Pensión especial de vejez por hijo discapacitado – La ley no exige dependencia económica exclusiva del discapacitado con respecto al progenitor que reclama la pensión

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para el otorgamiento de este beneficio la situación de la madre trabajadora no se asimila a la de madre cabeza de familia.

Algunos lectores nos han preguntado que si para reclamar la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad es indispensable que quien la reclame no tenga pareja, o que si la tiene no reciba ninguna ayuda de ésta. O sea que el hijo dependa exclusivamente de quien persigue la pensión.

Pues bien, en días pasados la Corte Suprema de Justicia se ocupó de este tema al resolver sobre  una demanda de casación formulada por el apoderado de la madre de una menor discapacitada, a quien el juez y el Tribunal le habían negado la pensión especial de vejez de que trata el parágrafo 4º del artículo 9 de la ley 797 de 2003, tras considerar que no tenía derecho a tal beneficio porque, si bien la menor dependía económicamente de la reclamante, esa dependencia no era exclusiva, pues el padre de la niña ocasionalmente le colaboraba con alguna ayuda para el sostenimiento de ésta.

Para negar la pensión en comento, los jueces de las instancias consideraron que aunque los demás requisitos que exige la ley para el otorgamiento de la pensión estaban cumplidos, no ocurría lo propio con el de la dependencia económica, pues en su opinión ésta tenía que ser total con respecto a la progenitora que reclamaba la jubilación, toda vez que para esos efectos la condición de madre trabajadora se equiparaba a la de madre cabeza de familia,  expresión ésta que a voces del punto 1.3 del artículo 1 del Decreto 190 de 2003 corresponde a:

«Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada»

(He subrayado y puesto en negrillas).

Pues bien,  el parágrafo 3 del art. 9 de la ley 797 de 2002, que estableció la pensión especial en análisis, dice textualmente:

La madre trabajadora cuyo hijo (menor de 18 años) padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo.

Aquí vale hacer un paréntesis para aclarar que la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-227 de 2004 declaró inexequible la expresión “menor de 18 años”, tras considerar que esa limitación constituía una discriminación inaceptable. Precisó la Corte que el hecho de que el discapacitado cumpla la mayoría de edad no altera para nada la necesidad que le asiste a éste de contar con la ayuda y compañía de la madre o del padre, según sea el caso. Más tarde, la Corte expidió la sentencia  C-989 de 2006 en la cual señaló que este beneficio pensional se hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapacitados y que dependan económicamente de él.

Como puede advertirse con la simple lectura de la norma transcrita (Parágrafo 3º del artículo 9º de la ley 797 de 2003), ésta no incluye en ninguna parte la condición de que la dependencia deba ser absoluta, razón por la cual los jueces no podían establecer tal requisito.

En su sentencia la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema puntualizó  lo siguiente:

“(…) le corresponde establecer a la Sala, si el juez de segundo grado se equivocó al señalar que la condición de madre cabeza de familia se erige como una exigencia para acceder a la pensión especial de vejez.

(…)

Y más adelante recordó que: 

“Tal beneficio especial, se otorga con el fin de que la madre o el padre de un hijo con un grado alto de vulnerabilidad, pueda compensar mediante el cuidado personal sus insuficiencias y colaborarle en el proceso de rehabilitación. Así pues, esta prestación tiende a favorecer a las personas afectadas por una minusvalía, quienes dentro del sistema jurídico colombiano merecen una especial protección conforme lo ordenan las disposiciones constitucionales y lo imponen las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia al suscribir tratados como la Convención Interamericana sobre los Discapacitados, aprobada mediante la Ley 762 de 2002.

Y posteriormente concluyó:

Entonces, la falta de la condición de madre cabeza de familia, no puede erigirse como un elemento constitutivo de marginación para acceder a la prestación reclamada, cuando, por lo visto, los hijos menores e inválidos, por ley dependen económicamente de sus dos progenitores, y precisamente, la pensión especial propende porque uno de ellos pueda dedicarse al cuidado de su descendiente inválido, sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia no solo del discapacitado sino de su padre o madre según el caso.

Por eso, resulta claro que ese derecho también está ligado a otras garantías fundamentales como el mínimo vital, alimentos y seguridad social.

“(…)

De lo anterior, se tiene que la errada interpretación que hizo el juez de apelaciones del parágrafo 4 del artículo 9, inciso 2 de la Ley 797 de 2003, lo llevó a concluir que la demandante no era beneficiaria de la prestación que dicha normativa incorpora, en la medida que no probó su condición de «madre cabeza de familia», requisito que como quedó visto, no se encuentra inmerso en dicha disposición.

Así pues, para acceder a la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad no es indispensable que la mujer tenga a su cargo en forma exclusiva el sostenimiento de su hijo discapacitado, ni que esté sin marido y mucho menos que éste no pueda trabajar y obtener ingresos económicos para el sostenimiento del hogar, pues por ley todo padre está obligado a contribuir con el sostenimiento de sus hijos.

Quien desee conocer mayores detalles sobre el tema puede consultar la sentencia SL17898-2016, Radicación n.° 47492, Acta 45, M.P. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

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