Aplicación del principio de la Condición más beneficiosa vista a través de la pensión de sobrevivientes

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Es de asumir que entre las personas que visitan este portal son muy pocas las que no han escuchado hablar de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, del principio de la norma más favorable, del principio in dubio pro operario, etc.

Pues bien, con el fin de acercar a trabajadores y empleadores al concepto o noción del principio de la condición más beneficiosa, vamos a utilizar para ello la figura de la pensión de sobrevivientes. Consideramos que, en aras de ser muy sencillos, en lugar de dedicarnos a suministrar y explicar definiciones y teorías sobre dicho principio, resulta más ilustrativo y asequible  utilizar ese beneficio pensional para dicha aproximación. Veamos:

En vigencia del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes a los familiares del afiliado fallecido era indispensable que éste hubiera alcanzado a cotizar al menos ciento cincuenta semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del fallecimiento, o trescientas semanas en cualquier época.

Con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 se modificó dicho requisito, estableciéndose que para el otorgamiento de dicha pensión era indispensable que al momento del fallecimiento el afiliado estuviera cotizando al sistema y acumulara por lo menos veintiséis semanas cotizadas.

Dispuso igualmente la ley 100 de 1993 que si al momento del fallecimiento el afiliado no estaba cotizando, pero durante el último año anterior a su muerte había cotizado por lo menos veintiséis semanas, también había lugar a la pensión de sobrevivientes.

Más tarde se volvió a modificar el requisito en comento,  y esta vez fue la ley 797 de 2003 la encargada de señalar que para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes era obligatorio que el afiliado hubiere cotizado mínimo cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Esta es la norma que actualmente se encuentra vigente.

Ahora bien, como era de esperarse, (porque todos los días se muere gente),  estando ya en vigencia la ley 100 de 1993 fallecieron muchas personas que, si bien no habían alcanzado a cotizar las veintiséis semanas durante el último año de su vida, sí acreditaban haber cotizado ciento cincuenta semanas dentro de los últimos seis años anteriores al 1° de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la ley 100 de 1993, y otras que a esa misma fecha contaban con más de trescientas semanas cotizadas en toda su vida. O sea, que durante la vigencia de la ley 100 murieron muchas personas que no cumplían los requisitos de esa ley, pero que sí cumplían los requisitos que establecía el Acuerdo 049 de 1990 para dejar el derecho a la pensión de sobrevivientes. Dicho de otra manera: cuando entró en vigencia la ley 100 esas personas ya habían cumplido los requisitos que exigía el acuerdo 049 de 1990 para causar el derecho a la pensión de sobrevivientes.

El caso es que al recibir las solicitudes de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de parte de los familiares de esas personas, el ISS empezó a rechazarlas, aduciendo que no había lugar a tal reconocimiento dado que no se cumplía con el requisito previsto por la ley 100 de 1993, de acreditar 26 semanas sufragadas en el último año previo al fallecimiento del afiliado. O sea, que poco importaba el hecho de que a la luz de la legislación anterior se hubieran cotizado muchas más semanas de las que exigía la nueva ley.

La posición del ISS dio lugar a una serie de conflictos, pues a nadie distinto del mismo ISS le resultaba posible entender que mientras los que habían cotizado apenas 26 semanas dejaban el derecho a la pensión,  quienes habían cotizado  150,  300 o más semanas cotizadas no derivaran el mismo derecho para sus familiares.

La situación fue resuelta por la jurisprudencia de la Sala de Casaci{on Laboral Corte Suprema de Justicia quien consideró que en tales circunstancias procedía aplicar el principio de la condición más beneficiosa, y que en virtud de ello correspondía aplicarles a esos casos  el acuerdo 049 de 1990.

En concreto, la situación de esas personas era la siguiente: durante la vigencia de la ley antigua ellas reunieron el número de semanas cotizadas que exigía esa normativa para dar lugar a la pensión de sobrevivientes para sus familiares, pero no causaron el derecho porque no se murieron durante su vigencia. Y cuando se murieron ya regía otra ley, la cual exigía otros volúmenes  de semanas que ellas no alcanzaron a reunir. En esas condiciones no había lugar al otorgamiento de la pensión, pues la ley vieja ya no se podía aplicar porque no estaba vigente, y la ley nueva no les otorgaba  el derecho.

Pues bien, para resolver ese tipo de situaciones fue necesario elaborar el principio de la condición más beneficiosa.  Es preciso advertir que aquí no se trata de escoger entre dos normas vigentes la más favorable. Sino de privilegiar la condición más beneficiosa. Así pues, para dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa deben estar de por medio dos normas, una derogada y una nueva vigente; toda vez que si ambas normas están vigentes, se trataría de la aplicación de la ley más favorable o in dubio pro operario. 

Refiriéndose al tema, recientemente dijo la Corte Suprema: Como quiera que la Ley 100 de 1993 no estableció un régimen de transición para las pensiones de sobrevivientes, jurisprudencialmente se ha dado aplicación al principio de condición más beneficiosa, el cual implica darle efectos ultractivos a la normativa anterior, para así proteger las expectativas legítimas del asegurado que no alcanzó a consolidar el derecho de pensión.

Como puede verse la aplicación del principio de la condición más beneficiosa lleva a aplicar una norma que ya ha perdido su vigencia, a unas situaciones fácticas creadas al amparo de dicha norma.

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4 Opiniones
  1. RODRIGO CABRERA B. Dice:

    Primero que todo colega, para debatir el tema de una manera amplia, usted debe exponer públicamente el numero del radicado de su ejemplo, para poder leer y entender el proceso; ahora si el caso termino como usted lo describe, lo mínimo que debió hacer el apoderado es solicitarle a la Corte Constitucional mediante un oficio que revisara el caso. Esto con el fin de de llamar la atención del máximo tribunal.

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    • Alonso Riobó Rubio Dice:

      No estuvo ni está dentro de mis propósitos armar aquí un debate sobre el tema, mi intención sólo iba hasta mostrarle a usted y a los demás lectores las razones por las cuales soy tan escéptico en mi nota.

      Saludos,

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  2. hernando Dice:

    Lo que pasa mis queridos colegas que que hoy día los jueces y magistrados pretenden desconocer la autoridad reguladora y protectora que tiene la corte constitucional,y se empeñan en sustraer sentencias de la corte suprema de justicia, y para que la corte revise un caso en especifico, es dificil, a no ser de que se tenga una palanca, porque esa es la justicia que tenemos, pero se debe acudir a la corte penal internaciona alli si escuchan

    Responder
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