Para imponer la sanción por corrección aritmética primero se debe requerir al contribuyente

Cuando el contribuyente incurre en error aritmético en sus declaraciones tributarias, la Dian tiene facultades para imponerle la sanción respectiva, pero antes de ello debe proferir un requerimiento especial para garantizar el derecho a la defensa del contribuyente.

El consejo de estado en sentencia de agosto 2 de 2006, expediente 14922 ha dicho:

La Administración puede fijar a través de la liquidación oficial de corrección aritmética, las sanciones no liquidadas o determinadas en forma errónea por el contribuyente, pero ello exige la notificación de un acto previo a la imposición de la sanción de que trata el artículo 701 del Estatuto Tributario, porque no resulta suficiente para establecer la infracción, el simple examen de los renglones de la declaración que se controvierte.

No basta tomar un renglón de la declaración privada y aplicar un porcentaje determinado para establecer si una sanción fue liquidada correctamente, porque pueden existir diferencias en cuanto a la base a aplicar, la cual puede no estar presente en la declaración, o frente al monto de la multa, o también pueden existir circunstancias eximentes que la Administración desconoce, ya que no se derivan del formulario impositivo y requieren de comprobaciones especiales por parte del Estado. Así mismo, el contribuyente puede revisar su conducta y aceptar el error, corrigiendo la declaración mediante el procedimiento contemplado en el artículo 588 del Estatuto Tributario, liquidando la sanción de que trata el artículo 644 del Estatuto Tributario, equivalente al 10% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere.

Cuando el declarante conoce la actuación adelantada en su contra y puede ejercer su derecho de defensa, el fisco estará legitimado para imponer una sanción.  Si ello no ocurre, la decisión es arbitraria. En el presente caso, el fisco expidió la Liquidación Oficial de Corrección aritmética, sin que previamente el declarante conociera del proceso que se adelantaba en su contra, o se le informara sobre la intención de sancionarla, con lo cual, se le impidió que antes de ser impuesta la multa, pudiera invocar las razones de su conducta o como el mismo alega, subsanar el error voluntariamente reduciendo la actividad administrativa.

Esta precisión ha sido necesaria en vista a que nuestra legislación tributaria no previó de forma expresa un acto previo en caso de la aplicación de la sanción en ocasión a un error aritmético.

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