Pensión de sobrevivientes a favor del cónyuge – No procede si ha habido separación de hecho y liquidación de la sociedad conyugal

El tema de la pensión de sobrevivientes no ha sido ni pacífico ni concluyente. Y decimos que no ha sido pacífico porque el debate siempre  ha estado presente. Y no ha sido concluyente porque la ley y la jurisprudencia no lo han permitido, dadas las continuas modificaciones  que le ha introducido el legislador a la figura y  los frecuentes cambios de doctrina que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Como la falta de tiempo y espacio nos impide hacer aquí y ahora un amplio recorrido histórico por el camino que ha transitado la figura desde cuando fue incorporada a la legislación, nos vemos forzados a tener que aplazar esa interesante tarea para una futura ocasión, y limitarnos, por ahora, a  mostrar cómo opera actualmente la sustitución de la pensión.

Obrando de manera consecuente con nuestro estilo,  vamos a utilizar un caso de la vida real para mostrarles a los lectores la realidad actual. Veamos:

La señora María Carlina Sierra de Zapata contrajo matrimonio católico con el señor Gilberto Zapata Isaza (q.e.p.d.) el 13 de mayo de  1936, del cual nacieron ocho hijos.

Doña Carlina dedicó su vida a las labores propias del hogar, es decir, que dedicaba su tiempo, actividad física e intelectual al cuidado de sus ocho hijos, en especial al de su hija Carmen Lucrecia Zapata Sierra quien padecía una discapacidad y, además, en atender a su esposo el señor Gilberto Zapata Isaza, quien se encargaba de todos los gastos del hogar: alimentación, vivienda, servicios públicos, salud y recreación.

Por medio de la escritura pública, el 4 de diciembre de 1989 don Gilberto y doña María Carlina disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal. Así, la convivencia se dio en forma exclusiva y singular entre el 13 de mayo de 1936 hasta el mes de diciembre de 1989, o sea, durante 53 años.

Mediante Resolución del 12 de abril de 1994 le fue reconocida la pensión de jubilación  a don Gilberto por parte del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, la cual disfrutó hasta el 4 de mayo de 2009, fecha en que falleció.

A través de Resolución 0970 de 18 de septiembre de 2009 les fue reconocida la sustitución de la pensión de jubilación de don Gilberto a favor de su compañera permanente Luz Margarita Rodríguez Viloria y de sus hijos Fabián, Valentina y Carmen Lucrecia. Los dos primeros nacidos durante  la unión marital de hecho de don Gilberto y Luz Margarita, y la tercera, o sea, Carmen Lucrecia Zapata Sierra, hija del matrimonio del causante,  quien se hallaba en situación de discapacidad.

Se advierte que don Gilberto y su esposa María Carlina nunca tramitaron la cesación de efectos civiles del matrimonio católico (dicho en términos impropios, nunca se divorciaron), razón por la que su vínculo marital estuvo vigente hasta la fecha del fallecimiento de don Gilberto.

El 8 de mayo de 2011 falleció Carmen Lucrecia, quien como se indicó arriba,  presentaba discapacidad, con lo cual se acrecentó el valor de la mesada pensional de los demás pensionados.

En vista de lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la esposa supérstite de don Gilberto demandó la Resolución a través de la cual se sustituyó la pensión de jubilación del citado señor; al igual que Resolución por medio de la cual se confirmó esa Resolución,  y el Oficio mediante el cual la Subdirectora de Prestaciones Económicas del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor, pues consideraba que tenía derecho a ésta dada su calidad de cónyuge supérstite de don Gilberto, desde el 5 de mayo de 2009 con los correspondientes intereses moratorios o en su defecto la indexación.

El a quo (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,) mediante sentencia de 30 de octubre de 2014 negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Consideró que del contenido del último aparte del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y la interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia C-336 de 2014, es claro que el cónyuge supérstite que se separó de hecho del causante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, únicamente si manutuvo la sociedad conyugal y, además, acredita el cumplimiento de 5 años de convivencia con anterioridad a la última unión marital de hecho.

Dijo así mismo que no hay duda de que cuando la norma se refiere a la sociedad conyugal vigente, hace referencia a los efectos patrimoniales del matrimonio. Entonces el cónyuge supérstite que se separó de hecho del causante y mantiene el vínculo jurídico del matrimonio, pero liquidó y disolvió la sociedad conyugal, no tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional, puesto que desaparece uno de los requisitos para acceder al derecho.

Expresó, en cuanto al caso en concreto, que si bien se demostró a través de diferentes medios probatorios que la señora María Carlina Sierra de Zapata convivió con el señor Gilberto Zapata Isaza durante más de 50 años continuos desde el año 1936 hasta 1989 con lo cual se acreditaría los 5 años de convivencia con el causante, no se puede desconocer que no se cumplieron con las condiciones dadas en el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, toda vez que al momento del fallecimiento del causante no se encontraba vigente la sociedad conyugal, porque ésta fue disuelta y liquidada de común acuerdo mediante escritura pública 3.314 de 4 de diciembre de 1989 de la Notaría Novena de Medellín.

Y concluyó que desde el año de 1989 y hasta el momento del fallecimiento del causante, la demandante no formó parte del núcleo familiar del señor Gilberto Zapata Isaza, puesto que no continuó entre ellos la vocación de permanencia, afecto, solidaridad y socorro mutuo que caracterizan a la familia conforme al artículo 42 de la Constitución Política.

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, manifestando que la Corte Suprema de Justicia ha considerado que se le debe otorgar el derecho a la pensión de sobrevivientes al cónyuge en los casos de convivencias no simultáneas cuando el vínculo matrimonial se encuentra vigente para el momento del fallecimiento y se acredita la convivencia con el causante por el quinquenio en cualquier tiempo o basta que la sociedad conyugal no se haya liquidado.

Al término del estudio realizado por el Consejo de Estado, la Corporación resolvió confirmar la decisión del Tribunal.

Dijo el Consejo:

“… Así pues, el hecho de que las personas que conforman un matrimonio se separen de hecho y además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los demás efectos civiles del matrimonio católico como lo es el estado civil de la persona, son causales suficientes para perder aquél derecho que le otorga la Ley 100 de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se refiere, por cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial que alguna vez conformaron.

Sin embargo, el Consejo aclaró que el cónyuge supérstite que ha liquidado la sociedad conyugal puede tener derecho al reconocimiento de la mencionada prestación, si demuestra la convivencia efectiva, el apoyo mutuo, la comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años anteriores a la muerte del pensionado o afiliado.

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