Sancionada ley 1755 del 30 de junio de 2015 que establece nuevas reglas para el ejercicio del derecho de petición – (Primera parte)

Mediante esta ley el Legislativo introdujo importantes modificaciones a los artículos 13 a 33 de la primera parte de la ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  La reforma opera sobre temas de particular interés como son el Derecho de Petición, el Derecho de petición ante las autoridades, -Reglas Generales, el Derecho de petición ante autoridades-Reglas especiales,  y el Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas. 

Estas son las reglas que regularán de ahora en adelante este derecho fundamental. 

-Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

- Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.

- En ejercicio de ese derecho se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, al igual que  solicitar  información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

- El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede ejercitarse directamente, o sea sin necesidad de obrar a través de abogado.

-Toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su presentación, so pena de sanción disciplinaria. No obstante, la resolución de las siguientes peticiones estará sometida a término especial:

  1. Las solicitudes de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si vence dicho plazo y no se le ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada, y, por consiguiente, las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes.
  2. Las peticiones mediante las cuales se formula una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, deberán resolverse dentro de los treinta 30 días siguientes a su recepción.

-Cuando por razones excepcionales no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez un plazo razonable en el que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

-Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

-Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten.

-Si el peticionario insiste en que se le reciba la petición, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el  funcionario la expedirá en forma sucinta.

-Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.

-A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la  comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario.

-En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos.

-Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas.

-Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto.

-El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la promulgación de la Ley 1755 de junio 30 de 2015.

-Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:

  1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
  2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
  3. El objeto de la petición.
  4. Las razones en las que fundamenta su petición.
  5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
  6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.

-La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.

-En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de sustentación inadecuada o incompleta.

-Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un mes.

-A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Razones de espacio me obligan a publicar este artículo en tres entregas, la segunda parte se incluirá en la columna de mañana, y en una tercera columna se hará un análisis sobre las implicaciones de la reforma.

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6 Opiniones
  1. Rafael Medina Pineda dice:

    Está claro que la ampliación de los términos que le dio la Ley 1755 a las Empresas de servicios públicos domiciliarios para responder los derechos de petición es ampliar y legalizar el espectro de la posición dominante que hace rato vienen ejerciendo. Esto ubica siempre al usuario en desventaja como si ya no fuera suficiente tanto abuso. Es necesario una revisión de todas las leyes y resoluciones que tienen que ver con los servicios públicos, dado que ni la Superintendencia de S. P. D. ni las Comisiones de Regulación nos defienden como debe ser. Estamos solos.

  2. MELQUISEDEC DELGADO dice:

    En materia de ser protegidos, de los abusos cometidos por las Empresas en cargadas de prestar el servicio público en colombia, son in contados los descuidos del estado, para proteger los derechos constitucionales que tenemos los colombianos por estar ligados a los corruptos politicos de turno, que manipulan la necesidad de utilizar los servicios en una forma obligatoria, y no con libertad de competencia por el serrucho, o mermelada como lo institucionalizó el gobierno a beneplácito, del congreso vendido por menos de treinta monedas, por prebendas políticas, y puestos para los próximos votantes, para asegurar su curul y seguir en la mermelada, y el pueblo sin legisladores, y en la desprotección total……… al extremo que van a acabar con la constitución, para poder joder al pueblo que los eligió, y no puedan protestar? que Dios los bendiga y que sigan votando por los corruptos ara que prueben la amargura de la traición de los que hoy están, en el poder

  3. carlos latorre dice:

    es tristte, pero por lo menos en la unidad de victimas, yo presentè un derecho de peticiòn hace mas de un año y hasta el dia de hoy no me responden, y cuando intento solicitar explicaciòn a esta omisiòn, me desconectan el chat, me envìan de dependencia a dependencia, no responden en las lìneas telefònicas. a mi parecer es un trato discriminatorio, e ilegal, pero tocarà quejarse al mono de la pila

  4. gustavo cruz dice:

    De parte del suscrito, felicitaciones por la ley, q es un apoyo mas que hace valer la garantia de nuestros derechos fundamentales que son vulnerados por determinadas instituciones publicas y privadas, esperando que se de cumplimiento a lo anotado en esa norma, esperando que no continué como dice el REFRÁN que el papel puede con todo reitero mis mas sinceras felicitaciones por nueva reglamentación a a la citada ley gracias

    • Cristian dice:

      Eso de las fotomultas se volvió un “desplumadero” más para el pobre contribuyente. Así por ejemplo, toda persona que visite a La Dorada (Caldas) se regresa con un comparendo, pues antes de llegar a esa población, en plena Troncal del Magadalena Medio, pusieron una cámara para control de velocidad. Resulta que la velocidad máxima permitida es 40 kilómetros y en algunos tramos 30 K. Esa es una medida tramposa, pues a quien se le puede ocurrir que en plena autopista (en zona rural) se tenga que andar a 30 y 40 kilómetros. Los hondanos que frecuentemente viajaban a La Dorada (distanicia: 30 K.) con el fin de hacer compras, no lo volveran a hacer, pues el paseito les sale por un ojo de la cara.

      Lo peor de todo es que las autoridades de La Dorada se opusieron con “patas y manos” a que se instalara un peaje entre Honda y La Dorada, con el argumento de que nadie volvería a esa ciudad. Lograron que el gobierno desistiera de tal empeño, pero ahora son las autoridades de esa población las que con dichas fotomultas están espantando a todo el mundo. Así las cosas, ir a La Dorada sale más caro que ir a San Andrés Islas.

  5. Darío Marín Giraldo dice:

    La Secretaría de Transito de Medellín, arbitrariamente me aplico 9 fotomultas seguidas por no tener al día la Revisión Tecnomecanica, les solicité por escrito la revisión de dichas multas, me respondieron que no me las derogaban, luego de la declaración del Alcalde de su nulidad como fueron aplicadas El día jueves 5 de agosto del año en curso pasados todos en los 3 días que indica la ley, recibí una seguidilla de 4 foto multas, con fechas de 28,29,30 y 31 de julio del 2.016, y 3 más el 8 de agosto del 2016 con fechas 1,2 y 4 para un total de 7 para una misma infracción con código C35: no realizar la revisión Técnico Mecánica de emisión de gases contaminantes en los plazos establecidos de mi vehículo con placas EKR655, que conducía mi esposa.
    Y en el mes de diciembre 7 comparendos por la misma causa C35 en el vehículo de mi esposa Isabel Cristina Velásquez de placas FHM139 y que por causas de su trabajo debí asumirlas como mías, pagarlas y hacer los respectivos cursos, en ninguno de estos casos como indica la ley, me llegó la foto multa acompañada del respectivo Comparendo Único Nacional
    De acuerdo a estas precisiones le reitero muy respetuosamente la obligatoriedad de suspenderme dichas infracciones y hacerme la devolución del dinero pagado por estas causas.
    La respuesta:de acuerdo con el inciso 2 del articulo15 de la ley1755 se establece:Respecto a las peticiones reiterativas ya resueltas, se podra remitir a las respuestas anteriores y se ratifica en la respuesta anterior.

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