Servicio de educación prestado mediante consorcios o uniones temporales no pierde la calidad de excluido

El estatuto tributario señala que los consorcios y uniones temporales pueden ser responsables del impuesto sobre las ventas cuando realicen actividades gravadas. Ahora bien, el servicio de educación prestado por establecimientos educativos reconocidos por el Gobierno Nacional está excluido de IVA de conformidad con el numeral 6 del artículo 476 ET.

El problema es que cuando este servicio se presta mediante este tipo de contratos de colaboración empresarial, ellos como sujetos o responsables independientes no están reconocidos, sino los integrantes. Con lo cual se ha creado una distorsión, al considerar que como el consorcio o la unión temporal no son autorizados por el gobierno nacional en consecuencia el servicio de educación prestado por ellos está gravado.

Pues bien, por fortuna el Consejo de Estado mediante sentencia 21138 de 2017, aclaró la situación en el siguiente sentido:

“De acuerdo con lo anterior, la concesión es una forma de colaboración entre la Administración y los particulares para el cumplimiento de los fines estatales, mediante la cual, el concesionario (particular) asume la prestación de un servicio público a cargo del concedente (Estado) bajo su vigilancia y control, sin que por ello se pierda la naturaleza del servicio pues, como lo precisó la Sala en su oportunidad, «es el Estado, quien de manera indirecta, está prestando y garantizando el servicio público de educación».

En esas condiciones, no es cierto, como lo afirma la DIAN, que el servicio de educación debe ser prestado directamente por el municipio para que opere el beneficio fiscal de la exclusión, pues tal condición no cuenta con sustento normativo alguno, por el contrario, por razones de eficiencia y necesidad del servicio público de educación, las entidades territoriales están facultadas para contratar su prestación con terceros, en las instituciones educativas de su propiedad, sin que por ello se entienda que el servicio o las entidades que lo prestan, están gravadas con el impuesto sobre las ventas.”

Concluye la sala, que el hecho de que el servicio sea prestado mediante estas figuras contractuales atípicas no es óbice para considerarlas como gravadas, sino que se mantiene como excluidas.

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