Propuestas de la Comisión de Expertos XXV: Estampillas, regalías petroleras y otros aspectos territoriales

En relación con las estampillas señala la Comisión:

Se exhorta al Gobierno Nacional a analizar la vía jurídica apropiada para prohibir la creación de nuevas estampillas y contribuciones sobre contratos de obra pública, tanto por parte tanto del Congreso como de las Asambleas y Concejos.

En lo relativo a las regalías petroleras y mineras:

La Comisión recomienda al Gobierno y al Congreso estudiar la posibilidad de que, para nuevos proyectos petroleros y mineros en Colombia, o bien se adopte un sistema de regalías como el chileno o peruano, o bien se sustituya parte del régimen de regalías por un nuevo ‘impuesto a la renta del recurso (que permita descontar las regalías pagadas). Ese cambio redundaría en un incremento importante en los niveles de exploración minera y petrolera en Colombia y, al mismo tiempo, aumentaría el valor presente de los ingresos fiscales obtenidos de aquellos proyectos que resulten económicamente productivos. Al no afectar las explotaciones actuales, no se reducirían los ingresos actuales del régimen de regalías. El Gobierno y el Congreso determinarían cómo se distribuye el recaudo del nuevo impuesto entre regiones productoras, no productoras y el Gobierno Nacional.

Otras propuestas:

Revisar los impuestos que participan poco en el recaudo territorial y analizar la posibilidad de eliminarlos o remplazarlos por un impuesto único sencillo en un plazo no mayor a 2 años.

Avanzar en la elaboración de un código tributario y régimen procedimental y sancionatorio impositivo único para la tributación territorial.

La Comisión considera que la actualización legal futura del régimen tributario sub nacional requiere de la creación de una institucionalidad apropiada para este y otros fines de la descentralización en Colombia. En efecto, como se mencionó atrás, la falta de actualización de este régimen se debe en gran medida a que no constituye una prioridad para el Gobierno Nacional (frente a la actualización de los tributos nacionales), quien tiene hoy día la iniciativa exclusiva al respecto.

El ente autónomo propuesto debería tener idealmente rango constitucional, pero también puede ser de creación legal. Tendría como principales funciones: promover estudios sobre la tributación y otros aspectos de las finanzas territoriales y proponer proyectos de Ley, Actos Legislativos, Decretos Reglamentarios y Acuerdos de Asambleas y Concejos, para desarrollar sus recomendaciones; y promover la creación y mejoramiento de capacidades administrativas y técnicas y apoyo en materias tributarias, presupuestales y de prestación de servicios en los entes territoriales que lo requieran.

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