¿Sería inexequible nueva reforma tributaria?

Fue aprobada este martes 7 de septiembre en la noche, por la plenaria de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, la totalidad de los artículos de la nueva Reforma Tributaria, que ahora pasa a conciliación, para luego ir a sanción Presidencial y convertirse en ley de la república.

Si algo llama la atención de esta nueva reforma, es su aprobación a pupitrazo limpio como lo advertí en mi artículo anterior, pues brillaron por su ausencia las deliberaciones y  debates públicos, que solamente se dieron en el Ministerio de Hacienda y no en el Congreso de la República. Se presentaron 3 ponencias con más de 300 páginas que fueron analizadas y aprobadas al día siguiente.

Se impusieron  las mayorías de las bancadas de los distintos partidos políticos que hacen parte de la coalición que apoya al gobierno del Presidente Duque y por mayoría abrumadora tanto en Cámara como en Senado se aprobó la Ley de Inversión Social que recaudará 15.2 billones de pesos.

Pero veamos cuáles podrían ser los fundamentos de inconstitucionalidad de la reforma tributaria. Según Jurisprudencia de la Corte Constitucional, Sentencia C-222/97 y otras de la Corte, el debate es indispensable para la aprobación de las leyes. “La votación no es cosa distinta de la conclusión del debate, sobre la base de la discusión –esencial a él- y sobre el supuesto de la suficiente ilustración”.

“Es inherente al debate a exposición de ideas, criterios y conceptos diversos y hasta contrarios y la confrontación seria y respetuosa entre ellos; el examen de las distintas posibilidades y la consideración colectiva, razonada y fundada”

Es apenas obvio que no se cumplieron estos presupuestos en la aprobación de la nueva reforma y muy seguramente lloverán demandas de inconstitucionalidad por esta y por otras razones diversas, como es costumbre hacerlo con todas las reformas tributarias. Pero siempre será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra. Amanecerá y veremos.

Toda reforma tributaria es la expresión de los distintos intereses económicos representados en el Congreso y el Gobierno, siempre ha sido así, de tal manera que continuarán beneficiadas las empresas mineras, el capital financiero, los monopolios y las grandes empresas, a quienes no se le tocaron sus exenciones otorgadas en el 2019 para la generación de empleo.

Al contrario los grandes perjudicados son la pequeña y mediana empresa, así lo advirtió ACOPI el gremio que representa a las Mipymes, aclarando que el Régimen Simple de Tributación no es equivalente a tener una tarifa diferencial, que ellos han venido solicitando especialmente para personas jurídicas, en razón a que se niega un principio constitucional orientador de los tributos que es el de Progresividad.

Son las Mipymes grandes generadoras de empleo y se estima que el 80% del empleo nacional son absorbidos por la pequeña y mediana empresa, que son quienes verdaderamente deben recibir los estímulos. Razones no le faltarán a la ACOPI para iniciar los trámites de las demandas de inconstitucionalidad.

En próximos artículos, una vez sancionada la ley, estaremos haciendo los análisis de todo el articulado.

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