Pensión de invalidez – Sí es posible aceptar las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de estructuración

Un ciudadano formuló acción de tutela contra Colpensiones, invocando la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a una vida digna, presuntamente vulnerados por la demandada al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

En su demanda expuso los siguientes hechos:

-Que tiene 57 años de edad, y que se encuentra afiliado a Coomeva EPS.

- Que presenta un “complejo diagnóstico de hemiplejia no especificada y epilepsia crónica tipo no especificado”, razón por la cual la IPS ASALUD LTDA le calificó su discapacidad laboral con el 62.65%, con fecha de estructuración del 10 de noviembre de 1959.

- Que ha cotizado al Sistema 1066 semanas, razón por la cual solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

  • Que Colpensiones le negó la pensión de invalidez bajo el argumento de que para la época de estructuración “dicho riesgo no se encontraba asegurado, circunstancia que impide se le pueda reconocer la prestación solicitada”, lo que en su parecer es imposible, toda vez que la fecha de estructuración coincide con su fecha de nacimiento.
  • Que está desempleado debido a la discapacidad y condición de debilidad en que se encuentra, lo que afecta su derecho al mínimo vital y a su vez le impide procurarse la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda.
  • Que de conformidad con lo anterior, solicita que se ordene a Colpensiones reconocerle y pagarle la pensión de invalidez.

El Juzgado negó el amparo solicitado aduciendo varias razones, entre ellas que el accionante no hizo uso de los recursos ordinarios en sede administrativa contra la fecha en que se tuvo por estructurada su invalidez.

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia señalando que  no cuestionó la calificación por cuanto su desacuerdo no tuvo como origen la fecha de estructuración que le fue asignada a su pérdida de capacidad laboral en el dictamen de invalidez. Aclaró que su verdadera y única pretensión es que se le reconozca y pague la pensión de invalidez, teniendo en cuenta lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El Tribunal  confirmó la decisión del a quo  tras considerar extemporánea la acción, y señaló que el retardo revela que la vulneración de los derechos invocados no es actual ni inminente y tampoco grave.

La sentencia del Tribunal fue seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión.

Al efectuar el estudio correspondiente la Corte rememoró lo expresado por ella en las sentencias T-699A de 2007,  T-710 de 2009 y T-043 de 2014, en las que señaló:

“Así, cuando las personas hayan sido calificadas con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, derivada de una enfermedad de carácter congénito, degenerativo o crónico, deberá tenerse en cuenta su estado de salud y establecerse como fecha de estructuración el momento a partir del cual efectivamente no pudieron volver a trabajar o cotizar, toda vez que establecer como fecha el momento en el cual apareció el primer síntoma podría ser vulneratorio de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, por cuanto se desconocerían las cotizaciones efectuadas al sistema con posterioridad a la fecha de estructuración.

(…)

“Existen casos en los que la fecha en que se pierde la aptitud para trabajar, es diferente a la fecha en que comenzó la enfermedad u ocurrió el accidente que causó ésta mengua. Lo anterior se presenta, generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas, que al ser estos padecimientos de larga duración, su fin o curación no puede preverse claramente, degenerativas o congénitas por manifestarse éstas desde el nacimiento, en donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina.

Frente a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que los órganos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral, es decir las Juntas de Calificación de Invalidez, establecen como fecha de estructuración de la invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva superior al 50 %, tal y como establece el Manual Único para la calificación de la invalidez – Decreto 917 de 1999-.

Esta situación genera una vulneración al derecho a la seguridad social de las personas que se encuentran en situación de invalidez y han solicitado su pensión para conjurar este riesgo, por cuanto, en primer lugar, desconoce que, en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, la pérdida de capacidad laboral es gradual y por tanto la persona que sufre de alguno de este tipo de padecimientos puede continuar desarrollando sus actividades […].

En este orden de ideas, cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá establecer como fecha de estructuración de la invalidez el momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y permanente su capacidad laboral igual o superior al 50% y a partir de ésta verificar si la persona que ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable para el caso concreto”.

Y en la sentencia T-483 de 2014, esta Corporación concluyó que “una persona que haya nacido con discapacidad y, pese a ello haya laborado y cotizado al sistema por varios años, no puede ser considerada inválida desde su nacimiento, si se constata que se afilió al sistema de seguridad social en pensiones y en razón de su capacidad laboral residual ha aportado al sistema un número relevante de semanas.”

“(…) la Corporación ha evidenciado la necesidad de modificar la fecha de estructuración conexa al nacimiento, reemplazándola por la fecha del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, por la última cotización efectuada o, incluso, por la fecha de solicitud del reconocimiento pensional, como quiera que el sujeto en condición de discapacidad desarrolló labores remuneradas y efectuó sus aportes al sistema en pensiones con posterioridad a la fecha de estructuración.

De acuerdo con lo expuesto y conforme al problema jurídico por resolver, que consiste en determinar si es posible reclamar una pensión de invalidez cuando con posterioridad a la fecha de estructuración se realizaron y recibieron las cotizaciones al sistema de seguridad social y no antes, esta Sala concluye que sí es posible aceptar las cotizaciones efectuadas al sistema de seguridad social en pensiones con posterioridad a la fecha de estructuración.

Finalmente la Corte revocó la sentencia del Tribunal, concedió el amparo solicitado y le ordenó a Colpensiones que dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia, reconociera y pagara en forma definitiva la pensión de invalidez a favor del accionante.

Ver Sentencia T-716 del 15 de diciembre de 2016, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

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