Préstamos a trabajadores – El empleador no está legalmente obligado a otorgarlos

El empleador no tiene obligación legal de otorgar préstamos a sus trabajadores,  y si los otorga, estos no hacen parte de la relación laboral.

Una trabajadora formuló demanda ordinaria laboral contra el Fondo de Empleados de Tecnoquímicas, en procura de que éste fuera condenado a pagarle los salarios y demás prestaciones laborales legales y extralegales causados a la fecha de terminación de la relación laboral, la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria y las costas del proceso.

En su demanda expuso básicamente lo siguiente:

-Que laboró para el Fondo de Empleados de Tecnoquímicas, mediante contrato de trabajo a término indefinido.

-Que su último cargo fue el de auxiliar de cartera.

-Que fue despedida del cargo aduciendo la existencia de justa causa.

-Que conforme con lo establecido en el privado» suscrito el 18 de enero de 1993 por el presidente de la junta directiva y el gerente del fondo accionado, este «ha reconocido y pagado varias prestaciones extralegales» a sus trabajadores, las cuales adujo, forman parte del contrato de trabajo;

-Que entre dichas prerrogativas se encuentran las condiciones para acceder a préstamos de dinero en efectivo a una tasa del 0.5% mensual, de los que hizo uso en varias oportunidades;

-Que en la asamblea ordinaria de asociados al Fondo  celebrada el 13 de marzo de 2005, se acordó que el interés de los mencionados empréstitos se ajustaría al 2% mensual sobre el valor de la deuda a dicha fecha, determinación que califica de arbitraria y desconocedora de sus derechos adquiridos.

-Que la anterior decisión le fue informada el 13 de abril de 2005;

-Que en esa misma fecha, el gerente del Fondo le ordenó que procediera a cambiar la tasa de interés sobre el valor total de su crédito y de los de sus compañeros de labores;

-Que en respuesta a dicha instrucción le solicitó a la empleadora «tener en cuenta las condiciones laborales adquiridas y la comprensión de no atender su solicitud». 

-Que en vista de su negativa a cumplir la orden recibida  fue requerida nuevamente, a lo cual se negó otra vez.

-Que el 23 de mayo de 2005, fue citada a rendir descargos.

-Que a través de comunicado de 1 de junio de 2005, su empleador le notificó la decisión de terminar su contrato de trabajo a partir del 31 de mayo de ese mismo año;

-Que el 22 de junio del mismo año suscribió la liquidación definitiva de prestaciones, no obstante tales emolumentos fueron destinados a cancelar sus obligaciones crediticias pendientes, por lo que solicitó el pago de los mismos mediante escrito calendado 26 de julio de 2005, y que el empleador se excedió en su poder de subordinación.

El Fondo accionado contestó la demanda y en ella se opuso a las pretensiones formuladas en su contra y aceptó la existencia del contrato de trabajo, sus extremos cronológicos, el cargo desempeñado y el salario devengado por la demandante. También aceptó el hecho del despido, la suscripción de la liquidación definitiva de prestaciones, la destinación dada a los valores resultantes y la reclamación elevada por la demandante. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho, cobro de lo no debido y pago.

Expuso que jamás existió un pacto colectivo, pues el documento en que se incorporaron los beneficios extralegales para los trabajadores no reúne los requisitos legalmente previstos para ser considerados como tal; que los préstamos otorgados a la demandante se efectuaron en su calidad de afiliada al Fondo y no como trabajadora del mismo, y que la decisión de modificar la tasa de interés de estos, se adoptó en junio de 2000 por parte del comité de crédito que es el órgano competente para ello de acuerdo con el Reglamento Interno del Fondo. 

El Juez de primera instancia absolvió al Fondo de las peticiones formuladas por la demandante. 

Al resolver el recurso de apelación que interpuso la demandante la Sala Laboral del Tribunal confirmó la decisión impugnada.

Al resolver el recurso el Tribunal se ocupó de definir el contrato de trabajo y señaló que de la lectura del artículo 57 ibídem, no se advierte que el empleador tenga la obligación de otorgar préstamos a sus trabajadores, por lo que concluyó que las condiciones de los créditos concedidos por el Fondo demandado a la demandante, «no emanan directamente de la relación jurídica, sin que exista normativa laboral que aluda a ella».

De la revisión del contrato de trabajo observó que en él tampoco se incluyó el asunto relacionado con la concesión de empréstitos, por lo que adujo que la tasa de interés de estos, no «forma parte inherente de la relación laboral, pues no existe disposición contractual ni legal que así lo establezca», y que a la luz del artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo «esta clase de créditos no constituyen salario pues es evidente que no remuneran servicios y finalmente ni siquiera se pueden considerar como pagos que efectúe el empleador».

En cuanto al documento titulado «PACTO COLECTIVO», -en cuyo numeral 5 se consignó el otorgamiento de los aludidos créditos y sus intereses-, señaló que la demandante no demostró haberlo suscrito, ni tampoco su adhesión conforme lo prevé el artículo 481 del Código Sustantivo de Trabajo; que aquel no produce ningún efecto ni forma parte integrante del contrato de trabajo de la actora, en la medida que no cumple con la formalidad del artículo 469 ibídem, «pues (…) no fue depositado en el Ministerio de Trabajo en los 15 días siguientes a su suscripción», y que por tratarse de un acuerdo suscrito entre el presidente de la Junta Directiva y el gerente del Fondo, puede ser modificado en cualquier tiempo por parte del empleador, «siempre que este reconocimiento no se haya constituido en una distinta fuente formal de derecho».

Señaló que si bien pueden existir concesiones laborales del empleador que configuren derechos adquiridos del trabajador, a su juicio, el otorgamiento de créditos «no puede entenderse como una situación individual y subjetiva creada y definida bajo el imperio de una ley (que no existe en materia laboral) que genere un derecho a favor de la trabajadora a que no le sea modificada la tasa de interés de los créditos en curso, tal y como se dispuso en este caso».

Finalmente, expuso que la condiciones del contrato de trabajo de la demandante no fueron modificadas con el acuerdo de 28 de enero de 1993 y, por tanto, su renuencia «a cumplir con la orden impartida por el empleador carece de justificación», por cuanto no estaba «facultada para imponerle al empleador su personal interpretación en contravía con la obligación de obediencia y fidelidad conforme lo establece el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo», máxime cuando no se demostró que dicha instrucción entrañara un «peligro real para el trabajador o terceros, una ejecución imposible, ilegal o contraria al orden público, la moral o las buenas costumbres».

Inconforme con la decisión del Tribunal, la demandante interpuso el recurso de Casación contra la sentencia y en tal virtud el negocio subió a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien compartió la decisión del Tribunal  y se negó a casarla, dejándola así en firme.

(Ver sentencia SL1117-2017, Rad. No. 47926 del 25 de enero de 2017, M.P. Dra. Cara Cecilia Dueñas Quevedo)

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