Se endurecerían requisitos para obtención de tarjeta profesional de abogado

Con la medida se busca asegurar la idoneidad de quienes ejercen la profesión.

En el gremio de los abogados, al igual que ocurre en el de los médicos, los ingenieros, los arquitectos, etc., existen profesionales estudiosos, idóneos y decentes que honran la profesión, y también existen perezosos, mediocres y deshonestos que la avergüenzan.

En el caso particular de los abogados, las estadísticas disponibles sobre los profesionales del derecho sancionados por faltas contra la ética profesional (las cuales están en poder de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), muchas de ellas ocasionadas por deficiencias en su formación, ponen de manifiesto la necesidad de que “ el Estado, antes de habilitar a un graduado con el título de abogado para ejercer la profesión, verifique que el mismo tiene los conocimientos y las competencias mínimas para que cuando se dedique al ejercicio no comprometa ni afecte los derechos de terceros, sean estos sus clientes, las contrapartes o los actores del sistema judicial, luego ese mismo Estado tiene la responsabilidad de garantizar su idoneidad.”

Ahora bien, de acuerdo con información suministrada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, entre el 3 de septiembre de 1992 y el 31 de agosto de 2016 fueron sancionados 20.307 profesionales, de los cuales 17.829 ejercían su profesión como abogados y 2.478 como funcionarios públicos. En el mismo período fueron absueltos 5.514 profesionales, 3.567 abogados y 1.947 funcionarios.

“En el año 2015, fueron sancionados 1.134 abogados, de los cuales 44 fueron excluidos de la profesión, 773 suspendidos, 296 censurados, 1 amonestado y 20 multados. Funcionarios sancionados un total de 94.

“En lo que va corrido del presente año, 2016, han sido sancionados 756 abogados; 36 excluidos de la profesión, 522 suspendidos, 182 censurados y 16 multados. Funcionarios sancionados un total de 714.

Pues bien, con el fin de enfrentar y tratar de neutralizar  las causas que originan ese elevado volumen de sanciones, particularmente en lo que tiene relación con la falta de idoneidad, avanza en el Congreso un proyecto de ley con el cual se busca asegurar que quienes a partir de su expedición y sanción entren a ejercer la profesión de abogado tengan los conocimientos suficientes para representar adecuadamente los intereses de sus clientes.

Según se lee en la propuesta legislativa, “el objeto de ésta consiste en establecer como requisito para el otorgamiento de la tarjeta profesional para el ejercicio profesional de la abogacía, además de los que actualmente existen, la acreditación de la aprobación de la prueba de Estado, para cuyo efecto se toma por tal el examen de calidad de la educación que es realizado por el ICFES a los egresados de todos los programas de educación superior, y cuya presentación es hoy un requisito obligatorio para el otorgamiento del grado por parte de las instituciones de educación superior.

“Lo que se pretende con el proyecto de ley es conferirle un efecto individual a la presentación de una prueba que hoy es obligatoria, de manera que el establecimiento del requisito legal para la obtención de la tarjeta profesional como abogado no entrañe ningún costo adicional para el erario y su realización y diseño sean aprovechados por el mismo Estado para acreditar la idoneidad de los profesionales del derecho con un parámetro homogéneo para todos.

Y agrega:

“¿Por qué establecer que los abogados deban cumplir con la aprobación de una prueba de Estado, además del cumplimiento de los requisitos académicos que les permitan acceder al título, para poder obtener la habilitación oficial para el ejercicio de su profesión?

“Porque el derecho es una actividad que entraña riesgo social y en esa medida es obligación del Estado cerciorarse de que quienes pueden comprometer los derechos de terceros, cuentan con los conocimientos y las competencias mínimos para hacerlo con idoneidad. En efecto, el ejercicio de la profesión de abogado afecta de manera directa la consecución de los derechos de sus clientes y en esa medida es un deber ineludible del Estado garantizar al ciudadano que sus apoderados o gestores tengan los conocimientos mínimos para asumir responsable y éticamente la defensa de sus intereses, representando así la más alta expresión de la defensa de los derechos individuales de la persona humana y la garantía de respetar los que establece la Constitución, y contribuyendo con ello a la seguridad jurídica que debe reinar en un Estado de Derecho.”

En la ponencia se subraya igualmente que en otros países es común la exigencia de la aprobación de este tipo de pruebas para poder empezar a ejercer la profesión, y advierte que “en algunos casos ese examen es aplicado por el propio Estado y en otros es realizado por los propios abogados a través de las barras o colegios. No obstante, al no existir en Colombia la colegiatura obligatoria, es al Estado a quien corresponde garantizar esa idoneidad, pero en lugar de crear una nueva prueba para este efecto, se aprovecha la ya existente de medición de calidad de la educación superior y se le atribuye un efecto individual para la obtención de la tarjeta profesional de abogado, exigiendo como resultado habilitante para este efecto la obtención de una resultado no inferior al 60% del total del puntaje posible en el examen respectivo.”

La medida aplicaría únicamente para los abogados que empiecen a cursar sus estudios de derecho después de la promulgación de la ley.

Prevé igualmente el proyecto, que “si el graduado no aprueba el examen en la primera oportunidad, se podrá presentar en la siguiente convocatoria que señale el ICFES. Si no se aprueba el Examen de Estado en la segunda oportunidad, para poder presentarlo de nuevo en una tercera y última ocasión, el graduado deberá hacer un curso de actualización en un programa de derecho con registro calificado y reconocimiento de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, con una intensidad no inferior a 20 créditos académicos y una duración no menor de 6 meses, circunstancia que deberá acreditar en el momento de la inscripción.”

La medida luce conveniente, si se tiene en cuenta el bajo nivel académico que acusan algunos profesionales. Personalmente me he encontrado en los estrados con todo tipo de abogados, unos brillantes e inteligentes de los cuales incluso he aprendido, y otros que salen con unos disparates  que por momentos lo hacen pensar a uno que cambiaron el derecho y uno no se dio cuenta a qué horas.

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