¿Qué es publicidad engañosa y que herramienta posee el consumidor cuando dicha situación le causa perjuicios?

La publicidad engañosa es una circunstancia que con frecuencia se presenta, por esto la ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor) busca proteger al consumidor de dicha situación, estableciendo normas de responsabilidad que recaen sobre el productor o proveedor cuando incurra en dicha falta, ¿pero que es publicidad engañosa?

Como su nombre lo indica, se denomina publicidad engañosa el hecho de que a través de cualquier medio de comunicación, se anuncie cierta información al consumidor, sin que esta sea real o totalmente cierta, como por ejemplo ofertas sin que estas se cumplan, es decir, que la información debe reunir la característica de ser engañosa, se preste para confusiones o induzca al error.

El estatuto del consumidor prohibió la publicidad engañosa, pero ¿Qué sucede si el productor o proveedor incurren en esta conducta?

En este caso el anunciante deberá responder ante el consumidor por los daños y perjuicios que la publicidad engañosa haya causado; de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del estatuto del consumidor, el cual señala lo siguiente:

“Está prohibida la publicidad engañosa.

El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados”.

Ahora, a través ¿de que medio el consumidor puede exigir la responsabilidad del anunciante cuando la publicidad engañosa le haya causado daños y perjuicios?, es por medio de la acción de protección al consumidor, que este puede exigir de parte del anunciante que responda por los perjuicios que la publicidad engañosa le haya causado.

Esta acción tiene una ventaja muy especial y es que su conocimiento lo asume la Superintendencia Financiera, quien tendrá las mismas facultades de un juez para resolver el asunto; sin embargo como la cuestión es probatoria corresponde al consumidor demostrar que efectivamente la publicidad engañosa se efectuó por el anunciante y esta a su vez le causó daños y perjuicios.

El anunciante solo podrá exonerarse de su responsabilidad por los daños y perjuicios que la publicidad engañosa haya causado al consumidor, cuando demuestre que la publicidad fue sustituida o adulterada sin que dicha circunstancia hubiera podido ser evitada, o cuando demuestre fuerza mayor o caso fortuito.

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2 Opiniones
  1. JUAN RUA M. dice:

    No será más bien la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la que debe asumir el conocimiento de los casos de PUBLICIDAD ENGAÑOSA?

  2. JOSÉ MORENO dice:

    Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.

    Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

    1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:

    a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.

    b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.

    2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.

    3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:

    a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

    b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.

    NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-436 de 2013, siempre y cuando la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, garantice los procedimientos de imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales asignadas.

    c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales.

    4. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá, bajo el principio de gradualidad en la oferta, operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 2006 de conocimiento de los defensores y comisarios de familia. También podrá asesorar y ejercer la representación judicial de las personas que inicien procesos judiciales de declaración de pertenencia con miras al saneamiento de sus propiedades.

    NOTA: El párrafo subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-156 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

    5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:

    a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.

    b) La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.

    c) La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia exclusiva del Juez.

    d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.

    e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.

    Parágrafo 1°. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos.

    Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado.

    Parágrafo 2°. Las autoridades administrativas que a la fecha de promulgación de esta ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales en las materias precisas que aquí se les atribuyen, administrarán justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo anterior, estas autoridades informarán las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales.

    Parágrafo 3°. Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces.

    Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa.

    Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable.

    Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitarán en única instancia.

    Parágrafo 4°. Las partes podrán concurrir directamente a los procesos que se tramitan ante autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales sin necesidad de abogado, solamente en aquellos casos en que de haberse tramitado el asunto ante los jueces, tampoco hubiese sido necesaria la concurrencia a través de abogado.

    Parágrafo 5°. Las decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganización, de liquidación y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, serán de única instancia, y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento.

    Parágrafo 6°. Las competencias que enuncia este artículo no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza del asunto.

    6. Adicionado por el art. 91, Ley 1676 de 2013.

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