¿Puede la administración revocar directamente un proceso licitatorio?

El acto administrativo con el que las Entidades abren los procesos licitatorios es el acto de apertura, por medio de este el proceso queda en estado convocado;  normalmente se emite mediante resolución de apertura, la administración antes de publicar esta resolución, puede descartar el proceso siempre y cuando todavía se encuentre en el estado de borrador (proyecto de pliego de condiciones).

Si el proceso ya se encuentra aperturado, lo único que puede hacer la administración es revocarlo, si se configura alguna de las causales previstas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, el cual señala lo siguiente:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

  1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
  2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
  3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

La revocatoria directa de los actos administrativos; es un medio de control que tiene  la administración de corregir sus propios actos de forma directa o a petición de parte, en procura de no afectar el interés general por sus malas decisiones. Antes del cierre del proceso es menos probable que la revocatoria afecte a algún proponente.

De igual forma en el caso, que una vez cerrado el proceso y la administración haya evaluado las propuestas y todas estas cumplan con el pliego de condiciones, y de ninguna forma se pueda dar por declarado desierto el proceso, la Entidad lo único que puede hacer es revocar el acto que lo apertura, mediante otro acto que de forma motivada deje sin efecto la decisión anterior, y después de revocar el proceso automáticamente quedará en el estado de borrador para que se le hagan los cambios necesarios y  si aún persiste en desistir de ese proceso, lo que se requiere es que la entidad descarte el proceso.

Así mismo es altamente probable que el participante que se encuentre en el primer lugar de elegibilidad sufra perjuicios con la decisión de la entidad, como por ejemplo: En la inversión de estudios, el pago de salarios al personal dedicado durante semanas a examinar el proyecto, el gasto que incurrió en la elaboración y presentación de la propuesta y por último en la expectativa económica que tenía al ejecutar dicho contrato. Reparación que podrá alegar por medio de la reparación directa.

Por ultimo hay que señalar que, lo que no puede hacer la administración es revocar el acto de adjudicación porque este es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario.

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