Vean lo que puede suceder cuando se termina el contrato de trabajo e inmediatamente se celebra otro de carácter civil o comercial

Existen casos en que después de varios años de estarse ejecutando un contrato de trabajo las partes deciden ponerle fin a la relación laboral e iniciar otra pero de carácter civil o comercial, lo cual es perfectamente normal y ajustado a derecho, pues no existe disposición alguna que lo impida.

Sin embargo, ese “cambio de tercio” muchas veces termina siendo fuente de conflictos, pues se da el caso de que al finalizar el  contrato civil o comercial el trabajador convertido en contratista alega que su paso de aquella situación a ésta fue mañosamente articulado  por el empleador con el fin de sustraerse de la obligación de pagarle prestaciones sociales.

El asunto se torna aún más complejo cuando el contratista continúa realizando las mismas labores que desempeñaba cuando era asalariado, y con mayor razón si se mantienen algunas de las condiciones que le servían de contexto a la relación laboral.

Veamos el siguiente caso extraído de la vida real que nos ilustra sobre el tema.

Oscar Saldarriaga formuló demanda ordinaria laboral  contra la sociedad  Inversiones Medellín S. A. con el propósito de obtener por esa vía el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones a las que creía tener derecho por haber laborado de manera ininterrumpida al servicio de la demandada durante un poco más de 12 años, así: 10 años, 7 meses y 23 días desempeñando el cargo de prevendedor o sea como trabajador asalariado,  y 1 año, 11 meses y 1 día como contratista (fletero).

Indicó en su demanda que a finales del primer período en mención la empleadora lo llamó para expresarle que como fletero obtendría unos mayores ingresos económicos pero que para ello tendría que presentar su renuncia como trabajador para pasar a desempeñarse bajo un contrato de distribución de carácter civil. Explicó el demandante que con esa estrategia la empresa se propuso disfrazar la verdadera naturaleza del vínculo que, pese a ello, era laboral.

Agregó que en desarrollo del ofrecimiento anotado la empresa le asignó la ruta de comercio con número interno (…)  que comprendía básicamente el sector de (…). Aclara que como fletero continuó desempeñando las mismas labores que tenía asignadas como vendedor, en la ruta controlada por la empresa, siguiendo bajo la subordinación de ésta, y que su remuneración pasó a la modalidad de comisiones por ventas.

Señaló igualmente que durante el tiempo en que laboró como fletero la empresa le exigía que se presentara todos los días a la sede de la misma, con el ayudante que le obligó a conseguir; acompañante que, dice, estaba sujeto a la aprobación de la empresa. Además sostuvo que era ésta la que daba las instrucciones sobre cómo y cada cuánto debía pintar el vehículo con el cual trabajaba, sufragando ella los gastos de pintura en un alto porcentaje.

Anotó igualmente que su tránsito de trabajador a contratista se produjo sin solución de continuidad, y que el último día  del último período  la compañía en forma injustificada le impidió  el acceso a sus instalaciones y se negó a entregarle mercancía o carga.

Finalmente refirió que devengó un salario mensual de $2.500.000.oo y que al momento de la terminación del contrato la empresa no le canceló cesantías, intereses, vacaciones, primas de servicios, descansos dominicales, y festivos, como tampoco las indemnizaciones por mora y despido.

La empresa admitió la existencia de la relación laboral durante el primer período indicado por el demandante, pero anotó que la misma terminó por mutuo acuerdo y se procedió a su liquidación definitiva, y que a continuación firmaron un contrato de distribución de naturaleza comercial, por el cual el demandante se obligaba a promover y vender los productos de la empresa en condiciones diferentes.

Dijo que era cierto que los ayudantes del fletero y sus eventuales conductores eran sus trabajadores y aclaró que los nombres y referencias de esos trabajadores debían ser conocidos por la compañía por razones de seguridad.

Destacó igualmente que el demandante debía responder por la atención de la ruta, pero que por las características de la misma era menester ejercer por parte de la empresa una labor de coordinación y control a cargo de funcionarios del Departamento de Ventas. Por otra, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, pago y prescripción.

El juez de primer grado absolvió a Inversiones Medellín de todas las pretensiones de la demanda, decisión que luego fue conformada en segunda instancia.

Por sentirse inconforme con las decisiones de los jueces de las instancias, el demandante interpuso el recurso de casación para ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Para fallar en la forma en que lo hizo, el Juez de segundo grado estableció que el actor estuvo vinculado inicialmente por un contrato de trabajo y que posteriormente celebró con la demandada un convenio que denominaron "Contrato de licencia de distribución", que en dicho contrato se convino que la empresa permitía al contratista el uso de vehículos automotores, inmuebles y otros de sus activos para la distribución de bebidas gaseosas y agua en condiciones  favorables para éste, que se facultaba a la compañía para prestar los servicios de apoyo logístico, como cargue, descargue y movilización de vehículos dentro de la planta. El Tribunal reseñó igualmente que las partes también acordaron en ese documento que el contratista tendría plena autonomía para contratar y utilizar el personal y equipos necesarios para la atención de la distribución y ventas de los productos.

En la sentencia objeto de acusación también se indicó que, de acuerdo con la prueba testimonial recaudada, los oficios ejecutados por el actor durante la vigencia del contrato de trabajo y en desarrollo del acuerdo comercial eran similares, pero que en el segundo caso el demandante adquirió una relativa independencia, puesto que se valía de un automotor de su propiedad y pagaba su ayudante para la distribución, y también que el accionante admitió que con el valor de los fletes cubría los gastos de operaciones de ventas, como eran combustible, llantas, aceite, reparaciones de vehículos, salarios y prestaciones del ayudante.

El Tribunal encontró, en síntesis, que en este caso no se presentó un contrato de trabajo a partir de la celebración del acuerdo comercial, después de poner fin a la relación laboral existente, pues dicho convenio tiene un claro sentido mercantil.

En su demanda de casación el demandante refutó los argumentos del Tribunal diciendo, entre otras cosas, que este se equivocó al inferir que el hecho de que el demandante cubriera algunos gastos de operación -como los referentes a combustibles, llantas y aceite para el vehículo- no indican que su actividad fuera subordinada, porque si tal razonamiento fuese válido en todas las controversias de simulación, entre otras las de agencia comercial, distribución y sociedad, la verdad jamás se impondría pues es claro que en todas ellas el trabajador sufraga los gastos propios de la actividad que se le encomienda, con lo percibido de su empleador a cualquier título.

Al abordar el estudio del caso advirtió la Corte que dada la complejidad del asunto esta clase de controversias deben ser resueltas atendiendo el postulado constitucional de primacía de la realidad, según el cual son necesariamente las circunstancias que se puedan extraer de la realidad las que determinan el convencimiento del juez respecto a la índole de los servicios prestados por una persona natural, en contraposición de los datos aparentes que puedan informar los documentos o contratos provenientes de las partes, máxime cuando estos ofrezcan duda de simulaciones o fraudes a la ley laboral que resulten perjudiciales al trabajador.

Pues bien, al realizar esa tarea la Corte no encontró evidencia alguna de que el trabajador hubiese estado subordinado a la empresa, pues de acuerdo con los términos del contrato y lo que refirieron las pruebas recaudadas, el demandante gozaba de la autonomía suficiente para descartar una relación laboral.

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3 Opiniones
  1. Lina dice:

    Desafortunadamente, se han conocido casos de algunos “profesionales” que abusando de la confianza de sus empleadores les han propuesto esta técnica y posteriormente los han demandado o amenazado con demanda, por lo general son personas que conocen la legislación y tienen influencia en las empresas en la parte contable….

    • Alonso Riobó Rubio dice:

      Así es, Lina. Gracias por su aporte.

      Una lección que deja el editorial es que en esos casos el empleador debe ser muy cauteloso al momento de elaborar el contrato comercial el cual, para mayor seguridad, debe ser redactado por un abogado preferiblemente laboralista. Un contrato verbal para esas situaciones o uno escrito de manera deficiente puede dar lugar a muchos problemas, generalmente bastante costosos.

      Saludos,

  2. carlos Gregorio Bacca Ocampo dice:

    Buenas Tardes
    tengo una pequeña inquietud, con respecto a ¿luego de renovar el proponente puedo realizar una actualización de datos financieros?, según decreto 1082 de 2015, solo se puede actualizar la información de experiencia y capacidad jurídica, mas no dice de la información financiera; pero si actualizo la experiencia (esta se da por contratación), entonce al actualizar la experiencia por ende debo actualizar la información financiera.
    por ustedatención
    muchas gracias
    carlos g. bacca ocampo

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