Personas jurídicas también pueden recurrir a la acción de tutela

Aunque la acción de tutela es utilizada básicamente por personas naturales, también puede ser utilizada por personas jurídicas en la medida que también las personas jurídicas ejercen derechos considerados fundamentales, luego, en la medida en que estos derechos sean vulnerados, pueden las personas jurídicas recurrir a la figura excepcional de  la acción de tutela.

Sobre el respecto ha dicho el Consejo de estado en sentencia del 23 de noviembre de 2009, expediente 11001 03 15 000 2009 01074 00(AC).

(…) Teniendo en cuenta que la actora de tutela es una persona jurídica, es preciso dilucidar la posibilidad que le asiste para solicitar mediante acciones constitucionales como la sub lite, la protección de sus derechos fundamentales en los términos del artículo 86 de la Constitución Política.

En  concordancia con lo indicado la Corte Constitucional, la naturaleza propia de las mismas personas jurídicas, la función específica que cumplen y los contenidos de los derechos constitucionales, conducen necesariamente a que no todos los que se enuncian o se derivan de la Carta en favor de la persona humana les resulten aplicables. Pero, de los que sí lo son y deben ser garantizados escrupulosamente por el sistema jurídico en cuanto de una u otra forma se reflejan en las personas naturales que integran la población, la Corte Constitucional ha destacado derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la información, el habeas data y el derecho al buen nombre, entre otros.

En conexidad con ese reconocimiento, las personas jurídicas tienen todas, sin excepción, los enunciados derechos y están cobijadas por las garantías constitucionales que aseguran su ejercicio, así como por los mecanismos de defensa que el orden jurídico consagra. De allí que son titulares no solamente de los derechos fundamentales en sí mismos sino de la acción de tutela para obtener su efectividad cuando les sean conculcados o estén amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. (…)

Es claro entonces que toda persona jurídica tiene la posibilidad de recurrir a la acción de tutela en caso de que sus derechos fundamentales le sean vulnerados.

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