discriminatorio para los abogados laboralistas que incurran en una conducta que, vale decirlo, también ocurre en otras áreas del litigio del mismo nivel, el doctor Fernando Vásquez Botero presentó la respectiva demanda de inconstitucionalidad contra esa expresión del mencionado artículo 49 de la ley 1395.

Pues bien, la Procuraduría General de la Nación mediante concepto 00005901 de 2015 le pidió a la Corte declarar EXEQUIBLE la expresión “y se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales”, contenido en el inciso 3 del artículo 49 de la ley 1395 de 2010.

Consideró el Ministerio Público que si bien existen ciertas similitudes entre los destinatarios de la medida legislativa, como quiera que respecto de los dos grupos mencionados existen similitudes en su calidad de casacionistas y, en últimas, existe una identidad en las finalidades que busca el recurso de casación con independencia de la sala de casación ante la cual se interponga.

No obstante la diferencia de trato y algunas similitudes entre los sujetos objeto de comparación, la vista fiscal consideró que el trato diferenciado que otorga la norma demandada no vulnera la Constitución por dos razones básicamente: una, porque el legislativo goza del poder de configuración normativa que le da la facultad de determinar lo relativo a la procedencia del recurso de casación, su admisión, las formas y los términos de su imposición, etc., y otra, porque la ley 1395 de 2010 fue expedida con el fin de racionalizar el acceso a la jurisdicción laboral y contribuir a la descongestión de la misma, y que si bien es cierto las tres salas de casación acusan congestión de procesos, es la sala laboral la que presenta mayor volumen de procesos en trámite.

Así pues, el ministerio público consideró que el legislador no vulneró el derecho a la igualdad, pues la medida adoptada por dicho órgano se encuentra justificada y proporcionada.

Y considera la vista fiscal que la imposición de la sanción al abogado negligente que incumplió la carga de presentar la demanda en tiempo, se constituye en un mecanismo idóneo que contribuye a la descongestión de la Sala de Casación Laboral.

A juicio de este columnista la sustentación que le da la procuraduría a su pedido de que la Corte Constitucional declare ajustada a la Constitución el aparte demandado del art. 49 de la ley 1395 de 2010, es frágil, insustancial e inconsistente.

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