Para la procedencia de la deducción de las deudas manifiestamente perdidas no es requisito la presentación de ningún documento judicial que así lo acredite

El artículo 146 del estatuto tributario permite al contribuyente deducir las deudas consideradas manifiestamente perdidas, esas que son definitivamente incobrables, y entre los requisitos exigidos por la ley no está que el contribuyente debe anexar un documento judicial en el que se pruebe el archivo de un proceso judicial que finalizó sin poder hacer efectivo el cobro.

No obstante a que la ley no exige este requisito, muchos funcionarios de la Dian lo han exigido a los contribuyentes que recurren a esta figura,  rechazándoles las deducciones solicitadas por no poder presentar tal documento.

Es por ello que resulta oportuna una reciente sentencia de la sección cuarta del consejo de estado (noviembre 9 de 2011, radicación 16875) que aborda de forma puntal esta actuación de la Dian:

Lo anterior indica que para la Administración Tributaria, la única razón válida que justifica el descargo de las deudas y que permite que se les considerara irrecuperables, es la constancia de un proceso judicial archivado  que diera fe de la pérdida de la deuda, sin embargo, en ninguna de las normas tributarias existentes sobre el tema se consagra tal exigencia, ya que si bien el artículo 79 del Decreto 187 de 1975 contempla como razones viables la insolvencia de deudores o fiadores y la falta de garantías reales, dichas causas no son las únicas valederas, ni constituyen una tarifa legal de la prueba, ya que el texto del artículo citado concluye que es pertinente probar “por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial”, otorga así un amplio margen a los medios probatorios que se pueden aportar para tal fin, y en lugar alguno circunscribe su viabilidad a la demostración de un proceso judicial archivado como lo pretende la Administración.

Resulta claro entonces que no es posible que la Dian solicite un documento judicial que acredite no sólo la iniciación o existencia de un proceso judicial para recuperar una deuda, sino el archivo de dicho proceso sin que haya sido posible el cobro de la deuda. Recordemos que la Dian en ningún momento puede exigir el cumplimiento de requisitos no contemplados en la norma.

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