Pensión sanción en el contrato de trabajo realidad

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«El Tribunal consideró que para su reconocimiento bastaba la condición de no afiliado a la seguridad social en pensiones, tener más de 10 años de antigüedad y haber sido despedido sin justa causa, o existir razones para el despido indirecto.»

Por razones que en algunos casos van desde el desconocimiento de la ley hasta la mala fe,  algunos empresarios vinculan a sus colaboradores a través de contratos que aparentan ser de carácter civil o comercial (de prestación de servicios, por ejemplo), pero que en su ejecución se expresan como auténticos contratos de trabajo.

Cuando terminan dichos contratos y sobrevienen las demandas por el no pago de las prestaciones sociales a que había lugar dada la naturaleza jurídica del contrato ejecutado, esos empleadores inicialmente tratan de  defenderse de las condenas  que amenazan sus patrimonios, negando la existencia de la relación laboral, y terminan aduciendo que en todo caso obraron de buena fe pues siempre los acompañó la convicción íntima de que la relación era civil o comercial. Ese argumento les ha servido a muchos empleadores para librarse de la indemnización moratoria, que como se sabe exige que haya habido mala fe del patrono.

Sin embargo, en el caso que vamos a comentar a continuación la empresa demandada fracasó en ese empeño y debió asumir una cuantiosa condena, dado que fue obligada a cancelar a la demandante la compensación en dinero de las  vacaciones no disfrutadas, el auxilio de cesantías, los intereses sobre las cesantías, los salarios adeudados, la indemnización por despido, la prima de servicios, horas extras, dominicales y festivos, la indemnización moratoria, y  la pensión sanción.

Requisitos para acceder a la pensión sanción

Enseguida les presentamos a los lectores un resumen de la sentencia.

La señora Nancy Osorio demandó a Transportes (…) S.A., para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo desde el 18 de octubre de 1986 hasta el 23 de julio de 2007.

Pidió condena por concepto de cesantías, intereses, vacaciones, primas de servicio, recargos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos de los 3 últimos años, (…) la indemnización por terminación del vínculo laboral por causa imputable a la demandada, la indemnización moratoria del Art. 65 del C. S. del T., la indemnización por la no consignación oportuna del auxilio de cesantías, el reintegro de los dineros objeto de retención en la fuente aplicada por la demandada, la pensión sanción del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo y la indexación de las condenas.

Adujo que el 18 de octubre de 1986 fue contratada verbalmente por el gerente, como taquillera en Puerto López, con un salario equivalente al 20% de los pasajes vendidos y el 40% de las remesas, hasta el final de la relación laboral.

Señaló que su jornada de trabajo iba de las 4:30 a.m. y se prolongaba hasta las 6 p.m., todos los días de la semana, incluso dominicales y festivos, en la que desempeñaba, entre otras labores, las de asear las dependencias, vender pasajes y remesas, despachar taxis y busetas, diligenciar conduces y guías, envío de correspondencia y diligencias en el banco.

Contó que el 26 de mayo de 2007 fue suspendida del cargo que desempeñaba, con fundamento en un supuesto incumplimiento, en ejecución de un contrato de agenciamiento que no existió; que el 19 de junio de 2007, se le convocó a presentarse en el lugar donde laboraba, pero no le informaron cuándo se le iban a pagar los salarios desde la suspensión de sus funciones; y que por ello «el 23 de julio de 2007, renunció al cargo que venía desempeñando, por causas imputables a la demandada».

Afirmó que a esa fecha los conceptos reclamados no habían sido pagados, y que había cumplido los requisitos para disfrutar la pensión sanción.

La demandada negó la existencia de la  relación laboral y en tal virtud se opuso a las pretensiones de la demanda. Adujo que el vínculo jurídico que se dio entre las partes fue de carácter civil o comercial pero no laboral.   

En la sentencia el Juzgado declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo con vigencia entre el 18 de octubre de 1986 y el 23 de julio de 2007 y condenó a la empresa a pagarle a la trabajadora  los conceptos arriba relacionados, salvo la pensión sanción, pero le ordenó consignar a favor del ISS el valor de los aportes para pensión dejados de pagar.

 Como ambas partes apelaron la sentencia el asunto subió al Tribunal.

Al resolver la apelación el Tribunal modificó el fallo del Juzgado y condenó a la demandada a pagar la pensión sanción a partir del 20 de marzo de 2013, en cuantía del salario mínimo legal vigente, así como las mesadas de junio y diciembre. La confirmó en lo demás.

El Tribunal sustentó su decisión aduciendo que en «materia de contratación laboral, prevalece la realidad sobre cualquier apariencia o formalismo con que se le quiera encubrir».  Y  estimó que una vez acreditada la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario, existe el contrato de trabajo y no deja de serlo, porque se le asigne otra denominación.

Contrato de trabajo realidad

Señaló que la presunción contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, según la cual toda relación de trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo, “se ha estatuido con el fin de impedir que los empleadores hagan uso de su poder y predominio económico para hacer aparecer la relación contractual laboral como de diferente naturaleza, todo con el fin de evadir el cumplimiento de las cargas salariales, prestacionales y de seguridad social establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en las normas de Seguridad Social.”

Del análisis de los testimonios recaudados dedujo que entre la demandante y la empresa existió un contrato de trabajo y no una relación de carácter comercial.

En relación con la pensión sanción, estimó que «para su reconocimiento, se requiere que el demandante no hubiera sido afiliado al sistema de pensiones, por omisión del empleador, que tenga un número de años y sea despedido sin justa causa; agregó que tenía razón el juzgado al establecer que había existido razones para declarar el despido indirecto y que ello era suficiente para que saliera avante la pensión demandada; que se acreditaron los elementos necesarios para acceder a esa prestación, dado que laboró más de 20 años, sin afiliación a seguridad social en pensiones, fue despedida en forma indirecta, por causa imputable a la empresa y para el momento de la terminación del vínculo contaba 44 años de edad, por lo cual la demandada debe pagar la pensión sanción a partir del 20 de marzo de 2013, fecha en que cumpliría la actora 50 años de edad, en los términos de los artículos 267 del Código Sustantivo del Trabajo y 133 de la Ley 100 de 1993.» (Resumen hecho por la Sala de Casación Laboral de la C.S. de J.)

Fijó el valor de la pensión en el equivalente al salario mínimo legal y, como  el valor a recibir no superó los 3 salarios mínimos legales mensuales, en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que la demandante tenía derecho a las mesadas adicionales de junio y diciembre. 

La empresa interpuso el recurso de casación, pero la Corte compartió los argumentos del Tribunal y por tanto dejó en firme la sentencia recurrida.

(Sentencia SL4396-2018, Rad. No. 55307 de oct. 10 /2018 M.P. Dr. Jorge Prada Sánchez).

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