¿Se debe o no renovar el contrato de trabajo a una mujer en estado de embarazo?

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Hemos dicho aquí que el contrato de trabajo se debe renovar a una mujer embarazada, por aquello de la estabilidad laboral reforzada, no obstante, las altas cortes tienen opiniones contrarias sobre este tema,  por lo que al final, al no haber criterio unificado, existe la duda respecto a qué hacer en estos casos.

La corte constitucional ha dicho reiteradamente que se debe renovar el contrato de trabajo a la mujer en estado de embarazo, pero la Corte suprema de justicia dice que no se debe renovar, ¿entonces a quién hay que hacerle caso?

En el derecho laboral privado, esto es las relaciones laborales entre empresas privadas y los trabajadores, las diferencias laborales generalmente son dirimidas en última instancia por la Corte suprema de justicia (En algunos casos la corte constitucional cuando se recurre a la tutela), de modo que tratándose de la empresa privada, debería primar la opinión de la Corte  suprema de justicia, de modo que tranquilamente una empresa privada puede optar por no renovar el contrato de trabajo a una mujer embarazada puesto que su eventual juzgador futuro lo respaldará.

Pero hay un pero. Muchos jueces laborales en primera instancia deciden aplicar el criterio de la Corte constitucional  y no el de la Corte suprema de justicia, de modo que el empleador que  se niegue a renovar el contrato de trabajo a una mujer en estado de embarazo, se expone a cierto riesgo de ser condenado en primera instancia.

Si bien el empleador puede apelar la sentencia dictada por el juez de primera instancia, hay procesos que son de única instancia. Ahora, aún en los procesos que tienen segunda instancia, no hay garantías que en la segunda instancia el juzgador revoque la sentencia dictada en la primera, no por cuestiones de derechos o criterios jurisprudenciales, sino por meros aspectos formales, técnicos.

Como se observa, aunque la jurisprudencia de la corte suprema de justicia está a favor de quien decide no renovar el contrato a una mujer embarazada, siempre existirá para el empleador un riesgo de ser condenado en caso  que la empleada decida recurrir a la vía judicial, riesgo que cada empleador tendrá que evaluar y decidir si lo asume o no.

Nota. En el sector público con mayor facilidad está la posibilidad de la acción de tutela y allí por supuesto que prima la opinión de la Corte constitucional,  principalmente si la sentencia inicial llega a revisión a la corte.

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