Padres no tienen derecho a pensión de sobrevivientes por la muerte de sus hijos de crianza – C. S. de J. Sala Civil

Siempre ha sido materia de debate la vocación de los padres a reclamar el derecho a la pensión de sobrevivientes de los hijos de crianza. Para fundamentar esa pretensión se ha acudido a argumentos muy  consistentes como el de que entre aquellos y éstos se crean lazos de afecto iguales de intensos a los que surgen entre los padres y sus hijos biológicos. Y en esto hay mucho de cierto pues a diario se ven casos de personas que ante la falta de hijos biológicos entregan todo su amor a niños ajenos, a los cuales colman de comodidades, los educan, los protegen y cuidan como si fueran propios, y éstos a su vez, aman a sus padres como si fueran sus verdaderos progenitores.

Y es a partir de esa comunión de sentimientos y solidaridades que se postula y defiende el derecho a que los padres puedan reclamar la pensión de sobrevivientes de sus hijos de crianza cuando éstos mueren sin dejar mujer ni hijos.

Sin embargo, y pese a que la Corte Constitucional ha dicho que la familia está compuesta no solo por padres, hijos, hermanos, abuelos y parientes cercanos, sino también por personas entre quienes no existen lazos de consanguinidad, para la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el artículo 13 de la ley 797 de 2003 que regula el tema de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, se encarga de clausurar cualquier posibilidad de que los padres de crianza puedan acceder a tal beneficio pues en su parágrafo señala expresamente que: Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil”.  O sea que para ser beneficiario de la pensión se requerirá que el vínculo corresponda al establecido en los artículos 35 y 50 del Código Civil.

El caso que dio lugar al anterior pronunciamiento de la Corporación se puede resumir en los siguientes términos:

La señora Martha Cecilia Noreña de Méndez acudió a la acción de tutela solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital, los  cuales consideró que le estaban siendo vulnerados por el Ministerio de Defensa al no reconocerle su calidad de madre de crianza del difunto soldado José David Mera Gómez y negar el pago a su favor de las prestaciones sociales, así como de la pensión de sobrevivientes en virtud de aquel deceso, y solicitó que se le concediera la protección constitucional invocada y se ordenara la cancelación de tales conceptos. 

Contó la accionante que a los pocos meses de nacido el niño José David Mera Gómez, ella y su esposo lo acogieron como su hijo, pues había sido abandonado por su madre biológica, motivo por el cual asumieron los gastos de vestuario, educación y salud que requirió José David durante su infancia y hasta la adultez.

Señaló que en vista de la situación, el 4 de mayo de 2004, acudió al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para poner en conocimiento el abandono del menor.

Indicó que ese mismo día el defensor de familia dispuso la «colocación familiar del joven José David Mera» en el «hogar amigo» de la señora Martha Cecilia Noreña Montoya, a quien le hizo entrega del menor y le hizo saber que debía cuidar de él como si fuera su verdadera madre, debía amarle, protegerle y velar por su integridad física y moral; y que no podía cambiarlo de domicilio, ni entregarlo a persona extraña sin autorización.

Adujo que meses después el ICBF declaró en situación de abandono al joven José David Mera y como medida de protección, decretó la iniciación del trámite de adopción. De igual manera, advirtió que el menor tendría que permanecer en el hogar amigo determinado por el defensor de familia.

Agregó que luego de cumplir la mayoría de edad, el joven se incorporó al Ejército Nacional y siguió la carrera militar como Soldado Profesional hasta el día 8 de abril de 2014, fecha en la que murió en combate.

Con base en lo anterior, la señora Martha Cecilia Noreña Méndez solicitó el pago de la respectiva indemnización por muerte, de acuerdo con la póliza de seguro de vida suscrita por el militar en la que, según dijo, la había dejado como beneficiaria Reclamó igualmente el pago de las prestaciones sociales definitivas y de la pensión de sobrevivientes.

La Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional le negó a la solicitante los beneficios reclamados, aduciendo como fundamento el hecho de que la solicitante no acreditó ser la madre adoptiva del soldado abatido.

Según la accionante, aquella negativa vulneraba los derechos invocados, pues además de que dependían económicamente del difunto, a quien crió como su hijo junto con su esposo, se ponían en riesgo los derechos de personas de la tercera edad, habida cuenta de que actualmente tiene 74 años y su cónyuge 77.

Conoció de la acción en primera instancia a Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca.

La entidad accionada se opuso a la prosperidad del amparo y reiteró que por no tener la calidad de beneficiaria, según el Decreto 4433 de 2004, no había lugar a reconocerle a la demandante ningún reconocimiento  en materia prestacional a raíz de la muerte del Soldado Mera Gómez. Puntualmente, insistió en que la interesada no fue reconocida como madre adoptiva del causante.

El ICBF se pronunció sobre los hechos materia del amparo e informó que una vez José  David Mera cumplió la mayoría de edad, finalizó la medida de protección adoptada en su favor, y advirtió que el despacho había requerido en varias oportunidades a la señora Noreña, en aras que continuara el trámite administrativo de adopción pero que no lo llevó a cabo.

El Tribunal no accedió a la protección constitucional solicitada, por ausencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, aduciendo que no se agotaron los medios de defensa contra los actos administrativos que cuestionaba y aquellos habían sido expedidos hacía más de un año.

Inconforme con la decisión la actora la impugnó, pasando el asunto a decisión de la Sala Civil de la corte Suprema de Justicia.

Al ocuparse del asunto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló, entre otros aspectos,  que  el parágrafo del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dispone que cuando el beneficiario de esa prestación sea el padre, el hijo o el hermano inválido, se requerirá que el vínculo corresponda al establecido en el Código Civil.

Y más adelante puntualizó: 

 “Entonces, los padres de «crianza» no tienen la condición de progenitores conforme lo define el Código Civil, motivo por el cual, no pueden pretender el reconocimiento de una prestación que de manera taxativa solo se le debe otorgar al padre, hijo o hermano inválido por consanguinidad, o a los padres e hijos adoptivos.

(C. S. de J.,  Sala Civil, Sentencia STC- 14680  del 23 de octubre de 2015

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