Consejo de Estado – La pensión de invalidez no es una inhabilidad que genere nulidad electoral

Discapacidad psíquica de un concejal no constituye inhabilidad.

El señor Alejandro Rafael Barrios De Alba, obrando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad electoral  solicitó a la justicia contenciosa administrativa declarar la nulidad parcial del formulario E-26CON, que declaró la elección de Rafael Eloy Orozco Torres Concejal del municipio de MALAMBO, (Atlántico), para el período 2016-2019.

Así mismo, pidió declarar la nulidad de la credencia expedida por el Consejo Nacional Electoral al señor Orozco  Torres para el período ya señalado; decretar la medida cautelar de suspensión parcial del Formulario E-26CON y la suspensión inmediata de la credencial que acredita como Concejal al mencionado concejal, “para garantizar y proteger el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.”También rogó ordenar al presidente del Concejo Municipal de Malambo, establecer las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de la suspensión provisional decretada por el Tribunal.

Y finalmente suplicó ordenar la entrega de la credencial que declara concejal a Alejandro Rafael Barrios D.

Adujo el demandante que según Resolución No. 034395 de 1983 el demandado percibe una pensión de invalidez reconocida por Foncolpuertos a causa de una esquizofrenia que le generó una pérdida de capacidad laboral del 66%.

Afirmó que, de acuerdo con lo establecido en dicho acto, aquel debe acreditar mensualmente su incapacidad laboral para seguir percibiendo la pensión.

Y así mismo, subrayó que, no obstante esa condición, resultó elegido como Concejal de Malambo para el período 2016-2019 por el partido Cambio Radical.

Según el demandante, el acto de elección enjuiciado viola los artículos 139, 275.5 del CPACA y 51.c de la Ley 136 de 1994 en tanto recae sobre una persona que no cumple con los requisitos de elegibilidad.

Lo anterior, debido a la enfermedad mental que padece y que “… lo mantiene en incapacidad absoluta…” según lo previene el acto de reconocimiento pensional, además de no permitirle “… llevar una vida laboral adecuada o normal y mucho menos si se trata de la representación de la comunidad en una función de coadministración para lo que se requiere estabilidad emocional, lucidez, y madurez emocional que no tienen quienes la sufren.”

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto de 31 de marzo de 2016, negó la medida cautelar solicitada.

El apoderado de la parte demandada contestó la demanda en forma extemporánea. En dicho escrito expuso que en ese momento su prohijado ya no presentaba problemas de salud y que en 1999 una autoridad judicial consideró que no era interdicto.

La fijación del litigio se hizo en los siguientes términos: 

“… se contrae a determinar si es procedente o no la declaratoria de nulidad del acto de elección del señor Rafael Eloy Orozco Torres, como Concejal del municipio de Malambo (Atlántico) para el período 2016-2019, (…) según el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y/o si reunía o no las calidades y requisitos constitucionales y legales para resultar elegido en la referida dignidad política, por encontrarse, según se afirmó en la demanda, incapacitado de manera permanente, por un trastorno mental, denominado esquizofrenia, patología que, se sostuvo, le fue diagnosticada el día 27 de junio de 1983, de acuerdo a dictamen médico emitido por el Departamento de Medicina de la extinta empresa Puertos de Colombia – Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla. (…)”

En su alegato de conclusión el apoderado de la parte actora enfatizó que si el demandado recuperó la salud, debió informar tal situación a la entidad de pensiones para no incurrir en una “… inmoralidad administrativa”, que resulta todavía más reprochable para un servidor público, que no podía presentarse a elecciones sin haber renunciado a la referida pensión.

El Procurador 117 Judicial II Administrativo de Barranquilla solicitó tener por no probadas las súplicas de la demanda, luego de advertir que no media interdicción judicial, sino un reconocimiento “… en sentido laboral”, proveniente de algún jurista, que para los fines de este proceso se ve desdibujado con los actos de campaña y los discursos propios de la arena política que debió exteriorizar el hoy concejal.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en fallo de 16 de septiembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda, luego de descartar que el demandado presentara en la actualidad la condición patológica que se le endilga; e inmediatamente, destacó que la calificación de invalidez para efectos pensionales no es definitiva, pues, al tenor del artículo 44 de la Ley 100 de 1993, está sujeta a revisiones periódicas.

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que pidió que se revocara la decisión del a quo, y se atendieran las súplicas de la demanda.

El Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado pidió confirmar la sentencia de primera instancia. Para ello, afirmó que unas son las “calidades y requisitos” y las “incompatibilidades”, de las que nada se dijo; y otras, las “inhabilidades” a las que acude el actor.

Seguidamente señaló que la invalidez alegada por el recurrente no está consagrada como causal de inhabilidad, en los términos que pretende, y que, en todo caso, no está probada la interdicción, a efectos de asimilarla, en el mejor de los casos, al supuesto consagrado en el artículo 40.1 de la Ley 617 de 2000, teniendo en cuenta el fallo de 1999 que negó la solicitud de interdicción elevada en contra del hoy demandado; así como tampoco una eventual falta de las calidades consagradas en el artículo 42 de la Ley 136 de 1994 para ser concejal.”

También descartó que el artículo 51.c de la Ley 136 de 1994 (La incapacidad física permanente)  pudiera ser tomado como una inhabilidad, pues, a su juicio, lo que allí se prevé es una contingencia propia del ejercicio del cargo.

Finalmente, añadió que lo concerniente a la situación pensional del demandado y sus posibles irregularidades no es un asunto que deba ser tratado por el juez de lo electoral.

Al resolver el recurso de apelación formulado por el demandante contra la sentencia del Tribunal, el Consejo de Estado empezó por precisar que esa Corporación se abstendría de examinar si el comportamiento del demandado conllevaba un enriquecimiento ilícito (art. 412 C. Pe) o si se quebrantó el principio de moralidad; 

“Lo anterior, por cuanto se trata de aspectos que no fueron planteados en la demanda y que tampoco se subsumen en la fijación del litigio plasmada en la audiencia inicial de este proceso.”

Acogiendo las razones expuestas por  el Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, complementadas con sus propias consideraciones, las cuales pueden ser consultadas  en la sentencia fuente de este comentario, el Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal, no sin advertir previamente que: para el caso de los concejales, las inhabilidades se encuentran consagradas expresamente en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y en el artículo 38 de la Ley 734 de 2002,  las cuales no contemplan como tal la situación aducida por el demandante.” 

Quien desee profundizar en el tema puede consultar la Sentencia con Radicación número: 08001-23-33-000-2015-00820-01 del 15 de diciembre de 2016 C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez B. – Consejo de Estado – Sección Quinta.

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2 Opiniones
  1. Jose Villa dice:

    Para recibir la pensión, ESTA LOCO DE REMATE, pero para recibir el salario de consejal, SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES DE SALUD, Y NO ESTA LOCO. Claro está que cuando incurra en un “TORCIDO” como consejal, DE INMEDIATO PARA EFECTOS DE SER JUZGADO Y DECLARADO INOCENTE VOLVERA A ESTAR LOCO DE REMATE Y SIN SER CONCIENTE DE QUE, LO QUE ESTABA HACIENDO ERA UN “TORCIDO”.

  2. Jose Villa dice:

    Doctor Riobó, le tengo una pregunta que nada tiene que ver con su presente editorial:

    Mi pregunta tiene relación es con el contrato de trabajo de servicio doméstico (en casas de familia) y la seguridad social que anteriormente se denominaba, OCUPACIONAL y que ahora toca adaptarla a los términos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1 de junio de 2017 y que en dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de tal sistema.

    Ese complicado embeleco rige para el lugar de trabajo de las empleadas del servicio doméstico?
    El CONSIDERANDO del decreto 052 del 12/01/2017 comienza diciendo: “TODOS LOS EMPLEADORES PUBLICOS Y PRIVADOS”, y de hecho los contratantes del servicio doméstico son EMPLEADORES PRIVADOS Y CABEN DENTRO DE ESA CONCEPCION DE “TODOS”.
    Claro está que en el artículo 1. bajo el título “DECRETA”, en el cuadro de fases de implementación, en aparte de la “EVALUACION INICIAL”, solo se refiere a empresas, sin excluir a ninguna, así sea minimicro, no veo en el decreto ninguna alusión a que los HOGARES donde se realiza el trabajo doméstico, quede excluido del término, “TODOS LOS EMPLEADORES PRIVADOS”.

    Es que por ejemplo, POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS QUE OFRECE SEGURIDAD EN RIESGOS LABORALES, le está enviando este tipo de documentos a los empleadores de servicio doméstico.

    Le agradezco su respuesta.

    Muchas gracias y cordial Saludo,

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