Las personas privadas de la libertad que estén afiliadas al régimen contributivo pueden conservar los servicios de salud contratados, trátese de cotizantes o beneficiarios

Antes de la expedición del Decreto 1142 de 2016 eso no era posible. 

La señora Rosa Isbelia Gualdrón obrando en representación de su hijo Manuel Fernando Londoño Gualdrón formuló demanda de tutela en contra del INPEC y otros por la posible violación de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas.

En la demanda la accionante relató los siguientes hechos:

-Que es la guardadora definitiva de su hijo en virtud de que, mediante providencia judicial, lo declararan interdicto por demencia.

-Que su representado es beneficiario del 50% de la sustitución pensional de la mesada que gozaba su padre y, como consecuencia de ello, realizó aportes a salud por intermedio de la Nueva EPS desde el año 2009, entidad que, de manera continua, le suministró el tratamiento que su enfermedad psiquiátrica demandaba.

-Que debido a que el señor Londoño Gualdrón incurrió en un delito, fue condenado y, que actualmente se encuentra cumpliendo una pena de reclusión domiciliaria en la Casa del Alfarero.

-Que al principio de su detención domiciliaria estuvo recibiendo los servicios médicos que de tiempo atrás le venía prestando la Nueva EPS, pero que en aplicación del Decreto 2245 de 2015, le fue suspendido su tratamiento, por cuanto lo retiraron de tal entidad para vincularlo al modelo de atención en salud asignada por el Estado para la población reclusa, lo cual le ha ocasionado al interno serias complicaciones en su cuadro de salud y la violación de sus derechos fundamentales toda vez que no le es proporcionado el tratamiento que de tiempo atrás le era suministrado, lo cual ha agravado su padecimiento. Y

-Que en vista de lo anterior solicitó al INPEC, en forma escrita, que el recluso fuera retirado del nuevo modelo impuesto, que pero su petición le fue negada con el argumento de que era obligatorio dar aplicación al Decreto 2245 de 2015. Decisión administrativa con la que se encontró inconforme y, por ende, acudió al recurso de amparo.

El INPEC contestó la demanda señalando que esa no tiene la competencia para  asumir la prestación del servicio de salud de las personas privadas de la libertad, agregó que la contratación de los prestadores de salud es competencia del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, y pidió no tutelar los derechos fundamentales cuestionados y, en consecuencia, que se requiriera y exhortara a la USPEC y a la Fiduprevisora S.A., para que le brinden el tratamiento pretendido por el interno.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC señaló que la encargada de adelantar los trámites ante la entidad prestadora del servicio correspondiente es el INPEC, en tanto que este debe asegurar que los reclusos tengan el cubrimiento en salud necesario. Y que la asistencia en salud para la población privada de la libertad, la presta directamente Caprecom EPS, en liquidación, en asocio con el consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015.

La Nueva EPS contestó que desde el momento de afiliación del usuario le han suministrado todos los servicios médicos que ha requerido, siempre y cuando, la prestación de los mismos se encuentre dentro de la órbita prestacional enmarcada en la normativa que, para efectos de la viabilidad del SGSSS, ha impartido el Estado colombiano. Agregó que a esa EPS no le correspondía realizar los procedimientos pertinentes para satisfacer la pretensión de la actora, encaminada a que su hijo sea liberado del régimen excepcional de salud. Y puntualizó que el señor Londoño debe pertenecer al régimen de excepción de acuerdo a la Resolución No. 5159 de 2015 que consagra el modelo de atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del INPEC.

El juez de primera instancia negó el amparo invocado por la demandante, señalando que no era viable recurrir a la acción de amparo a efecto de obtener la exclusión del régimen excepcional para los privados de la libertad, máxime si se tiene en cuenta que, en este caso, el recluso no se encuentra desprotegido con su transferencia al régimen especial de salud pues este fue concebido para dar cumplimiento a los fines estatales. Sin embargo ordenó que se le prestaran al interno los servicios médicos requeridos.

La demandante apeló y el Tribunal confirmó la decisión del a quo.

La Corte Constitucional seleccionó la sentencia del Tribunal para su revisión.

En su estudio la Corte encontró que “el asunto bajo revisión goza de significativa importancia en tanto que el posible afectado por el actuar reprochado es una persona considerada sujeto de especial protección por dos razones. La primera, por pertenecer a la población privada de la libertad a la que se le debe asegurar un trato digno, libre de todo tipo de violencia física, psíquica o moral y, la segunda, por cuanto es una persona en condición de discapacidad y, por ende, se le debe brindar la totalidad del tratamiento médico que demanda su enfermedad.”

Y más adelante agregó

“… para esta Corte resulta importante tener en cuenta que si bien el modelo mencionado (el propio de los reclusos) persigue el cumplimiento de mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales que procuran garantizar el acceso a los servicios de salud en condiciones de dignidad para la población privada de la libertad, lo cierto es que este debe acogerse a las directrices que en torno al tema de salud prevé la Constitución Política y la ley y que prevalecen normativamente, por regla general, sobre los decretos.”

Seguidamente advirtió la Corte que en el propósito de dar un trato más digno a las personas recluidas, se dictó el Decreto 2245 de 2015 el cual consagró un modelo de salud exclusivo para el comentado sector poblacional, dentro del que se estipuló su prevalencia sobre cualquier otro tipo de afiliación, incluso, sobre los regímenes especiales o exceptuados,  lo cierto es que, con posterioridad, fue modificada por el Decreto 1142 de 2016.

En ese sentido, no es admisible para esta Corte que con la implementación de un modelo de salud se pongan en riesgo los derechos a la vida en condiciones dignas y a la integridad del recluso, sino que, por el contrario, en su ejecución se debe dar aplicación a los postulados constitucionales y legales predicables de este derecho fundamental, tal y como lo indicó el artículo 20 de la Ley 1709 de 2014.

Por tanto, teniendo en cuenta que la reglamentación que fue expedida con posterioridad a los fallos de instancia, modificó sustancialmente el sistema de salud para la población privada de la libertad, pues permitió que los reclusos que se encuentren afiliados al régimen contributivo pueda conservar los servicios contratados con independencia de la calidad (cotizantes o beneficiarios), este Corte ordenará lo pretendido en sede de tutela.

En conclusión, la Corte ordenó que se reactivara la afiliación del señor Manuel Fernando Gualdrón a la Nueva EPS, en calidad de cotizante y se le volviera a suministrar el mismo tratamiento médico psiquiátrico que venía recibiendo, o el que requiera en la actualidad.

Ver Sentencia T-016/17 del 20 de enero de 2017 – M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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