Reconocimiento de la pensión de vejez o invalidez como justa causa para terminar el contrato de trabajo

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El reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez constituye una justa causa para que el empleador de por terminado el contrato de trabajo.

Así lo considera el parágrafo 3 del artículo 9 de la ley 797 de 2003 que modificó la ley 100 de 1.993.

Dice la norma referida:

«Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.

Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones.»

Esta norma ha sido condicionada por la Corte constitucional en el sentido que la justa causa se configura una vez el trabajador ha sido incluido en la nómina de la entidad que pagará la pensión.

¿Esta causal aplica para trabajadores privados y públicos?

Sí. La justa causa para la terminación del contrato de trabajo por reconocimiento de la pensión, aplica tanto para los trabajadores del sector privado como del sector público.

Así lo manifiesta claramente la sala laboral de la Corte suprema de justicia en la sentencia SL10770-2017 con radicación 51526 del 12 de julio de 2017 y con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo:

«Respecto a las características esenciales de esta causal, esta Corporación en sentencia SL2509-2017, identificó las siguientes:

(i) Se trata de una causal de terminación de los vínculos laborales de los trabajadores del sector privado y público. Por lo tanto, de esta causal puede hacer uso el Estado-empleador para finalizar la relación de trabajo de un servidor público, sea trabajador oficial o sea empleado público, y el empleador privado para finalizar el contrato laboral con su trabajador.»

Todo empleador puede invocar esta causal y seguir el mismo procedimiento señalado por la norma para hacer efectiva la terminación del contrato de trabajo por reconocimiento de la pensión.

¿Quién puede solicitar el reconocimiento de la pensión?

En principio es al trabajador quien debe gestionar o solicitar el reconocimiento de la pensión ante el fondo o entidad a la que esté afiliado, pero la norma arriba referida faculta al empleador para que gestione el reconocimiento de la pensión en nombre del trabajador.

Frente a este aspecto, la sala laboral de la Corte suprema de justicia en sentencia SL2509-2017 dijo citada en la sentencia arriba referida dijo:

«(iv) Es aceptable legalmente que el empleador solicite la pensión en nombre del trabajador, cuando quiera que este no lo haga dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de los requisitos para pensionarse. Para tales efectos, el empleador cuenta con iniciativa para solicitar y tramitar en nombre de su trabajador la pensión.»

Aunque quizás no sea la mejor forma, la ley permite al empleador gestionar el reconocimiento de  la pensión de  sus trabajadores.

¿El empleador debe pedir la opinión o consentimiento del trabajador para gestionar el reconocimiento de su pensión?

Como ya vimos, el empleador puede, a nombre del trabajador, gestionar el reconocimiento de la pensión, y en tal caso surge la duda de si el empleador debe contar con el consentimiento del trabajador para tal efecto.

En el pasado ese consentimiento era obligatorio, pero a partir de la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003, tal exigencia no es aplicable.

Así lo recordó la Corte suprema de justicia en la sentencia arriba referida:

«Como se dijo, esta ultima normativa entró en vigencia el 29 de enero de 2003, de manera que las pensiones reconocidas posteriormente y los despidos que se produzcan con base en este hecho, se gobiernan por lo dispuesto en tal ley y, en ese sentido, resulta injustificable que el Tribunal, al interpretarla, haya revivido un requisito derogado o insubsistente en el orden jurídico.

Ciertamente, el deber de pedir la opinión al trabajador sobre su deseo de permanecer en el cargo hasta por 5 años más, es un elemento inexistente en la regulación de la Ley 797 de 2003. Primero, porque en ningún pasaje de su texto se encuentra esta obligación y, segundo, porque no existe un contexto histórico que autorice tal inferencia. Antes bien, la expedición de la Ley 797 de 2003 estuvo precedida de la necesidad de dar cumplimiento al mandato constitucional de «propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar» (art. 53 C.N.), mediante el relevo de las personas de mayor edad y la correlativa oportunidad dirigida a la población joven o en curso de su vida profesional de obtener nuevas fuentes de empleos1. Esto en armonía con la obligación del Estado de intervenir en la economía para dar «pleno empleo a los recursos humanos» (art. 334 C.N.), por medio de la redistribución y renovación de un recurso escaso como lo son los empleos (CSJ SL2509-2017).»

Es claro que el empleador, sea público o privado, puede solicitar o gestionar el reconocimiento de la pensión del trabajador sin la autorización o conocimiento de este.

¿Se afectan los derechos del trabajador al ser retirado del trabajo sin su consentimiento?

Terminarle el contrato de trabajo a una persona que quiere seguir trabajando, y que tiene la posibilidad de cotizar por más tiempo para obtener una pensión más elevada, puede ser interpretada una acción negativa en contra del trabajador.

Es evidente que si el trabajador es retirado una vez cumple con los requisitos mínimos para pensionarse, se le está privando de la posibilidad de seguir cotizando para obtener una mesada pensional superior a la mínima, lo cual puede ser cuestionado.

No obstante, este argumento fue abordado por la Corte suprema de justicia en la sentencia en los siguientes términos:

«Por lo demás y para dar respuesta al opositor, quien defiende férreamente la obligación de pedir la opinión del trabajador en aras de garantizar su humanidad, su valor intrínseco y la utilidad que las personas mayores aún tienen en la sociedad, en oposición a «la improvisación y la estulticia de una juventud muchas veces impreparada (sic)», cumple anotar que tales reflexiones, relativas a la oportunidad o inoportunidad de determinada política laboral, que en este caso oscila entre darle la posibilidad a las personas con una pensión asegurada de seguir cotizando para incrementar su monto, o permitirle a la población que inicia en el mercado laboral o en edad productiva de acceder a nuevas fuentes de empleo, es una cuestión que le corresponde determinar al poder legislativo.

La Constitución Política no le impone al legislador un modelo laboral específico, por lo que este cuenta con un amplio margen de discrecionalidad que le permite, según las condiciones socioeconómicas nacionales, acoger una política social en detrimento de otra. De ahí que sea constitucionalmente admisible que, en un determinado lapso, se haya previsto en favor de los trabajadores el derecho a permanecer en el empleo a fin de incrementar el monto de su pensión y, en otro momento histórico, esta posibilidad les sea negada a fin de facilitar la renovación de personal y el derecho al trabajo de la población joven. Juzgar cuál de las dos alternativas es más conveniente o adecuada a las circunstancias sociales es un aspecto que escapa a la función jurisdiccional, y si bien en algunos casos podría iluminar un criterio interpretativo, no puede ser utilizado para imponer una particular visión del mundo.»

Al margen de lo que diga la ley y la jurisprudencia, valga decir que si un empleador se toma el trabajo de gestionar el reconocimiento de la pensión de uno de sus trabajadores apenas este cumple con los requisitos mínimos para pensionarse, lo hace porque quiere prescindir de sus servicios, lo que hace suponer la existencia de una mala relación entre empleador- trabajador, aspecto  que en ocasiones no consideramos o no valoramos, lo que a su vez nos recuerda que el trabajador debe ser un buen trabajador y el empleador debe ser un buen empleador.

Por último precisar que la sentencia referenciada en esta nota versa sobre una entidad privada, para que no quede duda que lo aquí expuesto aplica para trabajadores del sector privado.

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3 Opiniones
  1. ACIP Dice:

    Buenos días

    Tengo una duda espero me colaboren.

    Si a una persona que fue maestra durante varios años afiliada al magisterio fue pensionada por invalidez a los 40 años, recibe 70% salario que se ganaba, y a la fecha cumple la edad estipulada para la pensión de vejez, ella podrá hacer el cambio de pensión invalidez al de vejez?

    Y al poder realizar el cambio, el sueldo seria el mismo, o aumentaría?

    Gracias!

    Responder
  2. Jose Villa Dice:

    "El reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez constituye una justa causa para que el empleador de por terminado el contrato de trabajo.

    Así lo considera el parágrafo 3 del artículo 9 de la ley 797 de 2003 que modificó la ley 100 de 1.993."

    OK. CORRECTO.

    Sin embargo se me ocurre esta inquietud:
    Qué pasa si el trabajador SE PENSIONA (por vejez) y sigue trabajando para su empleador y pasan los años y años y continúa en su cargo, común y corriente, desde luego que ya no le practican los descuentos en nómina por pensión, es decir, el empleador está enterado de que su trabajador goza de recibir su pensión pero como ambos (trabajador y empleador) están amañados, el contrato de trabajo continúa tal cual.

    Entonces pregunto: Si en un futuro el empleador llegare a terminar el contrato de trabajo al trabajador aduciendo como justa causa el estar recibiendo su pensión de vejez, este trabajador podría alegar que la oportunidad DE LA JUSTA CAUSA para dar por terminado su contrato de trabajo de manera unilateral por el empleador YA PASO, Y EN ESTE CASO TOCARIA INDEMNIZARLO POR HABER DESAPARECIDO LA JUSTA CAUSA?

    Responder
  3. Ange v Dice:

    Si me sale la pension porinvalidez y mientras me llega el primer pago la empresa me sigue pagando tengo que devolver ese dinero a la empresa?

    Responder
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