Propuestas de la Comisión de Expertos VI: Impuesto de sociedades

Concurren hoy dos impuestos a las ganancias, el impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, este último con sobretasa incluida. Es decir, tenemos una tarifa del 25% para renta, y una tarifa de CREE del 9%, lo que nos daría una tarifa nominal del 34% más una sobretasa por estos cuatro años, que implicaría una tarifa máxima del 43% en el 2018.

Ahora bien, en esa medida, la propuesta de la Comisión de Expertos es eliminar tanto el impuesto de renta y complementarios, y crear el denominado “Impuesto a las Utilidades Empresariales”.

La descripción del hecho generador en el informe es la siguiente:

“Se propone crear un nuevo impuesto a las utilidades empresariales IUE, que grave las utilidades de las empresas provenientes de todas sus operaciones realizadas en el año. Este impuesto sustituye al impuesto de renta y complementarios, al CREE y su sobretasa, y todos los beneficios en ellos contenidos.”

Igualmente describe a los sujetos pasivos con un nivel de detalle, contemplado figuras como los establecimientos permanentes, y otras formas empresariales, comunidades, establecimientos de comercio aun cuando no se hayan constituido como personas jurídicas.

Quizá el factor de mayor cambio radique en la estimación de la base gravable. Actualmente tenemos reglas específicas de realización del ingreso costo y gastos que difieren de las bases contables.

Pues bien, la idea es que se parta inicialmente de las utilidades reflejadas en los estados financieros bajos NIIF. es decir, que la Comisión en consideración al proceso de convergencia y la aplicación de estándares internacionales ha considerado que aun así la bases iniciales de determinación del impuesto a las ganancias (impuesto a las utilidades empresariales) deben ser los nuevos marcos regulatorios contables.

Al respecto señala:

La base gravable partiría de la utilidad contable, antes de impuestos, y se harían solamente dos tipos de ajustes a esa cifra:

  1. Unos ajustes que buscan asegurar un tratamiento uniforme en áreas en las que las normas NIIF permiten discrecionalidad, como ocurre con la valoración de activos y con las provisiones. Estas correcciones buscarían evitar gravar utilidades no realizadas y que contribuyentes en igualdad de circunstancias calculen, para propósitos fiscales, ganancias de capital, costos de inventarios, cargos de depreciación y amortización y cargos por provisiones, entre otros, con métodos y criterios muy diferentes. Para estos últimos casos, la Comisión considera que se debe mantener el criterio de costo histórico. Es importante que en la reglamentación sobre depreciaciones, amortizaciones y costo de inventarios se evite la liberalidad excesiva que tradicionalmente ha existido en Colombia sobre estos temas
  2. Otros ajustes que limitan la utilización para fines fiscales de pagos que no tienen relación de causalidad con la generación de utilidades o que son de difícil control, así como figuras utilizadas con claros fines de elusión tributaria. Entre ellos, se cuentan límites y normas relacionadas con pagos al exterior, que deberán seguir criterios comúnmente utilizados en países de la OCDE (eg, con respecto a precios de transferencia y pago de intereses a vinculados económicos o a jurisdicciones de baja tributación), y pagos domésticos a entidades vinculadas o a no contribuyentes.

Se mantendría el sistema de renta presuntiva, pero a una tarifa del 4%, y eliminando algunas exclusiones de la base de renta presuntiva como los aportes en sociedades nacionales. Igual suerte correría la renta por comparación patrimonial la cual consideran debe ser actualizada.

Respecto a la tarifa oscilaría entre el 30% y el 35%. Finalmente se establecerían límites más estrictos a los descuentos tributarios.

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