No habrá decencia en el trabajo si al trabajador se le priva de la posibilidad de producir en condiciones de dignidad – (O. I. T.)

En un editorial publicado recientemente nos referimos al caso de un trabajador a quien el empleador se abstuvo de asignarle funciones después de haberlo reintegrado a la empresa por orden del juez quien estimó que el asalariado había sido despedido sin justa causa. Como recordarán los lectores, el trabajador, al verse sin funciones optó por dar por terminado el contrato por causas imputables al empleador y nuevamente demandó al empresario para que le pagara la indemnización correspondiente.

En la columna de hoy vamos a tratar un caso de contornos parecidos pero con algunos elementos propios que, a nuestro juicio, lo hacen interesante.

El caso se puede resumir así:

Un trabajador que se desempeñaba como gerente de una prestigiosa empresa del país, fue despojado de sus funciones y luego enviado a vacaciones para que hiciera uso de dos períodos que tenía acumulados. Cuando se aproximaba el día en que debía producirse su reintegro a la Compañía, el trabajador recibió una carta de ésta en la que se le indicaba que su reintegro quedaba en suspenso hasta nueva orden y que por tanto  podía continuar en su casa, pero que debía estar disponible dentro del horario, para cuando fuera requerido. Así mismo, le informó que como él ya tenía cumplidos los requisitos necesarios para su acceso a la pensión de vejez, la empresa había iniciado los trámites correspondientes y que el reconocimiento de la misma era inminente.

No obstante lo anterior, la empresa continuó  pagándole cumplidamente el salario al trabajador (Treinta y cinco millones de pesos), y le mantuvo todos los beneficios adicionales que aquel venía recibiendo.

Como es era de esperar, la decisión de la empresa molestó profundamente al trabajador, máxime que aquella comunicó a la comunidad laboral la designación del nuevo gerente sin indicar qué sucedería con el relevado, lo cual generó muchas suspicacias entre los demás trabajadores de la compañía. En vista de todo lo anterior el afectado tomó la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo (lo que es distinto de renunciar), aduciendo causas imputables a la empleadora. En su carta el trabajador le enrostró a la empleadora que con su decisión de quitarle de manera sorpresiva y sin consideración alguna la representación legal de la entidad, le había lesionado de manera ostensible su dignidad, y lo había degradado groseramente ante toda la población laboral de la empresa. Advirtió, igualmente, que al prescindir la empleadora de la prestación de sus servicios, desaparecía uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, el cual quedaba mutilado.

Al contestar la demanda la empresa accionada manifestó que la Junta Directiva de la empresa removió al accionante del cargo de presidente y representante legal de la compañía al actor, pero no le terminó su contrato de trabajo, pues éste había continuado con todas sus prebendas  laborales como presidente de la misma, tales como oficina, secretaria, cuenta de internet, cuenta de correo, vehículo blindado, celulares, gastos de representación, etc., excepto aquellas propias o inherentes a la representación legal. Señaló así mismo, que su conducta estuvo asistida de buena fe toda vez que su intención, lejos de querer perjudicar al trabajador, fue protegerlo dado que éste  básicamente ya había culminado su ciclo en la empresa y se aprestaba a pensionarse, o sea que su salida de la Compañía era inminente, y que lo único que hizo la entidad fue despejar el escenario para que el tránsito de una situación a otra resultara lo menos traumática posible. Y puntualizó que con su demanda el trabajador lo que quería era sacar provecho de una situación coyuntural que de todas maneras iba a ocurrir pues su pensión era un hecho previsible y esperado.

La primera instancia terminó con sentencia favorable al trabajador pues el juez condenó a la demandada a pagar al actor $193.270.000.oo por indemnización por despido sin justa causa; $968.373.oo por reajuste de vacaciones; y $20.087.755.oo por indexación. 

La empresa apeló y el Tribunal revocó la declaratoria de terminación por despido indirecto del contrato de trabajo y la consecuente indemnización; en su lugar, absolvió a la demandada de este rubro y confirmó en lo demás, sin imposición de costas.

Para revocar la decisión del a quo, el Tribunal advirtió que la junta directiva de la demandada había removido de su cargo al trabajador, pero que  no lo despidió. Estimó legal y posible tal conducta, dado que tenía facultades para ello y se trataba de un cargo de libre nombramiento y remoción, (sic) además de que el trabajador satisfacía los requisitos para pensionarse, de lo cual éste tenía conocimiento.

En ese orden, dedujo que al trabajador no se le violaron sus derechos al buen nombre, dignidad o prestigio, dado que el cargo de Presidente de la compañía no era un inamovible que le permitiera perdurar en su puesto indefinidamente, con mayor razón si ya tenía ganado el derecho a la pensión de vejez; por el contrario, lo que se advierte es «cierta protección a su persona, cuando habiendo cumplido requisitos para pensionarse desde tiempo atrás, solo al momento de removerlo del cargo, solicitan la pensión en su nombre y para protegerlo le conceden vacaciones por los períodos adeudados, indicándole que luego de éstas no se presente a la empresa, pero que continuará recibiendo salarios, tanto en especie como en dinero hasta tanto se le defina su situación». En conclusión, el Tribunal compartió y aliñó los argumentos esgrimidos por la empresa.

Inconforme con la decisión del Tribunal, el demandante acudió a la Corte Suprema de Justicia vía recurso de casación.La Corte rechazó y descalificó los argumentos del Tribunal y en tal virtud casó la sentencia de éste y dejó en firme la decisión del juez de primera instancia.

Dijo la Sala de la Corte:

“Desde luego, no ignora la Sala que la demandada estaba asistida de plena libertad para prescindir de los servicios del demandante pues, en palabras del Tribunal, «si por el mero hecho de remover de su cargo a los presidentes de las Compañías, se vulneran estos derechos, ello equivaldría a que éstos son inamovibles de sus cargos, perdurando en ellos persecula seculorem y hay que aceptar en el devenir de la vida, que hoy estamos, mañana no» (Sic).   Sin embargo, lo que no se ciñe a la legalidad es que, con aquél válido propósito, se adopten medidas que afrentan la dignidad de la persona del trabajador y sus derechos de orden legal y constitucional, no en cuanto a un inexistente derecho a permanecer en el empleo, sino en tanto ponen en entredicho el buen nombre de aquél. Este ha sido el criterio de la Sala, según puede verse, por ejemplo, en sentencia 17425 de 13 de junio de 2002, se discurrió así: 

Finalmente, ante la firmeza del fallo recurrido en el aspecto antes examinado, es importante que la Corte manifieste que aquella conducta patronal, como lo dedujo el Tribunal, es ciertamente contraria a la buena fe con que se debe ejecutar por las partes el contrato laboral y, además, constituye un claro abuso del derecho por parte de la empleadora, en cuanto su actitud frente al trabajador, impidiéndole prestar personalmente el servicio para el que fue contratado, devela un ejercicio antijurídico de la potestad subordinante que le reconoce el literal b) del ordinal 1º del artículo 23 del código sustantivo del trabajo, subrogado por el artículo 1º de la ley 50 de 1990.  “(…)”

Quien desee conocer más detales del caso puede consultar la Sentencia SL 18431-2016, Radicación No. 40327 del 16 de nov. De 2016 M.P. Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas.

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