Nuevamente a estudio del Congreso proyecto de ley que busca disminuir del 12% al 4% el aporte a Salud de los pensionados

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Radican en la Cámara nuevo proyecto de ley en tal sentido, dado que el proyecto de ley 183 de 2013, que había empezado a discutirse, fue archivado tras haber sido rechazado por el ministerio de Hacienda aduciendo potencial afectación a la sostenibilidad fiscal y financiera del sistema de salud.

La iniciativa fue radicada hace pocos días por los senadores y representantes de los partidos Alianza Verde y Polo Democrático, al igual que un representante del  Partido Liberal y otro del partido Mira.

El objetivo de la iniciativa, se dice en el texto del proyecto,  es disminuir el aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud del 12% al 4% que realizan los pensionados de Colombia, “como un acto de justicia con esta población objeto de especial protección, quienes ven reducido su ingreso disponible mensual por efectos de esta contribución, la cual afecta directamente los derechos al mínimo vital y condiciones de dignidad y calidad de vida en la vejez”·

Se destaca así mismo, que con el régimen actual de aportes un pensionado, que por definición y evidencia, no tiene la condición de empleador ni de trabajador,  debe pagar como si tuviera ambas condiciones, pues el descuento que se le aplica es del 12% del total de su mesada pensional, lo cual hace que dicho aporte sea regresivo y de gran impacto en el ingreso y calidad de vida del pensionado.

Señala que no es justo “que personas que han contribuido con sus aportes al Sistema de Seguridad Social durante más de dos décadas, producto de su trabajo y esfuerzo, el cual contribuyó al desarrollo general del país; y que en la vejez dependen (en su gran mayoría) única y exclusivamente del ingreso de su mesada pensional, tengan que ver limitada su calidad de vida por la afectación al mínimo vital, máxime ante la exposición de mayores riesgos y vulnerabilidades por efectos de la edad y las restricciones para acceder a otras fuentes de recursos.  

Destaca igualmente que de esa manera se le da desarrollo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que legitima la necesidad de mantener condiciones de dignidad en la vejez, y señala como ejemplo de ello la sentencia C-107/2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería), la cual establece que la pensión es “una prestación económica, resultado final de largos años de trabajo, ahorro forzoso en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y cuando la disminución de la capacidad laboral es evidente. Su finalidad directa es garantizar la concreción de los derechos fundamentales de las personas traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna. El derecho a la pensión tiene conexidad directa con el derecho fundamental al trabajo, en virtud de la amplia protección que de acuerdo a los postulados constitucionales y del Estado Social de Derecho se debe brindar al trabajo humano en todas sus formas. Se asegura entonces un descanso remunerado y digno, fruto del esfuerzo prolongado durante años de trabajo, cuando en la productividad laboral se ha generado una notable disminución.”  

Recuerda igualmente lo dicho por la misma Corte en  la sentencia C-543 del 18 de julio de 2007, en el sentido de que el objeto del derecho fundamental al mínimo vital comprende todas las medidas positivas o negativas  constitucionalmente ordenadas con el fin de “evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este derecho… busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho protege a la persona… contra toda forma de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre todo su valor intrínseco…”. 

Advierte que esa iniciativa sólo sería un paliativo, pues el problema pensional en Colombia va más allá de la pérdida de poder adquisitivo a la que progresivamente se les ha expuesto a los pensionados de Colombia en las últimas 3 décadas.

Así mismo, señalan los autores de la iniciativa que con la reducción de valor de los aportes,  los pensionados adquirirán mayor capacidad de compra  de  bienes y servicios, lo cual podría significar aumentos significativos de la producción nacional y, de contera, mayor generación de empleo. Este sería en efecto un círculo virtuoso más democrático. Y agrega que desde esa perspectiva sería más conveniente que el gobierno nacional hiciera estimaciones “no del costo fiscal sino del potencial de crecimiento que esta medida podría dar al sector real de la economía al aumentar de manera ostensible el ingreso disponible (poder de compra potencial) de la población jubilada”. 

Observan los firmantes del proyecto que sustentar el cobro desproporcionado e injusto de los aportes que pagan actualmente los pensionados, en la necesidad de darle sostenibilidad al sistema de salud y a la buena marcha de las finanzas públicas, sin tener en cuenta los impactos que tales descuentos producen en  la precaria economía de la mayoría de los pensionados, y sin desplegar ningún esfuerzo para hacer uso de otras fuentes de recursos y rentas que sin duda existen y pueden ser utilizadas en un acto de responsabilidad y justicia en pro de la igualdad y solidaridad con la población jubilada, mejorando así sus ingresos y correlativamente, su poder adquisitivo y calidad de vida, es injusto y facilista.

Rememoran lo consignado por la Corte Constitucional en la  Sentencia No. T-495 del 16 de junio de 2010, en la cual dijo esa Corporación:

“… A manera de conclusión tenemos que los adultos mayores y los niños pertenecen al grupo de sujetos de especial protección constitucional y sus derechos deben ser protegidos de manera reforzada por el Estado, porque su situación de debilidad manifiesta los ubica en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población…”.

Y agregan los suscribientes de la iniciativa en análisis:

“Por tanto, no es justo ni legítimo que trabajadores que durante más de dos décadas de trabajo constante, quienes cotizaron al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y lograron acceder a la pensión (representando desgraciadamente una proporción muy pequeña de la población), tengan que acarrear con la carga impositiva directa a su ingreso vital, afectando con esto su calidad de vida. Situación que resulta más gravosa si se tiene en cuenta que el jubilado se expone a una prestación de los servicios de salud de baja calidad, paga las cuotas moderadoras, clasificadas según su estrato y, adicionalmente, diversos medicamentos formulados no incluidos en el Plan Obligatorio De Salud (POS).  

Finalmente traen a colación el compromiso adquirido por el hoy presidente de la República  Juan Manuel Santos, cuando en la campaña presidencial para la reelección en el período 2014-2018, manifestó que:

“Yo me comprometí, y quiero anunciarles a ustedes el día de hoy, sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud, hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, y yo voy a apoyar ese proyecto de ley. Eso en plata blanca quiere decir que se aumenta el ingreso, porque se reduce la contribución y se aumenta el ingreso”.

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