Trabajador protegido por estabilidad laboral reforzada que sea despedido sin autorización del inspector del trabajo puede pedir el reintegro vía tutela

Por   20/11/2017

Recordemos que es sujeto de estabilidad laboral reforzada el trabajador que se encuentra en situación de debilidad manifiesta.

El señor Víctor Hugo Martínez acudió a la acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo, los cuales considera vulnerados por la empresa de vigilancia  Fortox Security Group, al terminar su contrato laboral como vigilante, por vencimiento del plazo pactado, a pesar del deterioro de su salud.

Como fundamentos de sus pretensiones adujo los siguientes hechos y razones:

  • Que estuvo vinculado a la empresa como vigilante, durante el lapso comprendido entre el 11 de enero de 2009 y el 31 de mayo de 2016, por medio de diferentes contratos de trabajo a término fijo.
  • Que durante la vigencia de su relación laboral nunca le llamaron la atención.
  • Que al lugar en donde laboraba ingresaban tractores, tractomulas, camiones, montacargas y furgones, que producían ruido elevado y continuo;
  • Que a pesar del riesgo laboral al que estaba expuesto, la empresa nunca le suministró los elementos de protección auditiva.
  • Que al cabo de un tiempo, notó que no podía oír bien.
  • Que la empresa le informó que debía realizarse una valoración médica de aptitud psicofísica para el porte y manejo de armas de fuego.
  • Que el 20 de febrero de 2015 le realizaron los exámenes médicos, y al referir una deficiencia auditiva, el certificado de aptitud psicofísica que le expidieron lo definió como “no apto” para el porte y manejo de armas de fuego. 
  • Que a partir de esa evaluación la empresa comenzó a presionarlo para que renunciara a su empleo, y ante su negativa ésta  esperó al vencimiento de su último contrato laboral (31 de mayo de 2016), para no prorrogarlo.
  • Que al momento de su desvinculación se encontraba pendiente de unos exámenes de audiometría y valoración con otólogo, que permitirían un adecuado diagnóstico y tratamiento para mejorar su audición.
  • Que en ese momento estaba por iniciar los trámites para la calificación de la pérdida de capacidad laboral que le produjo la pérdida auditiva y el origen de la misma. Estos procesos fueron interrumpidos al quedar sin empleo y sin seguridad social.
  • Que Su familia se encuentra constituida por su esposa, cuatro hijos, entre ellos, una hija menor de edad con Síndrome de Down.
  • Que debido a la falta de ingresos económicos, no tiene cómo atender las obligaciones del hogar (arriendo, servicios públicos, alimentación) y la educación especial de su hija menor, las cuales pagaba con su salario.
  • Que cuenta con 818 semanas cotizadas en el Sistema de Seguridad Social, razón por la cual ostenta la condición de pre pensionado por faltarle menos de 5 años para que le reconozcan la pensión especial de vejez que le otorga el ordenamiento jurídico a los padres que tengan a su cargo hijos en condición de discapacidad.
  • Que el empleador no solicitó al Inspector de Trabajo la autorización exigida para terminar el contrato, razón por la cual dicha  terminación carece de todo efecto jurídico y por tanto la entidad demandada le deberá pagar la respectiva indemnización sancionatoria, establecida en la ley.

Adujo que de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, las personas que se encuentran en un proceso de calificación de invalidez, no pueden ser desvinculadas sin que medie autorización del Ministerio de Trabajo.

Solicitó que se le  ordenara a la empresa reintegrarlo a su empleo en un puesto de trabajo en el que pueda desarrollar funciones acordes con sus condiciones de salud, y que se dispusiera el pago retroactivo de todas las prestaciones sociales dejadas de percibir, junto con los aportes a Seguridad Social.

El Juez de primera instancia, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2016, decidió negar el amparo tras considerar que el asunto debía ser resuelto por la jurisdicción ordinaria.

Consideró el juez, que el estatus de persona con discapacidad como consecuencia de la hipoacusia no lo pone ipso facto en un estado de debilidad manifiesta para el desarrollo de las labores.

Sostuvo igualmente que la valoración médica practicada al accionante es una exigencia legal para renovar el salvoconducto de porte de armas, y en ella se señala que éste no es apto, situación que no admite concluir que el empleador negó la renovación del contrato laboral por este hecho.

Y finalmente concluyó que la terminación unilateral del contrato de trabajo celebrado  entre el accionante y la empresa, no obedeció a su condición de salud  sino a que se venció el plazo fijado en el contrato.

El señor Martínez impugnó la decisión, pero ésta fue confirmada por el superior mediante sentencia del 2 de noviembre de 2016, 

La Corte Constitucional seleccionó la sentencia de segunda instancia para su revisión. 

Según la Corte, «la jurisprudencia constitucional sostiene que en aquellos casos en los que el accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y sea desvinculado de su empleo sin autorización de la oficina del trabajo o del juez constitucional, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo de protección principal.

Es decir, cuando el titular del derecho encuentre protección relativa a la estabilidad laboral reforzada, este trámite se convierte en el mecanismo más adecuado de protección del derecho.» (Sentencia T-111 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa)

Y agregó que la Corte ha sostenido que

«(…) en los casos de personas protegidas por la estabilidad laboral reforzada no existe dentro de los procesos ordinarios un mecanismo preferente y sumario para que opere el restablecimiento de sus derechos como trabajadores. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional considera que la acción de tutela es procedente para ordenar el reintegro al trabajo (…) de los trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, despedidos sin autorización de la oficina del trabajo así mediare una indemnización.» ( Sentencia T-661 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis).

Consecuente con lo anterior, la Corte revocó  las sentencias proferidas por los jueces de primera y segunda instancia, y en su lugar ordenó a la empresa demandada:

a) reintegrar al accionante al cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior jerarquía, sin solución de continuidad,

b) pagarle los salarios y prestaciones sociales que legalmente le correspondan

c) efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social, desde cuando se produjo la terminación del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro y

d) pagar la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de salario.

Quien desee conocer más detalles puede consultar la sentencia T-317/17.

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Una opinión
  1. Alfonso Ovidio López Morales dice:

    Excelente la práctica de la libertad de compartir el conocimiento.

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