Prescripción – Derecho que no se reclame equivale a un derecho que no existe, porque lo cubre el olvido y lo sepulta el silencio de los años

La frase que sirve de título a esta columna corresponde a una vieja doctrina extranjera citada por la Sala de Casación Civil en su sentencia No. 5208 del 11 de enero de 2000. Y la traigo a colación porque resulta muy ilustrativa del tema que hoy me propongo desarrollar: la prescripción de la acción.

El artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo establece una regla general según la cual las acciones correspondientes a los derechos regulados en dicho código prescriben al cabo de 3 años, los cuales se  cuentan desde la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo  los casos de prescripciones especiales establecidas en el código procesal del trabajo o en el mismo Código Sustantivo del Trabajo.

El estatuto procesal del Trabajo en su artículo 151 dispone igualmente que las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, y precisa que “el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”. 

En los mismos términos está consagrada la figura de la prescripción en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 103 del Decreto 1848 de 1969, los cuales, como se sabe, aplican únicamente para los servidores públicos. 

En consecuencia, la figura de la prescripción de acciones está establecida para todos los trabajadores dependientes, o sea que rige tanto para los trabajadores del sector privado como para los servidores públicos. 

Ahora bien, aunque el común de la gente suele hablar de prescripción de derechos para referirse a la pérdida de un concepto laboral cualquiera por efectos de la prescripción, vale aclarar que una cosa es la prescripción del derecho (prescripción sustantiva) y otra,  la prescripción de la acción (prescripción adjetiva). La primera tiene como efecto la extinción del derecho, mientras que la segunda no lo extingue pero permite o da lugar a que se alegue la prescripción como excepción en el proceso.

Vale la pena precisar que dentro de la legislación social colombiana no existe norma general alguna que consagre la prescripción sustantiva, pero sí está prevista la prescripción de la acción (adjetiva).

Según la ley laboral, el trabajador dispone de tres años para reclamarle al empleador el pago de los derechos que éste dejó de satisfacerle en su momento oportuno, pero la misma ley prevé también que si el trabajador  deja pasar ese término sin reclamarlos, le prescribe la posibilidad de exigirlos judicialmente. Aquí es necesario precisar que no es que el asalariado no los pueda reclamar, lo que ocurre es que en ese caso la ley habilita al empleador para que ataque ese reclamo aduciendo que al trabajador demandante ya se le venció el plazo que le concedía la ley para reclamarlos. Así pues, no es que le prescriba el derecho, sino la posibilidad de reclamarlo judicialmente. No obstante, si el empleador demandado no alega (técnicamente se diría excepciona) que la acción prescribió, el trabajador verá triunfar su reclamo porque el juez no puede decretar de oficio la prescripción toda vez que la ley no se lo permite.

De modo pues, que cuando el empleador demandado propone la excepción de prescripción lo que ataca en esos casos no es propiamente el derecho  reclamado, sino la acción.

Para finalizar esta nota conviene agregar que algunos juristas consideran que al consagrar el legislador que los 3 años se cuentan a partir del momento en que la obligación se hizo exigible, se vulneran los artículos 53 y 93 de la Constitución por el desconocimiento del artículo 12 numeral 2 del Convenio 95 de la OIT. Aducen en defensa de su tesis que por lo general el trabajador se abstiene de demandar al empleador durante la vigencia de la relación laboral por miedo a perder el empleo, y que si bien es cierto teóricamente puede presentar la demanda, la realidad es otra porque al hacerlo pondría en juego el sustento suyo y de su familia, razón por la cual su inactividad no obedece a negligencia sino que constituye un auténtico estado de necesidad.  En cuanto al mencionado Convenio, señalan que éste establece en el artículo 12 numeral 2, que “Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos,…”.

En últimas la crítica que se le hace a la prescripción es que permite que las obligaciones del empleador se extingan no por pago, como debería ser, sino por prescripción.

Conozca nuestra Guía Laboral 2017

Contenido relacionado:
Compartirlo
Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.


Déjenos su opinión

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc., pero debe hacerlo con respeto, sin insultar y sin ofender a otros.

Información legal aplicable para Colombia.