Requisitos para que prospere la acción pauliana

Para que la acción pauliana prospera  y se logre la revocación de los negocios o actos mediante los cuales el deudor si insolventó,  se deben cumplir algunos requisitos que expondremos de forma general.

El primer requisito es que exista un crédito a favor del demandante y a cargo del demandado. Ello resulta obvio. Pedro le prestó a Juan y Juan no pagó y se insolventó. Hay un crédito a favor de Pedro a cargo de Juan, que no lo pagó.

El segundo requisito es que el acto del cual se busca la revocación haya constituido fraude, haya perjudicado al acreedor (demandante),  o lo que es lo mismo, que haya causado la insolvencia del deudor. Un ejemplo es la finca que vendió Juan, única bien que podía embargar Pedro para recuperar su dinero. Pedro se vio perjudicado por la venta de  finca que hizo Juan, puesto que se hizo más difícil si no imposible, que Pedro recuperara su dinero, y por supuesto que esa ha sido loa intención de Juan.

El tercer requisito es que exista mala fe, o como lo ha definido el artículo 2491 del código civil, conociendo ambos (otorgante y adquirente) el mal estado de los negocios del primero.

Sobre los requisitos de la acción pauliana, la sala civil de la Corte suprema de justicia en sentencia del 24 de julio de 2002, expediente 5887 ha dicho:

«Débese destacar, subsecuentemente, que en virtud del designio moralizador y ético que caracteriza dicha acción, la misma está orientada a reprimir los actos de mala fe, verdaderamente realizados por los deudores, en perjuicio de sus acreedores, siempre y cuando éstos, sobre quienes recae la carga de la prueba, demuestren que se aúnan los requisitos repetidamente precisados por la jurisprudencia de la Corte, esto es: a) que el demandante sea titular de un crédito preexistente al acto cuestionado, a cargo del deudor demandado; b) que el negocio impugnado, que ha de ser real, cause perjuicio a sus acreedores (eventus damni), en cuanto haya determinado o agravado la insolvencia del deudor; c) que éste, por ser conocedor del mal estado de sus negocios, actúe con la intención de defraudarlos; pero si el acto se realizó a título oneroso, es menester que el tercero contratante tenga conocimiento del mal momento del deudor (consilium fraudis).»

Respecto al tercer y último requisito, es importante anotar que se presenta una diferencia cuando el acto o contrato cuestionado ha sido a título oneroso o gratuito.

Respecto a la diferencia de la mala fe cuando el contrato es oneroso o gratuito, la Corte suprema de justicia, en la misma sentencia arriba referida expuso:

«En efecto, por sabido se tiene que mediante la referida acción los acreedores pueden demandar la revocación de los negocios jurídicos realmente ajustados por su deudor, pero que han sido otorgados por éste fraudulentamente y en perjuicio de los derechos de aquellos; por supuesto que la ley distingue, además, los actos onerosos de los gratuitos, para exigir, en los primeros, que el tercero con quien contrató el deudor también sea de mala fe (consilium fraudis) y, respecto de los segundos, que exista solamente el animus nocendi del deudor, de manera que el tercero adquirente pueda ser de buena fe.»

En resumen se puede decir que tratándose de negocios onerosos, debe existir mala fe tanto del otorgante como del adquiriente, y tratándose de contratos gratuitos, basta la mala fe del otorgante, es decir, del demandado.

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