Recordando: la depuración del artículo 26 del E.T. fundamento de la nulidad de los apartes del artículo 2 del decreto 4910 de 2011.

de Estado decidió la nulidad de varios apartes del artículo 2 del decreto reglamentario 4910 de 2011; ello,  en atención a la limitación del beneficio de progresividad exclusivamente a los ingresos operacionales, de los contribuyentes que se quisieran acoger a dicho tratamiento preferente.

Se hace necesario, también, traer a colación lo consagrado en el artículo 26 del E.T. en cuanto a que “la renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley”.

Ahora, para el debido entendimiento de la pretendida reflexión conviene acudir al siguiente paralelo comparativo entre los artículos 4 de la ley 1429 de 2010 y 2 del decreto 4910 de 2011:

LEY 1429 DE 2010 DECRETO 4910 DE 2011
Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación:

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal.

(…)”

Artículo 2°. Rentas respecto de las cuales procede el beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios. Las rentas objeto del beneficio a que se refiere el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010, son exclusivamente las rentas relativas a los ingresos operacionales u ordinarios que perciban los contribuyentes a que se refieren los literales a) y b) del artículo anterior, provenientes del desarrollo de la actividad mercantil, que se perciban a partir del año gravable en que se realice la inscripción en el Registro Mercantil en la correspondiente Cámara de Comercio.

Las rentas relativas a ingresos de origen distinto a los mencionados en el inciso anterior, no gozan del beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios a que se refiere este artículo. Para el efecto, en todos los casos deberán llevar contabilidad, y en ella, cuentas separadas en las que se identifiquen los costos y gastos asociados a los ingresos y rentas objeto del beneficio, como de los ingresos que tengan origen distinto al desarrollo de la actividad económica mercantil y de sus respectivos costos y gastos. Los costos y gastos comunes, se prorratearán.

En el caso de Pequeñas Empresas Preexistentes el beneficio de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios a que se refiere el artículo 4°  de la Ley 1429 de 2010 operará exclusivamente respecto de las rentas relativas a los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad mercantil que perciban a partir del año gravable en el que se cumplan los requisitos a que se refiere el literal b) del artículo anterior.

 

 

 

Conforme los referentes anteriores, es de denotar que mientras la ley dispone un beneficio de pago progresivo en el impuesto sobre la renta y complementarios (sin ninguna distinción de tipos o clases de ingresos), el reglamento contempla ese beneficio exclusivamente a los ingresos operaciones; así las cosas, sería claro que el decreto estaría limitando el alcance del beneficio otorgado por el legislador.

Al respecto, y como es bien sabido, el Consejo de Estado se pronunció (en la aludida sentencia 19306) clarificando que “como se advierte, el artículo 4º de la Ley 1429 de 2010 consagró el beneficio de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios, partiendo de la tarifa general del tributo, del 0% al 100%, dependiendo del año gravable objeto del beneficio. 

Se debe tener en cuenta que si la ley parte de la tarifa general del tributo, conforme con el artículo 178 del Estatuto Tributario, ésta se aplica sobre la renta líquida gravable, que está constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta. 

Así, si conforme con el artículo 26 ib, la renta líquida gravable incluye todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, al precisar el artículo 2º del Decreto 4910 de 2011 que las rentas respecto de las cuales procede el beneficio de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios son exclusivamente los relativos a ingresos operacionales u ordinarios de los contribuyentes beneficiarios, provenientes del desarrollo de la actividad mercantil, deja por fuera, sin justificación legal, los ingresos extraordinarios que forman parte de la renta líquida gravable para efectos del impuesto básico de renta”.

A esta instancia, y como propósito del escrito, se quiere resaltar como la Alta Corte – para su decidir – se sustenta en el “simple” concepto tributario de la depuración de la renta (contenida en el artículo 26 del E.T.); indicando que versando el beneficio sobre la tarifa del impuesto, ésta deberá aplicarse a la renta líquida gravable (de la cual forman parte tanto los ingresos ordinarios como extraordinarios).

En conclusión, si bien en este hoy es ampliamente conocida la decisión en cuanto a la nulidad de algunos apartes del artículo 2 del decreto 4910 de 2011; se quiere evidenciar como los conceptos básicos del impuesto sobre la renta, que cotidiana y desprevenidamente trabajamos en nuestro quehacer profesional, resultan ser elementos trascendentales para la solución de significativos conflictos normativos, como el anteriormente enunciado y debidamente analizado por el Consejo de Estado.

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