Reforma tributaria retrocede respecto de la unificación del régimen sancionatorio territorial

Por   18/10/2017

Cada municipio dentro de su poder tributario derivado, ha constituido múltiples disipaciones que no se acompasan con los contribuyentes toda vez, que generan particularidades que no son fáciles de superar y que en muchas ocasiones terminan por definirse en la jurisdicción contenciosa

Hace quince años en un esfuerzo por unificar al menos el tema procedimental,  la ley 788 de 2002 en su artículo 59 señaló:

Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.

Si bien con esta disposición no se superaron los problemas  en su totalidad, si representó al menos un parámetro frente al cual el contribuyente puede actuar ante las administraciones territoriales.

Ahora bien, la reforma tributaria retrocede en este tema, toda vez que en el artículo 352 de la ley 1819 de 2016 señala:

ARTÍCULO 352. RECAUDO Y FACTURACIÓN. El recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios. Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar como agentes recaudadores del impuesto, dentro de la factura de energía y transferirán el recurso al prestador correspondiente, autorizado por el Municipio o Distrito, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Durante este lapso de tiempo, se pronunciará la interventoría a cargo del Municipio o Distrito, o la entidad municipal o Distrital a fin del sector, sin perjuicio de la realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del servicio. El Municipio o Distrito reglamentará el régimen sancionatorio aplicable para la evasión de los contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna contraprestación a quien lo preste.” (Subrayado propio)

Es decir, que pueden existir en el impuesto de alumbrado público 1122 regímenes sancionatorios aplicables en Colombia. Confiamos en que tal como ha ocurrido en oportunidades anteriores, Bogotá sea quien lo determine y los demás municipios simplemente “copien” su normativa al respecto. No de otra manera puede entenderse como esta norma iría en contra de la unificación procedimental a nivel territorial.

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