¿Quien dijo que la ley nos trata por igual a todos?

Según el artículo 13 de nuestra constitución, todos somos iguales ante la ley, gozamos del mismo trato y protección de las autoridades, además de otros derechos propios del principio de la igualdad ante la ley.

Pero parece que este artículo, como muchas leyes en Colombia, no es más que letra muerta, pues en la práctica no hay tal trato igual de la ley.

Para la muestra un botón

Código procesal del trabajo:

Art. 12.- competencia por razón de la cuantía. Los jueces laborales del circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo legal mensual más alto vigente y en primera instancia de todos los demás.

Donde no haya juez laboral del circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez del circuito en lo civil.

Lo anterior significa, que si la cuantía de lo discutido es menor a los topes señalados por las normas transcritas, no habrá segunda instancia, es decir, que lo que decida el juez que conoció por primera vez el caso, será definitivo.

En el caso laboral, si la reclamación no alcanza los diez salarios mínimos no habrá segunda instancia, y por lo general solo los trabajadores de bajos ingresos son los que tienen reclamaciones de este tipo.

El problema es que nuestra fácilmente corruptible justicia, por lo general decide a favor de los empresarios que tienen muy buenos contactos, ya sea por su oficio o porque han financiado campañas políticas, y es poco probable que un juez decida a favor de un empleado y en contra de una gran empresa, y como el empleado no tendrá oportunidad de impugnar la decisión del juez, pues hasta ahí llegan sus derechos.

En cambio, los empleados de más alto nivel, que devengan un mejor sueldo, por el monto de su reclamación en caso de ser elevada, si tendrán la oportunidad de llegar inclusive hasta la misma corte suprema de justicia para buscar el amparo a sus derechos, donde las influencias del empresario difícilmente pueden llegar, oportunidad que muy posiblemente nunca tendrá un trabajador que solo gana el salario mínimo, por ejemplo.

Otro caso es el establecido por el código contencioso administrativo [artículo 136], en el cual sucede lo mismo, y es algo que pueden sufrir los contribuyentes ante una abusiva liquidación oficial de impuestos por parte de la Dian.

Si por alguna razón se agota la vía gubernativa en el proceso de discusión de los impuestos, el contribuyente podrá solicitar ante el tribunal administrativo la nulidad y el restablecimiento del derecho frente a las actuaciones de la Dian, y tendrá la posibilidad de apelar la primera decisión, pero sólo si se supera determinado valor, de lo contrario no será posible que el contribuyente pueda intentar hacer valer sus derechos más allá de la primera instancia.

Y aquí volemos a lo mismo. Solo los contribuyentes de pocos ingresos se verán afectados por esta norma, puesto que aquellos que tienen suficientes recursos y por consiguiente la cuantía de los mismos es elevada, tendrán la oportunidad de llegar hasta el mismo consejo de estado, oportunidad que jamás tendrá un pequeño contribuyente.

Algunos opinas que estas desigualdades buscan descongestionar la justicia, pues los tribunales se verían invadidos con infinidad de procesos si se aceptara revisar un proceso por cualquier monto.

Tal vez desde el punto vista administrativo y operativo sea una decisión razonable, pero socialmente no es para nada justo. Es posible que para el estado una deuda de $5.000.000 no tenga importancia, pero para el beneficiario de la deuda sí, sobre todo si se trata de una persona de bajos recursos.

Para una persona de altos ingresos una suma de $100.000.000 tal vez no sea representativa, pero para una persona de bajos ingresos, $5.000.000 es un gran fortuna por cuanto es todo lo que tiene, sin embargo, para la ley es más importante garantizar la defensa los derechos de quien reclama $100.000.000 que de aquel que poco tiene.

La ley ha considerado que no se justifica hacer un desgaste administrativo y financiero para proteger los derechos de los afectados de pocos ingresos, pero sí los que implican mucho dinero, es decir de quienes más ostentan capacidad económica.

Claro que revisando el artículo 13 de la constitución, esta nunca quiso decir que no se discriminaría a una persona por cuestiones económicas, pues nunca se refirió a ese término:

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Como se puede observar claramente, la constitución jamás dijo que la ley no discriminaría a las personas en función de su capacidad económica, y por tanto lo puede hacer tranquilamente sin que corra el riesgo de ser inconstitucional.

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