Procedencia de la Acción de tutela para obtener el pago de mesadas pensionales ya reconocidas

A una mujer de 93 años de edad le fue reconocida la pensión  de jubilación con efectos a partir del 1º de enero de 1998, por valor igual al salario mínimo legal mensual. La decisión fue tomada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, Atlántico,  mediante sentencia  del 11 de diciembre de 2007, en la cual condenó al Departamento del Atlántico al reconocimiento y pago de dicha prestación.

Por tratarse de una condena a cargo de un Departamento el asunto subió al Tribunal para el trámite de la consulta.

Al resolver  sobre el particular, el Tribunal Superior del Atlántico, mediante sentencia del 26 de marzo de 2010 modificó la sentencia del a quo y dispuso que el pago de la pensión le correspondía al municipio de Santo Tomás (Atlántico),  a partir del 1º de enero de 1998. Sin embargo, le ordenó al mencionado Departamento pagar a la demandante $ 1.822.656 por concepto de auxilio de cesantías y $218.718 por intereses sobre las mismas.

El 12 de agosto de 2014, actuando a través de apoderado, la anciana, formuló demanda de tutela contra el Departamento del Atlántico y el municipio de Santo Tomás, solicitando amparo para sus derechos fundamentales de petición, al mínimo vital,  a la seguridad social y a la protección de los derechos de las personas de la tercera edad, explicando que desde el 19 de enero de 2011 había solicitado a la partes accionadas el cumplimiento de las providencias judiciales que ordenaron el pago de la pensión de jubilación junto con las mesadas retroactivas, lo cual había lugar a que el 19 de enero de 2011 el Municipio de Santo Tomás expidiera la Resolución por la cual se le reconoció la pensión de jubilación con efectos a partir del 1º de enero de 1998, por valor de un salario mínimo legal mensual.

Indicó la accionante que a pesar de que el municipio demandado le reconoció la pensión y la  incluyó en la nómina de pensionados, aún no le habían sido cancelados las mesadas retroactivas reconocidas desde el 1º de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2010, por valor de $65.547.804, según se desprende de la liquidación realizada por el Municipio de Santo Tomás. Agrega el apoderado de la accionante que no obstante haber iniciado proceso ejecutivo laboral en contra de dicho municipio, su cliente no está en condiciones de esperar las resultas de un proceso de esta naturaleza, dada su situación de persona de la tercera edad y sin contar con recursos económicos suficientes para su subsistencia.

Mediante oficio del 12 de agosto de 2014, el Alcalde Municipal de Santo Tomás contestó la demanda, señalando que el asunto lo debía resolver la justicia ordinaria laborla la entidad accionada se pronunció sobre los hechos constitutivos de la acción de tutela, señalando que la tutela era improcedente por existir “otros medios jurídicos para hacer valer sus derechos otorgados por un juez constitucional” 

El Departamento, por su parte, manifestó que ya le había dado respuesta a la accionante mediante oficio en el cual se le había solicitado “el cumplimiento del requisito del Auto de ejecutoría de la Sentencia del 18 de abril de 2012, requisito indispensable para efectuar el pago respectivo (…)        

Conoció e la demanda de tutela el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, quien mediante providencia del 12 de agosto de 2014, declaró improcedente la acción de tutela presentada con base en la existencia de otros medios de defensa, dado que se estaba tramitando un proceso ejecutivo el cual resultaba idóneo para la solución de su situación.

La sentencia del juez de primera instancia fue impugnada a través de apoderado, mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2014, aduciendo la ineficacia del proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga para salvaguardar los derechos fundamentales de su cliente, pues pese a que su trámite lleva varios años, aún no se vislumbra la solución.     Y  puntualizó:

Así las cosas, la accionante, una señora de la tercera edad con 92 años de vida, una señora que ha superado toda expectativa de vida, no puede estar atenida para disfrutar el beneficio de lo producido por una pensión…”

La sentencia de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Superior de Barranquilla, fundamentándose tanto en la existencia de otros medios de defensa, como en la no causación de un perjuicio irremediable habida cuenta de que la accionante recibía una pensión por valor de un salario mínimo.

Dijo el Tribunal:  

“En el caso bajo estudio tiene la Sala que NO nos encontramos en presencia de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la acción constitucional como mecanismo transitorio, pues, si bien es cierto, la accionante es un sujeto de especial protección constitucional, al contar en la actualidad con 92 años de edad, (…), no menos cierto, es que no manifestó al interior de la acción de tutela encontrase en condiciones físicas, económicas, o mentales que ameritaran la procedencia excepcional de la misma, máxime, cuando evidenció la Sala que el derecho fundamental al mínimo vital de la accionante se encuentra garantizado, ya que , recibe desde el 1º de enero de 2011, una pensión de sobreviviente por parte del Municipio accionado…”

La sentencia del Tribunal fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, quien expresó:

“La tercera edad alude a una etapa específica del ciclo de vida de una persona, en la que por causas naturales se presenta una disminución de todas las estructuras físicas vitales que se desarrollaron en periodos anteriores, con lo cual se producen cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. La Carta Política en el artículo 46 dispuso de un ámbito de protección constitucional a las personas que se encuentran en esta fase de la vida:

“(…) Así las cosas, cuando lo que busca una persona es obtener el pago de unas mesadas pensionales ya reconocidas en razón a que es ésta su única fuente de ingresos, es procedente la acción de tutela y únicamente le corresponde probar sumariamente que su situación económica y de vulnerabilidad pone en riesgo derechos fundamentales como la salud y la vida en condiciones dignas, sin que le sea dable al juez de tutela imponerle mayores cargas probatorias.

Y en tal virtud la Corte le ordenó a la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación de la sentencia le pagara a la pensionada la totalidad de las prestaciones sociales adeudadas.

Sentencia T-333/15 (1º de junio) M. P. Dr. Alberto Rojas Ríos

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