Ni la contabilidad ni el certificado del revisor fiscal son suficientes para probar las retenciones en la fuente practicadas

El artículo 373 del estatuto tributario señala que los contribuyentes que han sido objeto de retención en la fuente pueden imputar en su liquidación privada de impuestos las retenciones que le hayan practicado, y el artículo 374 dice también que esas retenciones deben ser probadas o acreditadas, y el documento idóneo para probar o soportar esas retenciones no es la contabilidad ni un certificado que expida el revisor fiscal, sino el certificado de retenciones a que se refiere el artículo 381 del estatuto tributario.

La ley ha dispuesto de forma clara la forma en que se debe soportar una retención practicada, y si ese documento idóneo no está disponible, ni siquiera los documentos alternativos considerados por la misma ley son válidos,  menos lo será la contabilidad o el certificado de un revisor fiscal, y esa ha sido la posición de la Dian desde siempre.

Aunque la contabilidad puede ser un elemento de prueba, y esta esté respaldada por comprobantes  internos y externos tan válidos como una factura que cumpla con todos  los requisitos, para la Dian no es suficiente elemento para soportar las retenciones en la fuente practicadas que se pretenden imputar en la declaración respectiva.

Desafortunadamente la ley contempló de forma clara un requisito particular para la procedencia de las retenciones en la fuente, y si ese requisito no se cumple, si ese documento específico no se allega, la Dian no acepta otro documento.

Y esa posición de la Dian se ve reforzada por innumerables sentencias del consejo de estado en la que se desconoce la suficiencia probatoria de la contabilidad y de la certificación del revisor fiscal.

Eses es el caso, por ejemplo, de la sentencia 17774 del 19 de mayo de 2011 con ponencia de la magistrada de la sección cuarta Martha Teresa Briceño de Valencia:

Del análisis de los documentos citados se concluye que no le asiste razón a la demandante, pues, ni la contabilidad, ni el certificado del Revisor Fiscal, ni el dictamen pericial son elementos de prueba suficientes para aceptar como anticipo del impuesto del periodo en cuestión el monto de las retenciones en la fuente desconocidas por la Administración.

Lo anterior obliga al contribuyente a procurarse el certificado de las retenciones en la fuente que la hayan practicado, pues sin ese certificado no podrá imputarlas de ningún modo.

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