Si una entidad pública reconoce una pensión y luego se establece que lo hizo por error, el beneficiario no estará obligado a reintegrar lo recibido

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Recordemos que para causar el derecho a la pensión  gracia es necesario que el trabajador acredite, como mínimo, 50 años de edad y 20 de servicios como docente de nivel territorial o nacionalizado (o sea que no se computa para dichos efectos el tiempo que el trabajador haya laborado como docente nacional). También es necesario que su vinculación al magisterio se haya producido antes del 31 de diciembre de 1980.

Hecha la anterior precisión veamos ahora el siguiente caso:

Obrando en ejercicio de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, la UGPP demandó la nulidad de la Resolución mediante la cual la Subdirección General de Prestaciones Sociales de CAJANAL, le reconoció a la señora Elizabeth A. M. una pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, la UGPP solicitó que se condenara a la demandada (Elizabeth A.M.) a reintegrarle todos los dineros recibidos con ocasión del indebido reconocimiento de la pensión gracia, sumas que dijo deberán ser traídas a valor presente, y pagadas dentro de los términos indicados en los artículos 192 y siguientes del CPACA.

Sustento sus pretensiones en los hechos que se resumen así:

  • Que el 10 de junio de 1997, la señora Elizabeth A. M. solicitó a CAJANAL el reconocimiento de la pensión gracia, la que le fue concedida a partir del 25 de enero de 1997, teniéndose en cuenta para el efecto la vinculación como docente nacionalizada y nacional por más de 30 años y el cumplimiento de 50 años de edad.
  • Que la vinculación de la accionada inició el 6 de febrero de 1966 como docente territorial, y se extendió hasta el 2 de febrero de 1975, y que posteriormente fue docente nacional vinculada a través de acto administrativo del Ministerio de Educación del 13 de mayo de 1975 hasta el 5 de marzo de 1997.

Advirtió la entidad demandante que la demandada no estuvo vinculada como docente territorial o nacionalizada por 20 años, habida cuenta que su certificado de tiempo de servicios señala que fue nombrada como docente nacional a partir del 13 de mayo de 1975, y que dicha relación laboral se extendió hasta el 5 de marzo de 1997 en idénticas condiciones.

En línea con lo anterior, precisó la UGPP que la pensión gracia no está prevista para docentes nacionales, siendo ésta la condición de la accionada antes del 31 de diciembre de 1980, por lo que no cumplía con el requisito contemplado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

La señora Elizabth  A. M. (parte demandada) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, por considerar que el asunto bajo estudio se encuentra amparado por el principio de buena fe y confianza legítima, dado que cuando la entidad demandante le reconoció la pensión, existía la posibilidad de extender el derecho a los docentes nacionales, pues la compatibilidad de recompensas originadas en recursos de la Nación, quedó restringida a partir de la expedición de la sentencia C-479 de 1998 por la Corte Constitucional.

El Tribunal Administrativo del Tolima decretó la nulidad de la Resolución a través de la cual CAJANAL le había reconocido a la accionada la pensión gracia.

Para resolver en la forma en que lo hizo, el Tribunal señaló que, conforme a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 24 de 1947 y 43 de 1975, la pensión gracia es un beneficio al que solo pueden acceder los docentes territoriales o nacionalizados, con el propósito de compensar la diferencia salarial respecto de los docentes nacionales, siempre que se hubieren vinculado antes del 31 de diciembre de 1980.

Y sobre esa base concluyó que “la demandada no cumplió con el requisito de la vinculación territorial o nacionaliza antes del 31 de diciembre de 1980, pues, la certificación de tiempo de servicio indicó que prestó sus servicios como docente nacional en el nivel de básica secundaria del 13 de mayo de 1975 al 5 de marzo de 1997, por espacio de más de 21 años, tiempo que no debió computarse con el nacionalizado previo del 6 de febrero de 1966 al 2 de febrero de 1975.”

Respecto del restablecimiento del derecho solicitado, precisó el Tribunal que a pesar de la ilegalidad del acto de reconocimiento, en la actuación no se registraron pruebas indicadoras de conducta irregular de parte de la accionada hacia la consecución del derecho pensional, y que en ese sentido, no se desvirtuó la presunción de buena fe prevista en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

La demandada, apeló la sentencia del juez de primera instancia, solicitando que se revocara, y que en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda, e insistió en que cuando CAJANAL le reconoció el derecho, existía la posibilidad de la pensión gracia para los docentes nacionales. 

En su estudio del caso el Consejo de Estado rememoró la jurisprudencia elaborada sobre ese tema por la Corporación, la cual ha sido y sigue siendo afirmativa y concluyente en el sentido de que el tiempo servido por el docente a la nación no puede tenerse en cuenta para el cómputo del tiempo que da derecho a la pensión gracia.

Partiendo de esa base,  y apoyándose en el material probatorio obrante en el expediente, el Consejo de Estado arribó a la conclusión de que en este caso no cabía duda de que la demandada carecía del derecho a la pensión gracia que le fue reconocida.

Y al igual que aconteció con el Tribunal, el Consejo en su verificación no encontró evidencia alguna de que la demandada hubiera actuado de manera temeraria en el trámite de la solicitud de pensión, o sea que no encontró acreditada la mala fe (o mejor, no halló desvirtuada la buena fe que se presume), concluyendo que todo se debió a un error de la entidad pública que reconoció la pensión.

Y al decidir sobre las pretensiones del recurso de apelación formulado por la UGPP, el Consejo advirtió que tratándose de casos donde se discuten prestaciones periódicas, y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento es el reembolso o la devolución de sumas de dineros pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de cualificar la manera en que ello es posible.

Y para esos efectos advirtió que según lo dispone  el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, cuando se pretenda la nulidad de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, puede presentarse en cualquier tiempo, pero, “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.”

Y en tal virtud, confirmó la sentencia del Tribunal.

Quien dese conocer mayores detalles sobre el caso puede consultar la Sentencia del 17 de octubre de 2017, Rad. 73001-23-33-000-2015-00229-01 – C. P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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