Las pensiones seguirán incrementándose anualmente con base en la variación porcentual del IPC

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Corte Constitucional dice que el apartado del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que ordena incrementar las pensiones según la variación del costo de vida, es ajustado a la Constitución Nacional.

Para empezar vale la pena recordar que antes de que se expidiera la ley 100 de 1993 las pensiones se reajustaban anualmente con el mismo porcentaje con que se  incrementaba el salario  mínimo legal mensual.

En efecto, el tema lo regulaba el artículo 1º de la ley 71 de 1988 en los siguientes términos:   

“Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la ley 4a. de 1976, (de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales), las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. 

O sea, que en este aspecto la expedición de la ley 100 le significó a los pensionados, de entrada, dos francos retrocesos: por una parte, a la vez que incrementó el valor de los aportes a salud (que pasó del 3.96% al 8% y luego al 12%), dejó a cargo de éstos el pago del valor total de los aportes;  y por la otra,  les desmejoró el porcentaje de incremento anual de las pensiones que dejó de hacerse con base en la variación del salario mínimo y pasó a hacerse con fundamento en la variación del IPC. Y decimos que hubo desmejora por cuanto en el salario mínimo se incrementa en un porcentaje superior al de la variación del IPC.

Pues bien, por considerar que el mecanismo dispuesto por la ley 100 para incrementar las pensiones vulnera lo ordenado en el Preámbulo y en los artículos 48 (inciso 6°), 53 (incisos 2°,3° y 5°), 334 y 366 de la Constitución Política, pues contradice tanto la obligación del Estado de mantener el poder adquisitivo constante de las pensiones, como el derecho de los pensionados de que las pensiones mantengan el poder adquisitivo constante, el ciudadano Humberto de Jesús Longas Londoño le solicitó a la Corte Constitucional que declarara inexequible el apartado del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 que es el que contempla dicha modalidad de incremento pensional.

Adujo y sustentó en su demanda el actor, que el mejor método para el reajuste de las pensiones es el que tiene en cuenta la equivalencia de la pensión con el salario mínimo legal mensual.

Señaló que con el método elegido por el legislador en la norma demandada “las pensiones experimentan pérdida de poder adquisitivo”, o sea que “no mantienen el poder adquisitivo constante”, en tanto que “el ajuste de las pensiones por el Índice Acumulado de Precios al Consumidor para la vigencia actual del pago de las pensiones es superior”.

En resumen, en la demanda se concluye: a) que el “reajuste de las pensiones por la variación porcentual del IPC del año inmediatamente anterior, no es un método de medición del poder adquisitivo de las pensiones que lo mantenga permanente, como lo requiere el artículo 48 inciso 6° de la Constitución Política;   b) que “el reajuste de las pensiones según las normas demandadas, implica la reducción de la mesada pensional, por el deterioro de las pensiones reajustadas, al disminuirse la capacidad para obtener bienes y servicios; o sea, por la disminución del poder adquisitivo de la primera mesada pensional; y, c) que todo lo anterior supone “un desmejoramiento de la calidad de vida de los pensionados” 

Y con base en esa consideraciones, el demandante solicitó a) que se declarara la inexequibilidad del texto demandado, y b) que se indicara que lo más favorable para el pensionado es “la medición del poder adquisitivo constante de las pensiones por el método de medición de la equivalencia de las pensiones en relación con el Salario Mínimo Legal Vigente”, eso sí, “respetando la pensión mínima y la pensión máxima legal”.

Al término de su estudio la Corte concluyó básicamente que “el constituyente impuso al legislador el deber general de actualizar el monto de las pensiones para que fuesen consistentes con el fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, pero no impuso un modelo específico de actualización, motivo por el cual el Congreso cuenta con un amplio margen de configuración para fijar las fórmulas específicas a través de las cuales se materializa este deber genérico, sin que se encuentre obligado a acoger un esquema económico que, a juicio del accionante, resulte más favorable a los intereses de los pensionados entre todos los posibles.” 

Y en tal virtud resolvió declarar exequible el apartado del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 de conformidad con el cual las pensiones “se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior”, por el cargo relativo a la vulneración del artículo 48 de la Constitución Política.

(Ver Sentencia C-435/17. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez)

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2 Opiniones
  1. Joros26 Dice:

    Que decir de los pensionados de los fondos privados de pensiones, cito el caso de Protección, para una persona que tiene una mesada de casi 2 (DOS) salarios mínimos, en el 2017 le aumentaron $46.000 y en el 2018 el aumento fue de $33.000. Es una vergüenza, la pérdida de poder adquisitivo para los pensionados de estos fondos es mortal, además a estos descarados hay que pagarles por la administración.

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  2. HERMANN MORA TORO Dice:

    Dr. Alonso Riobó Rubio.Cordial saludo.
    Favor concederme una cita en su oficina para una asesoría en pensiones, para el viernes 1º de junio_2018. Favor responder al correo hmora52@gmail.com Gracias.

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