Otra responsabilidad penal para el contador público por cuenta de la ley 1380 de 2010

La ley 1380 de 2010 que contempla el régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes, ha creado una nueva responsabilidad penal para el contador público, en la medida en que este participe en un procedimiento de insolvencia.

El artículo 33 de la ley contempla responsabilidad penal en los siguientes casos:

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán  sancionados con prisión de uno (1) a seis (6) años, quienes dentro de un, procedimiento de insolvencia, a sabiendas:

  1. Suministren datos, certifiquen estados financieros o en sus notas, o el estado de inventario o la relación de acreedores a sabiendas de que en tales documentos no se incluye a todos los acreedores, se excluye alguna acreencia cierta o algún activo, o ,58 incluyen acreencias o acreedores inexistentes contrarias a la realidad.
  2. (…)

El riesgo de incurrir en responsabilidad penal por participar en este tipo de procesos, radica en que esta ley aplica púnicamente para personas naturales no comerciantes, es decir, para personas no obligadas a llevar contabilidad.

Certificar un estado financiero o cualquier otro documento relacionado con la ciencia contable a una persona  natural no obligada a llevar contabilidad, implica un gran riesgo por cuanto el contador se tiene que atener a lo que la persona le quiera decir, puesto que no habrá  forma de conocer plenamente lo que en realidad tiene o debe dicha persona, dado que por lo general esta información debería estar consignada en una contabilidad, la cual estas personas no tienen.

En estos casos es necesario confiar en la buena fe de la persona natural, lo cual es una difícil decisión cuando se trata de una persona que se encuentra quebrada y presionada en muchos aspectos, lo que debe obligar al contador público a tomar todas las medidas que considere necesarias para evitar esa peligrosa responsabilidad penal contenida por la ley 1380 de 2010.

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