Régimen simplificado impuesto nacional al consumo: algunas reflexiones

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Como bien se recordará, la ley 1607 de 2012 creó el impuesto nacional al consumo, y particularmente consagró el sometimiento de las actividades de restaurante y de bares, tabernas y discotecas a ese tributo nacional (artículo 512-1 E.T.).

Es de anotar, además, que en virtud de artículo 512-13 se dio origen al régimen simplificado de ese gravamen, y al cual podían acogerse tanto las personas naturales como las jurídicas, cuyos ingresos de la actividad fueren inferiores 4.000 UVTs, en el año inmediatamente anterior; no obstante, la posibilidad – inicialmente dada – a las personas jurídicas de estar en dicho régimen fue limitada por expresa disposición del artículo 51 de la ley 1739 de 2014.

Es de traer a colación, también, que si bien el legislador dispuso la creación de éste nuevo régimen simplificado, y señaló quienes podían acogerse a tal tratamiento, no precisó los elementos diferenciadores de ese régimen simplificado en relación con el régimen común del tributo; lo que habría de suponer, jurídicamente, la igualdad de ambos regímenes en cuanto a deberes, obligaciones y/o prohibiciones.

Así las cosas, y para precisar el alcance de tal régimen simplificado, el gobierno nacional mediante el decreto 803 de 2013 reglamentó el régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares, precisando fundamentalmente prohibiciones y obligaciones de quienes podían acogerse a ese tratamiento preferente.

Si bien, el mencionado reglamento se fundamenta – esencialmente – en parámetros propios del existente régimen simplificado del IVA, consagra dos nueva obligaciones para los responsables del régimen simplificado del INC, que se enuncian a continuación:

  • Obligación de expedir factura o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para los obligados a expedirla.
  • Obligación de presentar anualmente la declaración simplificada de ingresos para el régimen simplificado del impuesto nacional al consumo, por sus ingresos relacionados con la prestación del servicio de restaurantes y bares, en el formulario que para el efecto defina la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Seguidamente, se pretende el planteamiento de algunas reflexiones en torno a la citadas obligaciones; ello, por la complejidad de aplicación que se evidencia en la práctica, y a partir de pronunciamiento doctrinales de la Administración Tributaria.

Respecto de la primera exigencia, no sobra recordar que en principio la DIAN en su concepto 39132 de julio de 2014 concluyó que era “procedente imponer a los contribuyentes clasificados dentro del régimen simplificado del impuesto nacional al consumo la sanción de clausura del establecimiento, de que trata el artículo 657 del Estatuto Tributario, por no expedir factura ni documento equivalente o hacerlo sin el lleno de los requisitos legales

Pero ante una solicitud de reconsideración, de esa postura inicial, la Administración se pronuncia – nuevamente – manifestando que no procede la sanción de clausura del establecimiento, por no expedir factura ni documento equivalente o hacerlo sin el lleno de los requisitos legales, toda vez que ni la ley 1607 de 2012 ni el decreto reglamentario consagraron remisión expresa al artículo 657 del E.T. (Oficio 052658 de agosto de 2014).

En ese contexto, y ante la imposibilidad legal de imponer la aludida sanción, resultaría prudente la modificación del literal d) del artículo 6 del decreto 803 de 2013 (obligación de facturar); logrando con ello, además, su armonización con el régimen simplificado del IVA (en el cual no se exige la obligación de facturar), y permitiendo a las personas naturales, pertenecientes al régimen simplificado del INC, el fácil cumplimiento de los deberes formales inherentes a ese tributo.

En cuanto a la segunda obligación, no deja de ser preocupante que al no generarse impuesto a cargo, la sanción por extemporaneidad (de que tratan los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario) bien podría fundamentarse en los ingresos brutos percibidos por el responsable del régimen simplificado del INC; lo cual, por supuesto, termina con una significativa carga impositiva en contra de la persona natural acogida a ese “tratamiento preferente”.

No ha de olvidarse, en ese mismo sentido, que el cumplimiento de presentación de la declaración simplificada de ingresos (formulario 315) está dada para todas las personas naturales pertenecientes al régimen simplificado del INC, sin excepción alguna; es decir, no ha de consultarse condiciones de ingresos, patrimonio, consignaciones, etc., para concluir la obligación de presentar ese formulario 315, pues para el efecto sólo bastará con ostentar la calidad de responsable del régimen simplificado de ese tributo.

Tampoco ha de perderse de vista, que la presentación del aludido formulario impositivo, correspondiente al período gravable, ha de presentarse a inicios del año gravable inmediatamente siguiente, lo que supone una dificultad de sincronización de información con otras declaraciones tributarias, como la de renta.

Acorde a lo expuesto, se consideraría pertinente un modificación al literal e) del artículo 6 del decreto 803 de 2013, con miras a que la presentación del formulario 315 esté condicionada a un grupo especial de responsables (por ejemplo a los declarantes de renta), y a que la fecha de su presentación se armonizara con el impuesto sobre la renta y complementarios.

Finalmente, y a propósito del beneficio contenido el parágrafo 4 del artículo 56 de la ley 1739 de 2014, sería de preguntarse si quienes presentaron extemporáneamente sus formularios 315, hasta el 27 de febrero de 2015, podían hacerlo; ello por cuanto la DIAN en su oficio 3194 de febrero de 2015 – y en relación con la declaración de precios de transferencia – expresó que dicha declaración “es netamente informativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 260 - 9 del Estatuto Tributario, es decir, en dicha declaración no se está liquidando ninguna clase de impuesto ni tributo (siendo el pago de este un requisito sine qua non para que opere la norma), motivo por el cual no se podrá acoger a lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 56 de la Ley 1739 de 2014”.  (Es de recordar, el oficio 3194 fue aclarado por oficio 4237 de febrero de 2015).

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2 Opiniones
  1. hector Dice:

    buenas noches,
    tengo la soguiente consulta.
    si compro una comida en un restaurante y es para llevarla. el restaurante puede agregar a la factura el impuesto al consumo?

    quedo atento.

    geacias.

    Responder
    • Felipe Dice:

      Si, asi se sean llevadas, consumidas o domiciliadas a otro lugar.

      Responder
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