Sancionando apoderado que promovió conciliación laboral ante inspector de trabajo sin advertir que la competente era la Procuraduría

El Consejo Superior de la Judicatura recuerda que la competencia para adelantar la Conciliación Contencioso Administrativa radica en la Procuraduría General de la Nación y no en el inspector de trabajo. 

Por equivocación, por desinformación,  o por lo que haya sido, un abogado obrando en representación de un grupo de trabajadores del municipio de  Coveñas, solicitó a la Inspectora de Trabajo de Tolú que se programara una audiencia de conciliación laboral con el fin de intentar solucionar por esa vía un conflicto económico que existía entre sus representados y la entidad empleadora.

La inspectora de Trabajo accedió a la petición del litigante y la audiencia se llevó a cabo con la asistencia de los trabajadores y el alcalde municipal de esa época, lográndose concretar entre las partes un arreglo formal en virtud del cual el municipio se obligaba a cancelar a los trabajadores unos conceptos laborales, obligación ésta que la entidad oficial cumplió oportunamente.

Al tener conocimiento de la celebración de dicho acuerdo conciliatorio, la Procuraduría Regional de Sucre adelantó la investigación correspondiente, al final de la cual sancionó al ex alcalde de Coveñas y a la Inspectora de Trabajo de Tolú, y ordenó compulsar copias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre,  para que se investigara la conducta del profesional del derecho, tomando en cuenta que fue éste quien solicitó la conciliación ante la funcionaría sancionada y posteriormente participó en ella junto con el alcalde municipal en su condición de represéntate legal de la entidad territorial.

La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre adelantó la primera instancia del proceso correspondiente, y en la sentencia dispuso sancionar al profesional del derecho con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por SEIS MESES, “por haber sido hallado autor a título de dolo de la falta consagrada en artículo 28 numerales 1 y 6, artículo 33 numeral 2° de la Ley 1123 de 2007, con el agravante del numeral 5° del literal del literal c del artículo 45 de la misma norma.”

Dijo la Sala: 

“5.1. - La prueba del proceso confrontada con la situación fáctica y el ordenamiento jurídico, determinan que el profesional del derecho Dr. (…) vulneró sus deberes profesionales al haber solicitado y tramitado ante funcionario que no tenía competencia, actuación que dio lugar a que se cancelaran acreencias laborales que no correspondían en detrimento del patrimonio público.

5.2. - A la anterior conclusión de llega luego de analizar el acontecer fáctico de la intervención del abogado investigado en diligencias administrativas para luego confrontarlas con las normas que rigen la conciliación contenciosa administrativa que determina que esta última se tiene y debe adelantar ante el Ministerio Público y no ante la autoridad administrativa del trabajo como sucedió en el caso que se investiga.

(…..)

5.7. - Las actuaciones del profesional del derecho no tendrían relevancia en la jurisdicción disciplinaria en la medida que desprevenidamente su intervención pareciera derivada del simple hecho de estar cumpliendo un mandato judicial.

Sin embargo al analizar el contenido de las normas que regulan la Conciliación Contencioso Administrativa se puede determinar sin ninguna dificultad que la competencia para adelantarla es privativa del Ministerio Público y por lo tanto al no haber sido observadas y acatadas por el abogado investigado vulneró el cumplimiento de sus deberes profesionales y por lo tanto está incurso en falta disciplinaria por haber adelantado una diligencia contraria a derecho porque sin justificación la presentó y la tramitó ante funcionario que carecía de competencia.

(…..)

No se derivaría ningún indicio de responsabilidad en contra del Profesional del Derecho si este no tuviera la condición de abogado en ejercicio, que lo obligaban a colaborar de manera leal y legal en el cumplimiento de los fines de Estado y la realización de la Justicia, deber que no fue puesto al servicio de los cometidos estatales, pues si ello hubiese sido así, por lo menos en el acta se hubiese dejado constancia del valor total de la conciliación y se hubiese exigido el aval o concepto del comité de conciliaciones del municipio o por lo menos el del asesor jurídico.

(…..)

5.5.- Los argumentos antes expuestos, le permiten a la Sala concluir que el Dr. (…) al haber presentado, promovido y actuado en diligencia de conciliación a sabiendas de que actuaba ante funcionario que no tenía competencia, participó y promovió actuación manifiestamente contraria a derecho.

Siendo el profesional del derecho un coadyuvante del servicio público de administración de justicia, su actuación no se puede excusar bajo el criterio de que, quien adelantó la actuación lo fue el Inspector y que por lo tanto el estaría eximido de responsabilidad disciplinaria, tal criterio se podría aplicar respecto de profesional diferente al abogado porque este tiene un deber superior frente a la administración de justicia, que consiste en acudir a las autoridades con la mesura y ponderación que correspondan a las competencias que la ley les ha otorgado, reitérese que el profesional del derecho investigado en ninguna de sus intervenciones manifestó ser desconocedor de la norma que determina que las conciliaciones del contencioso administrativo se tramitan ante el Ministerio Publico.” 

El apoderado del disciplinado interpuso oportunamente recurso de apelación, en el cual solicitó se revocara en su totalidad la sentencia sancionatoria de primera instancia y en su lugar se expidiera sentencia absolutoria y que como consecuencia de ello se ordenara el archivo del expediente.

Al desatarse el recurso de apelación interpuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada.

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